La Universidad Nacional hace un respetuoso pero vehemente llamado al Gobierno de la República y a todas las autoridades públicas para que fortalezcan el diálogo democrático.
La Universidad Nacional (UNA) manifiesta su profunda preocupación y su firme rechazo ante cualquier acción o discurso orientado a debilitar, desacreditar o menoscabar la independencia del Poder Judicial, de la Contraloría General de la República, Defensoría de los Habitantes y al Tribunal Supremo de Elecciones y las demás instituciones llamadas a ejercer funciones de control, fiscalización y garantía del orden constitucional. Estas instituciones constituyen pilares fundamentales del Estado social y democrático de derecho y desempeñan un papel indispensable en la protección de las libertades públicas, la tutela de los derechos fundamentales, la transparencia en la gestión pública y la vigencia del principio de legalidad.
La democracia costarricense se sustenta en la separación e independencia de los poderes de la República, en el respeto a la autonomía de los órganos constitucionales y en un sistema de pesos y contrapesos que impide la concentración del poder y garantiza la rendición de cuentas. Estos principios no solo representan un mandato constitucional, sino que constituyen condiciones indispensables para la estabilidad institucional, la convivencia pacífica y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
En una sociedad democrática, las actuaciones de las instituciones públicas pueden y deben ser objeto de análisis, crítica y debate. Sin embargo, tales diferencias deben expresarse dentro del marco del respeto, el diálogo, la legalidad y el orden constitucional, evitando discursos incendiarios que socaven la credibilidad de las instituciones o lesionen injustificadamente la honra y la integridad de las personas servidoras públicas que ejercen sus funciones con probidad y apego al derecho.
La Universidad Nacional reconoce la labor que desempeñan el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública, la Contraloría General de la República y otras instituciones, en la protección de la institucionalidad democrática, la administración de justicia, el control de la legalidad, la fiscalización delos recursos públicos y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En el contexto actual, caracterizado por el fortalecimiento de estructuras criminales cada vez más complejas y por crecientes desafíos para la seguridad ciudadana, estas instituciones requieren el respaldo del Estado y de la sociedad, así como los recursos necesarios para cumplireficazmente sus responsabilidades constitucionales.
Resulta, por ello, motivo de especial preocupación que, en un contexto de creciente inseguridad, debilitamiento de la confianza ciudadana y restricciones fiscales, se planteen reducciones presupuestarias que puedan afectar la capacidad operativa del Poder Judicial y de la Contraloría General de la República. Si bien el país enfrenta importantes desafíos enmateria de sostenibilidad de las finanzas públicas y de disminución de los ingresos del Estado, la consolidación fiscal no puede alcanzarse a costa del debilitamiento de las instituciones responsables de garantizar la justicia, la fiscalización de los recursos públicos y la defensa del Estado de derecho.
La experiencia nacional e internacional demuestra que el fortalecimiento de la institucionalidad democrática constituye una condición indispensable para combatir eficazmente el crimen organizado, el narcotráfico, la corrupción y otras manifestaciones de violencia que afectan la convivencia social. Del mismo modo, la inversión pública en educación, seguridad, justicia y control constituye un componente estratégico del desarrollo humano y de la construcción de una sociedad más equitativa, segura y democrática.
La Universidad Nacional reafirma que la defensa del Estado social y democrático de derecho exige instituciones sólidas, independientes y dotadas de las capacidades humanas, técnicas y financieras necesarias para el cumplimiento de sus competencias constitucionales. La independencia judicial y la autonomía de los órganos de control no constituyen privilegios institucionales, sino garantías de toda la ciudadanía frente al ejercicio del poder público.
En consecuencia, la Universidad Nacional hace un respetuoso pero vehemente llamado al Gobierno de la República y a todas las autoridades públicas para que fortalezcan el diálogo democrático, promuevan el respeto recíproco entre las instituciones del Estado y aseguren las condiciones políticas, jurídicas y presupuestarias que permitan al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes y al Tribunal Supremo de Elecciones, cumplir plenamente con su misión constitucional.
Fiel a sus principios humanistas y a su compromiso histórico con la defensa de la institucionalidad democrática, la Universidad Nacional reafirma que el fortalecimiento del Estado de derecho, el respeto a la separación de poderes y la protección de la institucionalidad pública constituyen condiciones indispensables para la construcción de una Costa Rica más justa, segura, solidaria y democrática.