Este es el segundo de dos artículos sobre inmigración, envejecimiento poblacional y desarrollo. En el primero argumenté que la inmigración bien gestionada constituye un imperativo humano y un activo estratégico para las sociedades complejas del siglo XXI. En este segundo planteo por qué Costa Rica debe convertir esa visión en una verdadera política de Estado.
Costa Rica está experimentando una transformación demográfica tan silenciosa como profunda. Durante décadas fuimos un país de familias numerosas y población joven. Hoy la realidad es muy distinta: de acuerdo con cifras del INEC, la tasa global de fecundidad cayó de 3,26 hijos por mujer en 1990 a apenas 1,23 en 2024, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1. Las proyecciones oficiales indican, además, que continuará disminuyendo hasta alcanzar un mínimo cercano a 1,14 hijos por mujer alrededor de 2031.
Al mismo tiempo, el país envejece aceleradamente. En 2024, las personas de 65 años y más representaban aproximadamente 11 de cada 100 habitantes; para 2050 serán cerca de 25 de cada 100. En otras palabras, uno de cada cuatro habitantes será adulto mayor. La relación de dependencia de las personas mayores —el número de habitantes de 65 años y más por cada 100 personas en edad de trabajar— pasará de 16 en 2024 a 39,2 en 2050. La población total de Costa Rica, además, comenzará a disminuir a partir de 2045.
La magnitud de este cambio es enorme. Menos personas en edad de trabajar deberán sostener a una población cada vez más longeva, financiando simultáneamente los sistemas de salud, pensiones y cuidados de largo plazo. La pregunta es inevitable: ¿quién producirá, innovará y financiará el Estado de bienestar costarricense dentro de veinte o treinta años?
De acuerdo con estudios de la OCDE, la respuesta no puede descansar únicamente en la esperanza de que aumente la natalidad. La experiencia internacional muestra que, una vez que la fecundidad cae a niveles tan bajos, revertir esa tendencia resulta extraordinariamente difícil. Tampoco podemos suponer que la automatización y la inteligencia artificial resolverán por sí solas los problemas de escasez de trabajadores. Las economías avanzadas compiten activamente por atraer trabajadores especializados, investigadores y emprendedores, conscientes de que la movilidad internacional del talento puede ayudar a enfrentar la escasez de capacidades y el envejecimiento de la fuerza laboral.
Costa Rica ya conoce el valor económico y social de la inmigración. La población nacida en el exterior representa alrededor de una décima parte de los habitantes del país y cerca del 12 % de su fuerza laboral. En su estudio, Characteristics and economic impact of migrants and refugees in Costa Rica, el FMI estima que los trabajadores nacidos en el extranjero aportaron directamente alrededor del 6,5% del producto interno bruto entre 2017 y 2021, aunque advierte que esta cifra puede subestimar su contribución real. Su impacto fiscal neto también es positivo: sus contribuciones tributarias y a la seguridad social superan el costo de los servicios públicos y transferencias que reciben, de acuerdo con el mismo estudio. Estas cifras reflejan una realidad sencilla: la población migrante no constituye, en términos agregados, una carga para la economía. Es una parte importante de su base productiva y fiscal.
Por otra parte, un estudio de la CEPAL, Sobre las contribuciones de la migración al desarrollo sostenible: Estudios en países seleccionados, señala que los inmigrantes han contribuido decisivamente al funcionamiento de sectores como la agricultura, la construcción, el turismo, el comercio, los servicios domésticos y las actividades de cuidado.
La evidencia del BID en su estudio, Heterogeneous labor impacts of migration across skill groups: The case of Costa Rica, muestra que la inmigración de menor calificación puede complementar el empleo nacional de mayor calificación, especialmente el de las mujeres, mediante dos mecanismos: al liberar tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidado, y al complementar actividades productivas que requieren distintas capacidades. El estudio encuentra efectos positivos importantes sobre el empleo y los ingresos de mujeres costarricenses altamente calificadas, aunque también identifica efectos negativos pequeños sobre algunos trabajadores nacionales de menor calificación.
Este hallazgo demuestra que los efectos de la inmigración no pueden entenderse únicamente como competencia entre trabajadores nacionales y extranjeros. Dependiendo de las habilidades, el género, las responsabilidades familiares y el sector económico, los inmigrantes pueden ser sustitutos en algunas ocupaciones y complementarios en muchas otras.
Sin embargo, la Costa Rica de las próximas décadas enfrentará un desafío adicional: deberá construir una economía más compleja, innovadora y basada en conocimiento.
Ricardo Hausmann y colaboradores, sostienen que la prosperidad de los países depende de la diversidad y sofisticación de las capacidades productivas que logran acumular y combinar. Esas capacidades no residen solamente en las máquinas, la infraestructura o el capital financiero. Están incorporadas, en gran medida, en las personas, las empresas y las organizaciones: en sus conocimientos, experiencia, redes, habilidades y capacidad para resolver problemas.
Desde esta perspectiva, la inmigración puede convertirse en un mecanismo de acumulación y difusión de capacidades. Cuando un país atrae ingenieros, científicos, programadores, técnicos, profesores universitarios, médicos o emprendedores, no incorpora únicamente trabajadores. Incorpora conocimientos que pueden transmitirse mediante el trabajo conjunto, la formación de otras personas, la creación de empresas y la conexión con redes internacionales.
