Costa Rica ha sido durante décadas un caso excepcional en América Latina. Una democracia estable, con instituciones sólidas y una ciudadanía que, en general, confiaba en las reglas del juego. Esa reputación está hoy bajo presión.
Desde que Rodrigo Chaves llegó a la Presidencia en 2022, y ahora como ministro de la Presidencia y de Hacienda bajo Laura Fernández, se ha consolidado un estilo de gobierno basado en la confrontación y la disrupción. Primero con la Asamblea Legislativa, luego con instituciones del Estado de bienestar y, más recientemente, con el Poder Judicial. El último episodio ha sido especialmente grave: ante el bloqueo sistemático del oficialismo para elegir magistraturas suplentes de la Sala Constitucional —vacantes desde diciembre de 2025—, una mayoría de magistrados decidió prorrogar temporalmente esos nombramientos para evitar la parálisis del tribunal. La respuesta del Ejecutivo fue acusar a esos magistrados de dar un “golpe de Estado” y presentar una querella por prevaricato.
El 6 de agosto, miles de costarricenses respondieron con un plantón pacífico en la Plaza de la Democracia y en otras ciudades del país. No salieron a defender a un partido ni a un magistrado en particular. Salieron a defender un principio básico: la independencia de poderes. La gravedad del momento ya trascendió fronteras: medios internacionales, entre ellos la Deutsche Welle, de Alemania, prestan atención a una crisis que pone bajo presión la estabilidad de una de las democracias más sólidas de la región.
Este conflicto pone en evidencia algo más profundo que una disputa institucional. Pone en evidencia la distancia creciente entre quienes ejercen el poder y quienes lo otorgan.
La democracia no se agota en las elecciones ni en la existencia formal de tres poderes. Se sostiene, sobre todo, con una sensibilización democrática permanente: la comprensión de que el cargo público es un servicio temporal, no un privilegio, y de que nadie, por más alto que esté, está por encima del pueblo.
Esa sensibilización se erosiona con facilidad. Ocurre cuando un diputado, un ministro o un presidente empieza a hablar del “pueblo” en tercera persona, como si fuera una masa abstracta a la que hay que administrar o disciplinar. Ocurre cuando las decisiones se toman desde la lógica del cálculo político inmediato y no desde la pregunta elemental: ¿esto fortalece o debilita la confianza de la gente en las instituciones?
No todos los diputados ni todas las figuras políticas caen en esta trampa. Hay quienes mantienen el oído cerca de la calle. Pero basta con que un grupo significativo pierda esa conexión para que el sistema completo se resienta. Porque el poder, cuando se desconecta, tiende a justificarse a sí mismo. Empieza a creer que sus urgencias son las del país, que sus adversarios son enemigos de la democracia y que cualquier contrapeso es un estorbo.
Los diputados y los presidentes no son superiores. Trabajan para nosotros. Esa frase suena casi ingenua en tiempos de polarización, pero es la piedra angular de cualquier república que pretenda ser algo más que una rotación de caudillos. El día en que quienes mandan olvidan que son empleados temporales del pueblo, la democracia empieza a vaciarse de contenido, aunque las formas se mantengan intactas.
El plantón del 6 de agosto fue un recordatorio saludable. Miles de personas —trabajadores judiciales, estudiantes, vecinos y ciudadanos sin partido— salieron a decir que la independencia de poderes no es un capricho de élites, sino una garantía para todos. Cuando un poder intenta avasallar a otro, quien termina desprotegido es el ciudadano común.
La sensibilización democrática no es un sentimiento blando. Es una disciplina. Exige a los gobernantes recordar permanentemente su condición de servidores. Exige a la ciudadanía no renunciar a la vigilancia. Y exige a todos entender que la fortaleza de Costa Rica nunca ha residido en la concentración del poder, sino en su distribución y en los contrapesos que impiden que nadie se crea dueño del país.
El pueblo habló con su presencia el 6 de agosto. Ahora toca escuchar. No como gesto retórico, sino como ejercicio concreto de memoria democrática: recordar para quién se trabaja y por qué se está ahí.