Un análisis sobre movilidad vial, electricidad, hidrocarburos y reconstrucción ubicó en 56% el nivel de madurez institucional para incorporar medidas de prevención y resiliencia.
La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la gestión de infraestructura pública vital en Costa Rica continúa respondiendo predominantemente a un modelo reactivo, enfocado en reparar y reconstruir obras después de sufrir daños en lugar de incorporar de manera sistemática la prevención y la resiliencia desde su planificación.
La conclusión forma parte del informe DFOE-SOS-SGP-00001-2026, divulgado este miércoles, que evaluó entre 2021 y 2025 cómo las instituciones responsables de infraestructura de movilidad vial, electricidad, hidrocarburos y reconstrucción posterior a emergencias incorporan medidas para prever, resistir, adaptarse y recuperarse ante eventos adversos.
La CGR ubicó en 56,02% el nivel general de madurez institucional en materia de resiliencia, resultado clasificado como intermedio.
El estudio comprendió 21 instituciones, entre ellas el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Jasec, Recope, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y 13 municipalidades.
Los hallazgos adquieren especial relevancia porque desde 2020 los lineamientos nacionales para infraestructura pública establecen que las instituciones deben evaluar los riesgos mediante un enfoque multiamenaza, incluyendo escenarios actuales y futuros de cambio y variabilidad climática, durante todas las etapas del ciclo de vida de las obras.
Lía Barrantes León, gerente de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR, señaló:
Mejorar esto es vital para evitar el deterioro acelerado y los sobrecostos, así como para garantizar servicios continuos y la protección de la integridad humana ante desastres”.
Evaluación de riesgos es la principal debilidad
El componente con mayor rezago fue la evaluación de riesgos, que obtuvo una calificación promedio de 42,42%, correspondiente a un nivel básico.
La Contraloría determinó que las instituciones no incorporan de manera uniforme análisis que combinen amenazas naturales, factores humanos y escenarios asociados al cambio climático durante todo el ciclo de vida de las obras.
De las 21 instituciones evaluadas, solamente la CNFL y la ESPH cuentan con un inventario de infraestructura crítica. Ocho realizan evaluaciones integrales que contemplan amenazas naturales, humanas y proyecciones climáticas; nueve carecen de ese enfoque multiamenaza y cuatro omiten el análisis del cambio climático.
El estudio también identificó una reducción de estas evaluaciones conforme los proyectos avanzan: 92 proyectos incorporaron una evaluación de riesgo durante la etapa de preinversión, pero solamente 55 mantuvieron esa práctica durante la inversión.
Para la CGR, estas brechas aumentan el riesgo de construir infraestructura vulnerable y de mantener al Estado en un ciclo de reparaciones recurrentes en lugar de destinar recursos a medidas preventivas.
Obras llegan a operación con mantenimiento insuficiente
Las debilidades continúan después de que los proyectos entran en funcionamiento.
De 69 proyectos que estuvieron en operación entre 2021 y 2025, 16 no contaban con un plan de operación y mantenimiento o carecían de recursos para ejecutarlo. Además, en 49 proyectos el mantenimiento registrado fue parcial o nulo.
La CGR encontró también que los costos y beneficios relacionados con prevención de riesgos, adaptación al cambio climático y posibles eventos adversos futuros no se incorporan de manera estandarizada en las evaluaciones financieras y económico-sociales de los proyectos.
Según el órgano contralor, esto puede provocar deterioro acelerado, obsolescencia temprana, sobrecostos e interrupciones de servicios esenciales.
El problema del mantenimiento ya ha aparecido en fiscalizaciones específicas. En julio de 2025, la Contraloría señaló deficiencias en los procesos de mantenimiento y evaluación posterior de varios proyectos estratégicos de Recope.
Gobernanza y participación también presentan rezagos
La evaluación encontró dificultades para definir responsabilidades institucionales, capacitar personal y recopilar y compartir información sobre amenazas y vulnerabilidades.
La gobernanza y el marco normativo obtuvieron una calificación de 47,24%, correspondiente a un nivel básico, mientras que la generación y acceso a información alcanzaron 57,86%.
El análisis también cuestionó el seguimiento de los efectos que las obras generan sobre las comunidades. Catorce de las 21 instituciones evaluadas omiten medir los efectos e impactos de sus proyectos mediante los mecanismos analizados por la CGR.
Aunque más del 75% utiliza mecanismos de consulta o participación durante el desarrollo de las obras, esta práctica disminuye una vez finalizadas.
En el caso de Recope, 11 de los 12 proyectos analizados no contemplaron acciones destinadas a fortalecer la capacidad de las comunidades para enfrentar y recuperarse de eventos adversos.
La Contraloría resumió:
El estado actual de la gestión de la infraestructura pública vital relativa a los servicios de movilidad, suministro de electricidad e hidrocarburos refleja un modelo predominantemente reactivo, que se aparta de los estándares de las mejores prácticas en materia de resiliencia, priorizando la reparación y reconstrucción de activos por encima de la planificación y prevención”.
CGR plantea cuatro prioridades
A partir de los resultados, la Contraloría identificó cuatro áreas que considera prioritarias.
La primera es aplicar la evaluación de riesgos con enfoque multiamenaza durante todo el ciclo de vida de las obras. También plantea estandarizar la gobernanza de los proyectos y el manejo de datos, con responsabilidades claramente definidas e información accesible para respaldar las decisiones.
Como tercer punto, recomienda incorporar los costos y beneficios asociados con la resiliencia en las evaluaciones financieras y económico-sociales y asegurar desde la planificación los recursos necesarios para operar y mantener las obras.
Finalmente, plantea fortalecer la participación de las comunidades y medir sistemáticamente los efectos e impactos de los proyectos, de manera que las inversiones no sean evaluadas únicamente por la construcción de la obra sino también por los beneficios sociales y económicos que producen.