Luis Pacheco y Héctor Chaclán permanecieron más de 15 meses en prisión preventiva por cargos relacionados con las protestas que defendieron los resultados electorales de 2023.
El Instituto para el Clima, la Democracia e Inclusión (CDI) calificó como positiva la decisión judicial que permitió a los líderes indígenas guatemaltecos Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez y Héctor Samuel Chaclán Batz abandonar la prisión y continuar bajo arresto domiciliario el proceso penal que enfrentan.
El juez Mynor Moto concedió las medidas sustitutivas el martes 4 de agosto, después de que ambos permanecieran privados de libertad durante más de un año y tres meses en el centro de detención Mariscal Zavala. La resolución también les impuso arraigo, prohibición de comunicarse con testigos del caso y una caución económica de 160.000 quetzales —cerca de $21.000— para cada uno.
El cambio de medidas no pone fin al proceso. Pacheco y Chaclán continúan acusados por el Ministerio Público de terrorismo, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal.
Proceso se originó en protestas de 2023
Pacheco y Chaclán fueron detenidos el 23 de abril de 2025. Durante 2023 ejercieron como presidente y tesorero, respectivamente, de la Junta Directiva del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, una autoridad ancestral del pueblo maya k’iche’.
Los cargos están relacionados con su participación en las manifestaciones desarrolladas en Guatemala durante octubre de 2023, cuando organizaciones indígenas y distintos sectores sociales exigieron que se respetaran los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por Bernardo Arévalo de León.
Las movilizaciones también reclamaron la renuncia de autoridades del Ministerio Público señaladas por intentar impedir la transición presidencial. En mayo de 2026, Amnistía Internacional declaró a Pacheco y Chaclán presos de conciencia y pidió su liberación inmediata e incondicional. La organización sostuvo que ambos fueron encarcelados por ejercer pacíficamente sus derechos de reunión y expresión, y denunció demoras injustificadas, cambios sucesivos de jueces y dificultades de la defensa para acceder a las pruebas del expediente.
CDI realizó dos misiones a Guatemala
El CDI recordó que durante 2026 organizó dos misiones internacionales de observación para dar seguimiento a la situación democrática, la independencia judicial y los procesos de elección de autoridades en Guatemala.
La primera visita se realizó del 9 al 11 de febrero en conjunto con el Club de Madrid. La delegación estuvo encabezada por el expresidente costarricense Carlos Alvarado Quesada y contó con la participación de los ex primeros ministros Kjell Magne Bondevik, de Noruega, y Stefan Löfven, de Suecia.
Durante esa misión, los representantes visitaron a Pacheco y Chaclán en Mariscal Zavala y expresaron preocupación por la prolongación de distintas prisiones preventivas y por las garantías de debido proceso.
La segunda misión se desarrolló en junio y estuvo integrada por Alvarado Quesada; el expresidente costarricense Miguel Ángel Rodríguez Echeverría; la expresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga Serrano; y el exvicepresidente colombiano Óscar Naranjo Trujillo.
La delegación volvió a reunirse con los dos dirigentes indígenas y pidió que sus causas fueran tramitadas con apego al Estado de Derecho. También sostuvo encuentros con autoridades, organizaciones sociales, representantes indígenas y otros sectores guatemaltecos.
Para Carlos Alvarado Quesada, fundador del CDI, la sustitución de la prisión preventiva representa un avance, aunque el proceso judicial todavía debe continuar.
Es una noticia esperanzadora para ellos, para sus familias y para quienes creemos en la importancia de que toda actuación judicial se desarrolle con pleno respeto al Estado de Derecho. Esperamos que este proceso continúe su curso con objetividad y que pueda llegarse a una resolución definitiva conforme a la ley y a las garantías del debido proceso”.
El instituto manifestó que continuará acompañando los procesos de fortalecimiento democrático e institucional de Guatemala y pidió que el caso sea resuelto respetando la presunción de inocencia y las garantías procesales de los acusados.