Iniciativa liderada por Abril Gordienko sube los requisitos a 50 años de edad y 15 de experiencia profesional, y establece un límite máximo de tres periodos de ocho años.
Un grupo de diez congresistas de oposición, liderados por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko López, presentó a la corriente legislativa un proyecto de reforma constitucional (expediente 25.718) que pretende aumentar los requisitos para ocupar una magistratura de la Corte Suprema de Justicia.
La iniciativa propone reformar el artículo 159 de la Constitución Política para aumentar de 35 a 50 años la edad mínima requerida para asumir una magistratura. Además, elevaría a 15 años el requisito mínimo de experiencia profesional, sin distinguir entre el ejercicio como profesional en Derecho litigante o en la judicatura.
La iniciativa también modifica el artículo 158 de la Constitución para establecer que las personas magistradas podrán ser reelegidas hasta por dos periodos adicionales de ocho años, para un máximo de 24 años en el cargo. Mantendría la posibilidad de que la Asamblea Legislativa se oponga a una reelección mediante una mayoría calificada de 38 votos.
Además, incorpora un nuevo requisito al artículo 159:
Ser de conocida probidad, de conformidad con lo establecido en la ley. Asimismo, la ley regulará procedimientos públicos, transparentes y objetivos para garantizar la paridad de género y valorar la idoneidad, excelencia profesional, producción académica, igualdad y no discriminación de las personas candidatas.”
La reforma al artículo 158 también establece que, durante los dos años posteriores al cese de sus funciones, quienes hayan ejercido una magistratura no podrán aceptar cargos políticos de elección popular, ministeriales o de confianza política, ni litigar ante la Sala en la que ejercieron su magistratura.
El proyecto incluye un transitorio para excluir del nuevo límite de reelecciones a quienes integren actualmente la Corte Suprema de Justicia. Para esas magistraturas se mantendrían las reglas vigentes antes de la eventual entrada en vigor de la reforma.
La exposición de motivos justifica el aumento de los requisitos de la siguiente manera:
Elevar el requisito de edad mínima a cincuenta años, exigir quince años de experiencia profesional y añadir posteriormente por vía legal criterios de excelencia, experiencia y prestigio, asegura que las magistraturas sean verdaderas guardianas de la justicia y la institucionalidad".
Tras presentar el proyecto, Gordienko señaló:
Considero que, para que tengamos magistraturas experimentadas e independientes, debemos elevar la edad mínima para, acceder a esa posición, ponerla en 50 años. Actualmente, de 35. También creo que se debe elevar la cantidad de años de experiencia que deben tener quienes quieren ser magistrados o magistradas, y que debemos también regular mediante ley una serie de requisitos como probidad, una trayectoria destacada, publicaciones que se hayan realizado, en fin, una serie de requisitos que realmente demuestren que tenemos a la persona idónea para ocupar esos cargos".
La iniciativa fue presentada con la firmas de respaldo de:
- Janice Sandi Morales, del Partido Liberación Nacional (PLN).
- José María Villalta Flórez-Estrada, del Frente Amplio (FA).
- Joselyn Sáenz Núñez (FA).
- Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
- Edgardo Araya Sibaja (FA).
- Antonio Trejos Mazariegos (FA).
- Vianey Mora Vega (FA).
- María Eugenia Román Mora (FA).
- Sigrid Segura Artavia (FA).
El expediente ingresó a la corriente legislativa este 18 de agosto y ahora debe superar el proceso de admisibilidad en el plenario legislativo.
Trámite de una reforma constitucional
Las reformas constitucionales deben seguir un procedimiento especial. La propuesta debe presentarse con la firma de al menos diez diputaciones y durante un periodo de sesiones ordinarias. Posteriormente, debe leerse tres veces, con intervalos de seis días, antes de que el plenario decida si la admite a discusión.
Si el plenario la admite, la Asamblea debe nombrar por mayoría absoluta una comisión especial para analizarla, la cual tendrá hasta 20 días hábiles para rendir su dictamen. Una vez presentado el dictamen, el proyecto debe ser discutido y aprobado, con mayoría absoluta, en primer debate de primera legislatura.
Después de su aprobación en primer debate de la primera legislatura, el proyecto debe enviarse a consulta ante la Sala Constitucional, para que pueda ser discutido y aprobado, con mayoría calificada de 38 votos, en segundo debate de primera legislatura. Posteriormente, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo, que debe devolverlo a la Asamblea junto con el mensaje presidencial al inicio de la siguiente legislatura ordinaria.
En la siguiente legislatura, la Asamblea debe discutir la reforma en tres debates de segunda legislatura, con por lo menos 38 votos.