Las democracias no se resquebrajan únicamente cuando se cierran parlamentos o se censuran imprentas; se deterioran, de forma más sutil y peligrosa, cuando el aparato estatal formaliza la descalificación de sus ciudadanos en función de sus ideas.
En Costa Rica, el debate sobre el tono agresivo del Poder Ejecutivo ha dejado de ser una simple discusión sobre las formas o la cortesía política. Tras una respuesta oficial emitida por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel A. Aguilar Vargas, en un oficio sin número, con fecha del 27 de agosto pasado, nos encontramos ante un hecho de gravedad institucional inédita: la oficialización del prejuicio y la discriminación ideológica de puño y letra del poder.
El jerarca, lejos de rectificar o aportar razones técnicas sobre su polémica afirmación ante la Presidencia de que «ya los tenemos identificados» a quienes critican su gestión, optó por validar el señalamiento selectivo en un oficio formal.
En el documento, el ministro detalla que sus calificativos de "zurdos" e "identificados" se dirigían de forma directa a los ciudadanos que participaron en el plantón del pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia, a figuras de un partido político legalmente inscrito —el Partido Liberación Nacional—, a exoficiales de gobierno, a sectores académicos y a organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Esta admisión por escrito es una confesión de desviación de poder que enciende todas las alarmas del bloque de constitucionalidad. El artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), del cual Costa Rica es firmante y custodio histórico, prohíbe de forma absoluta cualquier tipo de discriminación por motivos de opiniones políticas o de cualquier otra índole.
Que un ministerio encargado de velar por el ordenamiento jurídico utilice la plataforma estatal y su papelería oficial para etiquetar peyorativamente a la disidencia y asociarla con adjetivos orientados a generar el desprecio social constituye un acto de persecución discursiva inaceptable en una república.
El informe va más allá e incurre en la peligrosa construcción de una "ciudadanía dual". Por un lado, el ministro valida y legitima el respaldo al Plan Cero Ocio asociándolo con "los ciudadanos reales" de las comunidades y las redes sociales. Por otro, descalifica a la academia y a las agrupaciones de derechos humanos bajo las etiquetas de "abolicionistas" o "garantistas", acusándolos formalmente de intentar «confundir a la ciudadanía» y «obstaculizar el avance de iniciativas».
Esta asimetría discursiva es el núcleo del populismo de exclusión: despojar de legitimidad cívica a todo aquel que ejerza la crítica técnica, convirtiendo el derecho a disentir en un acto bajo sospecha o registro oficial.
Los altos funcionarios públicos tienen un deber constitucional de especial prudencia al expresarse, pues sus palabras conllevan el peso del monopolio de la fuerza del Estado. Utilizar métricas de aprobación digital o comentarios de redes sociales para justificar el perfilado político de profesores y defensores civiles es una afrenta directa a la libertad de cátedra y al pluralismo democrático. Ningún Gobierno tiene la potestad de declararse dueño exclusivo de la voluntad popular ni de condicionar el respeto a los habitantes según su grado de sumisión a las políticas de "mano dura".
Nuestro país ha cimentado su paz social sobre la premisa de que las diferencias se resuelven mediante el argumento, el derecho y el respeto absoluto a la diversidad de pensamiento. Permitir que la clasificación ideológica se normalice como un criterio de gestión gubernamental es abrir la puerta a un autoritarismo que destruye el tejido social desde sus bases.
Es hora de que las fuerzas vivas, los tribunales y la ciudadanía despierten ante esta opacidad discursiva. Exijamos con firmeza republicana el cese de las etiquetas estatales y recordemos a los administradores transitorios de Casa Presidencial que el respeto a la dignidad humana no se negocia ni se raciona según el color de la bandera política.