El mensaje que el párroco de Nicoya, Jeison Víquez Acuña, pronunció durante la conmemoración de la Anexión del Partido de Nicoya invita a una reflexión que trasciende el debate tributario. Más que una discusión sobre impuestos, plantea una interrogante de mayor profundidad: ¿cómo puede sostenerse financieramente un Estado cuando los sectores que generan riqueza enfrentan crecientes dificultades?
La respuesta no puede encontrarse únicamente en la política fiscal, sino también en la capacidad del país para fortalecer las actividades que producen empleo, inversión y desarrollo. Costa Rica obtiene una parte importante de sus ingresos mediante la recaudación tributaria.
Esa realidad obliga a comprender que la estabilidad fiscal depende, en buena medida, de una economía dinámica. Si la inversión disminuye, el empleo se reduce y los sectores productivos pierden competitividad, inevitablemente también se limita la capacidad recaudatoria del Estado. Ningún sistema tributario puede sostenerse indefinidamente sobre una base económica debilitada.
En los últimos años, algunas empresas del régimen de zonas francas han realizado procesos de reorganización que implicaron reducciones de personal. Paralelamente, otros países compiten agresivamente por atraer inversión extranjera y ofrecen condiciones que muchas veces resultan más competitivas.
Costa Rica continúa siendo un destino atractivo por su estabilidad institucional y su capital humano, pero esas ventajas requieren un fortalecimiento constante mediante seguridad jurídica, infraestructura eficiente, educación de calidad y reglas claras que generen confianza.
A ello se suma un desafío que trasciende lo económico: el incremento de la violencia asociado, en numerosos casos, con disputas entre organizaciones criminales. La seguridad ciudadana no solo protege derechos fundamentales, sino que también influye directamente en la confianza de inversionistas, empresarios y turistas. La imagen internacional de un país representa un activo económico que puede fortalecerse o deteriorarse según la capacidad institucional para enfrentar estos fenómenos.
El sector agropecuario tampoco escapa de esta realidad. Los productores enfrentan mayores costos, fenómenos climáticos y condiciones de mercado cada vez más exigentes. Cuando la agricultura se debilita, no solo pierde fortaleza un sector económico: también sufren las comunidades, el empleo rural y la seguridad alimentaria.
Si, simultáneamente, la inversión enfrenta mayores retos, la inseguridad aumenta y la producción nacional pierde fortaleza, resulta legítimo preguntarse cuáles serán las nuevas fuentes de crecimiento que sostendrán las finanzas públicas en el futuro. Este escenario puede ampliar las brechas sociales si el país no adopta políticas públicas orientadas a generar oportunidades.
La desigualdad no se combate únicamente mediante transferencias o subsidios. También requiere crear empleo de calidad, fortalecer la productividad y garantizar que la educación continúe siendo el principal mecanismo de movilidad social.
Precisamente por ello preocupa cualquier retroceso en la calidad de la enseñanza o en los planes de estudio, porque sus consecuencias no afectan únicamente las aulas, sino también la competitividad futura del país.
Desde una perspectiva constitucional, también merece atención el deterioro del debate público. En una democracia consolidada, la crítica entre instituciones forma parte de la normalidad política. Sin embargo, cuando la discusión se transforma en burla, descalificación permanente o amenazas dirigidas a debilitar la independencia de otro Poder de la República, el riesgo trasciende a las personas que ocupan temporalmente los cargos públicos. Lo que se pone en juego es la fortaleza del Estado de derecho y el equilibrio institucional que garantiza la Constitución Política.
Los grandes desafíos nacionales no se resuelven mediante la identificación de adversarios permanentes. La ciudadanía espera diagnósticos serios, acompañados de propuestas concretas, metas verificables y capacidad de ejecución. Gobernar implica construir soluciones, no prolongar la confrontación.
Continuar aumentando la presión sobre quienes producen y contribuyen, sin fortalecer paralelamente las condiciones para generar mayor riqueza, difícilmente resolverá los problemas estructurales del país.
Como acertadamente suele decirse, no es posible seguir ordeñando la misma vaca cuando esta ya no produce la misma cantidad de leche. La verdadera solución consiste en fortalecer aquello que permite producir más, atraer inversión, recuperar la confianza, generar empleo y ampliar la base económica sobre la cual descansa la sostenibilidad del Estado.
Costa Rica necesita menos confrontación y más visión de futuro, porque las necesidades del país no se resuelven buscando culpables, sino construyendo soluciones.