La investigación documentó testimonios sobre el aprovechamiento de infraestructura y actividades económicas existentes.
Una investigación científica sobre el Área de Conservación Osa (ACOSA) encontró que el narcotráfico ha producido en el Pacífico Sur costarricense un patrón distinto al documentado en otros países centroamericanos: en vez de grandes extensiones de bosque transformadas para controlar territorio o desarrollar actividades productivas, aparecen impactos ambientales más localizados y relaciones con actividades económicas e infraestructura ya existentes.
El estudio, publicado el 10 de agosto en la revista científica Journal of Land Use Science, analizó los cambios de uso del suelo entre 1986 y 2019 dentro de ACOSA y en una franja de 20 kilómetros alrededor.
Los investigadores combinaron imágenes satelitales, modelos contrafactuales de cambio territorial, información sobre actividad del narcotráfico y 16 entrevistas con funcionarios públicos, personal vinculado con áreas protegidas y fuerzas policiales, así como personas relacionadas con actividades como pesca, turismo y producción de palma aceitera.
El objetivo era determinar si el aumento de la actividad del narcotráfico había producido en Osa transformaciones del paisaje semejantes a las observadas previamente en Guatemala y Honduras, donde investigaciones anteriores relacionaron el tránsito de cocaína con deforestación, ganadería y control de grandes extensiones de tierra.
Osa no mostró el patrón de “narcodeforestación”
Los resultados no mostraron en Osa el mismo patrón de expansión acelerada de actividades agropecuarias asociado con el narcotráfico que ha sido observado en otras partes de Centroamérica.
Al comparar zonas donde aumentó la actividad del narcotráfico con áreas similares utilizadas como control, los investigadores encontraron que durante los primeros tres años posteriores al incremento de esa actividad la tasa de cambio de la cobertura forestal fue 8,76% más lenta y la expansión de palma aceitera 29,45% más lenta.
Mediante un modelo contrafactual —que estima cómo habría evolucionado el territorio si no hubiera ocurrido ese aumento de actividad vinculada con el narcotráfico— el estudio calculó una diferencia equivalente a 178,5 hectáreas más de bosque y aproximadamente 2.013 hectáreas menos de expansión de palma aceitera respecto del escenario esperado.
Los resultados no significan que el narcotráfico produzca efectos positivos sobre la conservación.
Por el contrario, los autores plantean que las características económicas, institucionales y de infraestructura de Costa Rica pueden permitir a las redes criminales movilizar drogas y capital sin necesitar transformar grandes extensiones de bosque o crear nuevas fronteras agropecuarias.
La diferencia en cobertura forestal disminuyó con el tiempo, aunque permaneció estadísticamente significativa durante el período estudiado. En el caso de la palma, la diferencia fue especialmente marcada durante los primeros años y posteriormente dejó de ser estadísticamente distinguible.
De la “narcodeforestación” a la “narcodegradación”
Para describir otras consecuencias ambientales menos visibles mediante imágenes satelitales, los investigadores utilizan el concepto de “narcodegradación”.
El término comprende alteraciones más pequeñas y espacialmente concentradas asociadas con las dinámicas que rodean el tráfico de drogas.
Las entrevistas analizadas por el estudio describieron apertura de senderos dentro de áreas protegidas, tala selectiva, cacería, pesca ilegal, acumulación de residuos y afectaciones en manglares, humedales y sistemas fluviales.
El concepto no es nuevo. Parte del mismo grupo de investigadores había documentado desde 2021 diferentes formas de narcodegradación en áreas protegidas de Costa Rica, Guatemala y Honduras, señalando que las características particulares de cada punto utilizado por las rutas de cocaína producen impactos ambientales distintos.
En el caso costarricense, varios testimonios señalaron al Humedal Nacional Térraba-Sierpe, Golfo Dulce, Golfito y otros sectores de la Península de Osa como espacios utilizados dentro de rutas marítimas y terrestres.
La presencia del narcotráfico en el humedal también ha generado respuestas institucionales. En febrero de 2024, Delfino.CR informó sobre la apertura de un Centro de Operaciones Conjuntas en Térraba-Sierpe, precisamente ante el aumento de delitos ambientales y actividades relacionadas con el narcotráfico en los canales del área protegida.
Los entrevistados por los investigadores describieron además el uso de sitios apartados del humedal para almacenar temporalmente cargamentos o combustible destinado a embarcaciones que recorren largas distancias por el Pacífico.
En el Parque Nacional Corcovado, algunos funcionarios consultados relataron casos en los que paquetes arrojados al mar durante operaciones de narcotráfico terminan en playas de la zona y posteriormente personas ingresan al bosque para recuperarlos.
Redes ilícitas aprovechan actividades e infraestructura existentes
Otro de los planteamientos del estudio es que el narcotráfico puede insertarse en la economía costarricense sin necesidad de construir una economía territorial paralela.
De acuerdo con las entrevistas, redes vinculadas con el trasiego de cocaína pueden apoyarse en servicios marítimos, transporte terrestre, actividades agroindustriales y cadenas logísticas de exportación que ya existen legalmente.
Los testimonios describieron mecanismos que pueden abarcar desde el suministro de combustible para embarcaciones hasta el traslado terrestre de droga y su eventual incorporación en contenedores utilizados en el comercio internacional.
El estudio no identifica a empresas específicas como participantes del narcotráfico ni establece que sectores productivos completos se encuentren involucrados. Sus conclusiones se refieren a mecanismos y testimonios sobre la forma en que las redes ilícitas pueden aprovechar actividades e infraestructura legales.
En el caso de la palma aceitera, los autores plantean como hipótesis que algunas operaciones o propiedades podrían cumplir funciones logísticas o relacionadas con el movimiento de capital, en lugar de responder exclusivamente a una expansión productiva convencional.
Esa interpretación podría ayudar a explicar por qué las zonas con mayor actividad de narcotráfico mostraron inicialmente una expansión más lenta de la palma, pero los investigadores no presentan ese resultado como prueba de que determinada empresa, finca o actividad productiva participe del crimen organizado.
Impactos que no necesariamente se ven desde el espacio
Los investigadores concluyen que en Costa Rica los efectos indirectos del narcotráfico pueden ser más relevantes que los grandes cambios visibles en la cobertura del suelo.
Entre los fenómenos que consideran relevantes se encuentran la degradación localizada de ecosistemas, el ingreso de capital ilícito, la distorsión de algunas actividades económicas y los efectos del crimen organizado sobre comunidades e instituciones.
El estudio contrasta esa dinámica con Guatemala y Honduras, donde investigaciones anteriores detectaron transformaciones mucho más extensas del paisaje asociadas con ganadería, especulación de tierras y otras actividades utilizadas para controlar territorio o movilizar capital procedente del tráfico de drogas.
Los propios autores advierten que sus resultados deben interpretarse con cautela. El análisis comprende una región geográfica relativamente pequeña, existen dificultades para clasificar determinados usos del suelo y parte de la interpretación depende de entrevistas sobre actividades clandestinas y crimen organizado.
Ese tipo de testimonios puede contener percepciones, sesgos o información imposible de verificar independientemente. Los investigadores señalan, sin embargo, que varias dinámicas fueron descritas de manera coincidente por diferentes entrevistados y son consistentes con hallazgos de trabajos anteriores sobre el narcotráfico en Centroamérica.