En los últimos días, el debate político nacional se vio sacudido por las declaraciones con las que la presidenta de la República, Laura Fernández, y 24 diputados oficialistas calificaron como un supuesto “golpe de Estado” la decisión de la Sala Constitucional de prorrogar provisionalmente los nombramientos de las magistraturas suplentes. Este episodio se suma a una serie de intercambios públicos en los que, con alarmante frecuencia, resuenan acusaciones y advertencias sobre supuestas “dictaduras” o intenciones autoritarias.
En una democracia sana y madura, el desacuerdo y el control de constitucionalidad son mecanismos normales de pesos y contrapesos. El problema de fondo no es la discrepancia jurídica ni política; el verdadero riesgo radica en la ligereza conceptual con la que se emplean términos de profunda gravedad histórica. Referirse a resoluciones judiciales como “golpes” o usar la figura de la “dictadura” de forma cotidiana —o incluso con tono de “vacilón”— desde las más altas vocerías del Estado no solo erosiona la confianza en la institucionalidad, sino que degrada el lenguaje democrático.
Costa Rica enfrenta desafíos estructurales urgentes en materia de seguridad, finanzas públicas y desarrollo social. Resolver estos problemas requiere un debate serio y propuestas concretas. Sin embargo, la evidencia histórica e institucional demuestra que el enfrentamiento sistemático y la confrontación directa del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial no constituyen una ruta viable de solución, sino un factor que profundiza la inestabilidad.
Ahora cobra vigencia la pregunta que popularizó Marco Antonio Solís: “¿A dónde vamos a parar?”
El cuestionamiento es oportuno para la ciudadanía en general. El respeto a la institucionalidad y al Estado de derecho exige no caer en la complacencia ni en el aplauso acrítico ante el poder de turno. Señalar lo que no está bien, exigir mesura en las vocerías oficiales y recordar que las reglas del juego democrático deben respetarse no equivale a asumir una postura enemiga, sino a ejercer una responsabilidad ciudadana básica.
Lo más preocupante es haber llegado a un punto en el que parece imposible discutir o disentir sin que la conversación se transforme de inmediato en un conflicto donde la prioridad sea “ganar la batalla” antes que construir consensos.
Si el debate público se mantiene atrapado en una dinámica de descalificación e irrespeto permanente entre poderes, el costo institucional y social no lo pagará una administración ni un tribunal: lo pagaremos todos nosotros, los de a pie.