Los datos del estudio de la CEPAL sugieren que Costa Rica ya está recibiendo una proporción creciente de inmigrantes calificados. Entre 2010 y 2020, el porcentaje de trabajadores migrantes con educación universitaria aumentó de 11,1% a 19,1%. En 2019 había alrededor de 8.045 trabajadores migrantes en actividades profesionales, científicas y técnicas, equivalentes al 11,5% del empleo de esa rama; 5.212 en información y comunicaciones, el 11,1% del sector; y 9.673 en enseñanza, aproximadamente el 6,1%. Estas cifras no permiten identificar cuántos eran investigadores, ingenieros o especialistas tecnológicos, pero confirman que el talento extranjero también está presente en actividades intensivas en conocimiento.
La economía costarricense, además, ha venido desplazándose hacia sectores más sofisticados. Las actividades profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo explicaron, en promedio, el 2,32% del crecimiento económico durante 2010-2019, frente a solo 0,16% en la década anterior. La participación de la mano de obra migrante también aumentó en algunos sectores especializados, como enseñanza y actividades profesionales.
Costa Rica necesitará cada vez más ingenieros, investigadores, científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, técnicos en manufactura avanzada, profesionales de la salud, docentes universitarios y personas dedicadas al cuidado de los adultos mayores. También requerirá emprendedores capaces de crear nuevas empresas, conectar el país con mercados internacionales y generar oportunidades de empleo.
La competencia mundial por ese talento ya comenzó. Numerosos países de la OCDE han reformado sus políticas migratorias, creado visas para emprendedores y especialistas, y facilitado la permanencia de estudiantes internacionales graduados en áreas estratégicas. Han comprendido que el talento humano es uno de los recursos más importantes para la innovación, la competitividad y la prosperidad futura.
Costa Rica debería prepararse para competir también. Pero enfrenta una limitación fundamental: no cuenta con estadísticas sistemáticas y fácilmente accesibles sobre cuántos de sus médicos, investigadores, profesores universitarios, empresarios o especialistas tecnológicos nacieron en el exterior. Los estudios disponibles clasifican a los migrantes por nivel educativo, rama de actividad u ocupación, pero no permiten saber cuántos investigadores extranjeros trabajan en universidades, centros de investigación o empresas, ni cuánto aportan a las publicaciones científicas, la innovación o el emprendimiento tecnológico.
Esta carencia dificulta el diseño de políticas públicas estratégicas. En una economía basada en el conocimiento, medir las capacidades que ingresan al país es tan importante como medir las mercancías que cruzan sus fronteras.
Costa Rica necesita, por tanto, una política migratoria que combine solidaridad, legalidad, integración y visión de largo plazo. Una política que facilite la regularización y el acceso al empleo formal; reduzca los prolongados trámites migratorios; acelere el reconocimiento de títulos y competencias profesionales; cree mecanismos para atraer talento en áreas estratégicas; y facilite el establecimiento de investigadores, estudiantes y emprendedores extranjeros.
El estudio del FMI muestra que las dificultades para regularizar la condición migratoria (atrasos administrativos, los costos y la falta de información) empujan a muchos trabajadores hacia la informalidad y reducen su contribución potencial a la seguridad social.
La nueva política debe ir más allá de la administración migratoria, debe estar orientada por una misión con objetivos nacionales ambiciosos capaces de movilizar al Estado, las empresas, las universidades y la sociedad civil. Esta misión debería asegurar el talento humano necesario para construir una economía más productiva, innovadora e inclusiva en una sociedad que envejece aceleradamente.
Esta misión exigiría fortalecer la formación del talento nacional, atraer capacidades complementarias del exterior y aprovechar mejor las que ya residen en el país. Las universidades deberían facilitar la incorporación de estudiantes, docentes e investigadores extranjeros. El sector privado tendría que identificar sus necesidades futuras de capital humano y participar en la atracción y formación de profesionales especializados. El Estado debería modernizar la gestión migratoria, reconocer competencias y facilitar la integración laboral. La sociedad civil y las comunidades locales tendrían un papel esencial en la construcción de una convivencia basada en el respeto y la inclusión.
También se requiere un sistema moderno de información migratoria, laboral y científica que permita conocer cuántos inmigrantes contribuyen en sectores estratégicos, qué capacidades poseen y qué obstáculos enfrentan. No se puede administrar adecuadamente aquello que no se mide.
La inmigración no resolverá por sí sola los desafíos de productividad, educación, innovación y envejecimiento de Costa Rica. Debe entenderse como parte de un sistema en el cual interactúan factores demográficos, económicos, culturales, institucionales y humanos. Pero ignorar su importancia podría agravar esos desafíos.
La discusión que el país necesita no es únicamente cuántos inmigrantes puede recibir, sino cómo gestionar la inmigración de manera humana, ordenada e inteligente para fortalecer nuestra capacidad de producir, innovar y cuidar de una población cada vez más envejecida.
El verdadero desafío del siglo XXI consiste en comprender que la solidaridad y el desarrollo económico no son objetivos contrapuestos. En una sociedad compleja, son dos componentes inseparables de una misma estrategia de futuro.