La mandataria debe resolver si 17 regidores pueden conocer un proceso disciplinario contra el alcalde.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, rechazó reunirse personalmente con el alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, y lo acusó este miércoles de intentar construir una narrativa para cuestionar de antemano la resolución que ella adopte sobre la recusación de 17 regidores municipales dentro de un proceso disciplinario contra el jerarca.
Durante la conferencia de prensa semanal de Casa Presidencial, Fernández sostuvo que Miranda publicó videos y concedió entrevistas en las que aseguró que el Gobierno no lo atiende y excluye a la Municipalidad de San José de mesas de trabajo. La mandataria calificó esos señalamientos como falsos y afirmó que el alcalde pretende presentar como una represalia cualquier decisión que resulte contraria a sus intereses:
Creo que el señor lo que está tratando de hacer es de sembrar una especie de narrativa para que, cuando yo resuelva lo que me toca responder sobre la posibilidad o no de que el Concejo Municipal avance con una sanción, él tenga una cadena de narrativa para decirle a la gente: “Ah, es que esta señora está fallando así o está fallando asá (sic.) para sacarse el clavo conmigo”.
Fernández agregó que evitó recibir directamente al alcalde porque su despacho tiene pendiente resolver la recusación que Miranda planteó contra la mayoría de los integrantes del Concejo Municipal de San José:
Yo no me voy a reunir con nadie a quien después tenga que firmarle si lo sancionan o no (...) porque puedo ser sometida a una presión indebida del alcalde".
La presidenta también cuestionó las apariciones públicas del jerarca municipal y afirmó: “A mí no me va a querer chantajear ningún alcalde con videos o entrevistas o cosas”.
La competencia que le asigna la ley a Fernández no consiste en firmar, aprobar ni rechazar una eventual sanción contra Miranda. El artículo 234 de la Ley General de la Administración Pública establece que, cuando una recusación impide que un órgano colegiado alcance el quórum y no existe un superior jerárquico, corresponde a la Presidencia de la República resolver si las personas cuestionadas deben apartarse. La Procuraduría General de la República aclaró que esta intervención constituye una medida excepcional y no faculta a la mandataria para estudiar el fondo del procedimiento ni pronunciarse sobre la responsabilidad del alcalde.
Si Fernández rechaza la recusación, el Concejo Municipal podrá retomar el procedimiento disciplinario. Si la acoge, el órgano deberá integrarse con suplentes o miembros ad hoc, designados mediante el mismo procedimiento previsto para los titulares, y estos solo podrán conocer el asunto específico para el cual los nombren. La presidenta no respondió durante la conferencia quiénes podrían integrar ese órgano sustituto.
El procedimiento contra Miranda surgió de un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), que señaló al alcalde por presuntamente utilizar a dos abogados de la Municipalidad de San José para atender una defensa personal dentro de otra investigación. Según el informe, los funcionarios participaron durante su jornada laboral en una audiencia virtual relacionada con un asunto en el que Miranda debía responder a título personal.
La PEP también presentó una denuncia penal por el presunto delito de peculado de servicios. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción solicitó posteriormente el sobreseimiento definitivo al concluir que los hechos no constituían un delito, pero esa petición no eliminó el procedimiento administrativo promovido ante el Concejo Municipal.
El informe, fechado en noviembre de 2024, permaneció durante unos 14 meses sin conocimiento del pleno municipal. La presidenta del Concejo, Mariana Zúñiga Pérez, atribuyó el atraso a un “error material” y afirmó que el correo electrónico se traspapeló. El Concejo abrió el procedimiento disciplinario en febrero de 2026 y nombró un órgano director para investigar los hechos.
Miranda recusó primero a los cuatro integrantes de ese órgano y después a 17 de los 22 regidores propietarios y suplentes. El alcalde alegó que varios ediles ya lo sancionaron en otro procedimiento, realizaron manifestaciones públicas en su contra o carecían de imparcialidad debido a su alineamiento político con los regidores propietarios. El Concejo rechazó esos argumentos, pero trasladó el expediente al Poder Ejecutivo ante la imposibilidad de alcanzar el cuórum necesario para resolver la recusación.
Las declaraciones de Fernández respondieron a críticas recientes de Miranda, quien acusó al Gobierno de provocar cancelaciones, bloqueos y supuestos actos de sabotaje contra proyectos municipales, entre ellos el Festival de la Luz. El alcalde también cuestionó que la presidenta participara en actividades con figuras del espectáculo mientras no aceptaba recibirlo para discutir la situación de unas 2300 personas que, según sus datos, viven en las calles de San José.
Fernández aseguró que el vicepresidente primero, Francisco Gamboa Soto, recibió a Miranda en representación suya y atendió sus planteamientos. Gamboa agregó que la estrategia presentada recientemente para atender a las personas en situación de calle surgió, en parte, de una propuesta planteada por el alcalde.
La mandataria también leyó fragmentos de un intercambio de mensajes del 22 de junio, cuando Miranda le pidió intervenir ante la cancelación de patrocinios del Banco Nacional y Kölbi para actividades municipales. Fernández dijo que respondió que las instituciones y empresas públicas autónomas deciden sus patrocinios mediante sus oficinas de comunicación y mercadeo, sin requerir el aval de la Presidencia.