Hay preguntas que definen la calidad de una democracia. Una de ellas es tan antigua como vigente: ¿quién controla a quienes tienen el poder?
La respuesta nunca debería ser: ellos mismos.
La independencia de las instituciones no es un lujo jurídico ni una discusión reservada para abogados. Es el mecanismo que impide que el poder político termine protegiéndose a sí mismo. Cuando los órganos llamados a investigar, fiscalizar o sancionar comienzan a depender de quienes eventualmente podrían ser objeto de sus investigaciones, el Estado de Derecho empieza a perder una de sus columnas más importantes.
Lamentablemente, el debate público en Costa Rica parece transitar por otro camino. Con demasiada frecuencia sustituimos el análisis por consignas, la reflexión por etiquetas y los argumentos por descalificaciones. Nos enfrascamos en discusiones sobre “zurdos”, “fachos”, “cremas rosas”, “jaguares” o cualquier otra caricatura que sirva para alimentar la confrontación, mientras los temas verdaderamente trascendentales pasan casi inadvertidos.Y ese es, precisamente, el riesgo.
Una democracia rara vez se deteriora de un día para otro. Lo hace poco a poco, cuando la ciudadanía deja de discutir los principios y comienza a discutir únicamente a las personas. Cuando lo importante deja de ser la fortaleza de las instituciones y pasa a ser si la decisión favorece o perjudica al grupo político con el que simpatizamos.
Por eso preocupa cualquier propuesta que incremente la influencia política sobre los órganos encargados de investigar posibles actos de corrupción. No porque hoy beneficie a un sector determinado. Tampoco porque perjudique a otro. Preocupa porque modifica una regla que debería diseñarse pensando en proteger al país, no a los gobiernos de turno.
Las reglas democráticas existen precisamente para desconfiar del poder, cualquiera que sea el partido que lo ejerza. Los pesos y contrapesos no nacieron porque los gobernantes fueran malos; nacieron porque todos los seres humanos somos susceptibles a la tentación de utilizar el poder en beneficio propio.
Costa Rica construyó durante décadas una institucionalidad que fue admirada dentro y fuera de nuestras fronteras. Esa reputación no fue producto de la casualidad ni de un golpe de suerte. Fue el resultado de generaciones que entendieron que la mejor forma de proteger la democracia era impedir que una sola persona o un solo grupo acumulara demasiado poder.
Hoy esa cultura institucional parece debilitarse. Y quizá parte del problema radica en que también se ha debilitado nuestra educación cívica. Se opina con enorme seguridad sobre instituciones cuyo funcionamiento muchos desconocen. Se confunden competencias, se trivializan principios constitucionales y se reduce la discusión pública a consignas que caben en un video de treinta segundos o en un meme de redes sociales.
Una ciudadanía mal informada es terreno fértil para que prosperen propuestas que, aunque puedan parecer razonables en el corto plazo, terminan erosionando los cimientos de la democracia. Es más, hoy enfrentamos un fenómeno aún más preocupante: ya no se trata únicamente de una ciudadanía mal informada, sino, en muchos casos, de una ciudadanía desinformada. Basta observar lo que ocurre a diario en las redes sociales para comprobarlo. Cada vez es más frecuente ver personas que atacan con vehemencia a alguien o descalifican una propuesta sin haber leído siquiera el artículo, el proyecto de ley o el documento sobre el que opinan. Con una facilidad alarmante se señala con un dedo acusador, se promueve el escarnio público y se emiten condenas desde el desconocimiento. Cuando el juicio sustituye al conocimiento y la reacción desplaza a la reflexión, el debate democrático pierde calidad y la manipulación encuentra un terreno fértil para prosperar.
Combatir la corrupción exige mucho más que discursos contundentes. Exige instituciones independientes, reglas estables y autoridades capaces de actuar sin temor a represalias políticas. La justicia deja de ser justicia cuando depende de la voluntad de quienes podrían verse afectados por sus decisiones.
En ese contexto, merece una reflexión profunda cualquier iniciativa que pretenda trasladar a la Asamblea Legislativa la potestad de nombrar o remover al Fiscal General. No porque deba asumirse, de antemano, que los diputados actuarían de manera indebida, sino porque las normas deben construirse pensando en prevenir conflictos de interés, no en confiar ciegamente en la buena voluntad de quienes ocupan temporalmente el poder.
Las democracias maduras no diseñan sus instituciones para los tiempos de tranquilidad. Las diseñan para resistir los momentos de mayor tensión política.
Al final, la pregunta sigue siendo la misma: ¿queremos instituciones capaces de investigar al poder o instituciones que dependan del poder para sobrevivir?
La respuesta a esa pregunta no definirá únicamente el futuro de una institución. Definirá el tipo de país que heredaremos a las próximas generaciones.