Hay textos que una sale a buscar y otros que llegan sin avisar. Este que comentaré fue de esos que se cuelan entre la rutina de los chats en donde se entremezclan consultas de estudiantes, recordatorios de una reunión, documentos por revisar y los memes tendencia del día. Nunca imaginé que ese simple enlace terminaría ocupándome varias noches.
Semanas antes de recibirlo había firmado, junto con otras 33 personas docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, un manifiesto en defensa de los principios básicos del Estado constitucional de derecho y el riesgo de políticas públicas que los vacían de contenido y producen una erosión democrática. 34 trayectorias distintas. 34 historias académicas y profesionales que coincidían en una preocupación institucional concreta. El manifiesto desarrolla alrededor de 15 proposiciones jurídicas y constitucionales.
Primero afirmaba que el único orden constitucional legítimo para Costa Rica es una República democrática estructurada sobre la separación de poderes. Recordaba que todo ejercicio del poder estatal debe quedar sometido al Derecho y que esa arquitectura institucional existe para impedir la arbitrariedad y la concentración del poder. Explicaba que el papel constitucional del Poder Judicial es ejercer la jurisdicción, proteger los derechos fundamentales y actuar como límite frente al ejercicio arbitrario del poder público. Sostenía que esa función solo puede cumplirse si existen independencia e imparcialidad judiciales.
El texto también reconocía, expresamente, que es legítimo discutir reformas estructurales al Poder Judicial (que muchos de los firmantes hemos impulsado desde vieja data) pero que cualquier reforma debe respetar los principios constitucionales esenciales y efectuarse de manera técnica, plural, pública e inclusiva. Solo después el manifiesto expresaba preocupación por declaraciones de figuras políticas que hablaban de "tomar" el Poder Judicial; advertía que ese tipo de discursos resultan compatibles con patrones ampliamente estudiados de erosión democrática observados en otros países de América Latina y cerraba con un llamado ciudadano a defender la República democrática.
Quienes lo rubricamos sabíamos perfectamente que un pronunciamiento público invita al debate. De hecho, ese era el propósito. Las ideas se exponen para ser cuestionadas, refutadas, falseadas o complementadas.
Por ello, el que se comentara lo que escribimos en una columna denominada "Captura ideológica y facultades militantes" ameritaba desplazar los asuntos cotidianos para dedicarle toda mi atención. El título era prometedor. Abrí el enlace con una mezcla de curiosidad y expectativa. Su firmante, además, no aparentaba ser un polemista improvisado, sino que se presentaba como un académico cuya especialidad declarada es la filosofía política.
No todos los días un profesor cuya especialidad es la filosofía política decide responder un manifiesto escrito por juristas sobre la República, el Estado Constitucional de Derecho, la separación de poderes República, el constitucionalismo contemporáneo, los límites del poder, los controles democráticos y la independencia judicial. Había allí una ocasión extraordinaria para pensar juntos, incluso desde el desacuerdo. Quizá, precisamente, desde el desacuerdo. Pensé que me sumergiría en una discusión intelectualmente estimulante.
Confieso que terminé la lectura con otra sensación. La decepción con el texto no surge porque el autor pensara distinto: la universidad existe precisamente para eso, para albergar desacuerdos. Lo que me sorprendió fue otra cosa. Conforme avanzaban las líneas y los párrafos el texto iba cambiando lentamente de protagonista. El manifiesto se alejaba del centro de la escena (las ideas que sometimos a debate) y algunas personas de quienes lo firmaron, caricaturizadas al antojo del autor, empezábamos a ocupar el lugar central. Cada vez más sentía, en la respuesta, el panfleto y la trinchera. Tal vez, por algo semejante a esto, Schopenhauer, en El arte de tener razón —obra que no pretende enseñar a descubrir la verdad, sino a identificar las trampas con las que muchas veces intentamos aparentar que la tenemos— escribió:
Si no tenemos un argumento ad rem, hacemos un argumento ad hominem".
En lugar de analizar el contenido del manifiesto, la columna que comento dedica buena parte de su espacio a identificar la trayectoria política de algunos firmantes. De las 34 personas suscriptoras, apenas cinco reciben atención individual por los cargos desempeñados o algunas de las actividades a que se han dedicado. Los demás desaparecen dentro de una categoría amplia: "militantes", "terminales universitarias" y "captura ideológica".
Allí aparece la primera dificultad argumentativa: la culpa por asociación. La tesis parece ser que, si algunas personas han tenido afinidades políticas, entonces el manifiesto entero constituye una operación partidaria. Pero desde la lógica formal sabemos que los argumentos no adquieren ni pierden validez por la biografía de quien los formula. Un profesor puede militar en un movimiento político de cualquier signo y elaborar un razonamiento constitucional sólido e impecable. Otro académico puede no militar en ninguno —o pasar de la izquierda a la derecha radical en poco tiempo— y sostener un argumento profundamente equivocado. La lógica jurídica nunca ha dependido del carné político.
La segunda falacia es el ad hominem. En lugar de discutir las razones expuestas en el manifiesto, aparecen calificativos como "bazofia zaffaroniana", "chantada", "cantinflesco", "operadores políticos" "captura", "ofensiva", "militancia", "estafa", o "terminales universitarias". Es un lenguaje eficaz para construir una atmósfera emocional. El lenguaje nunca es inocente ni neutro. Las palabras construyen escenarios antes de que aparezcan los argumentos. Si desde el primer párrafo el interlocutor ya fue convertido en una amenaza organizada, resulta mucho más sencillo que quien lee acepte las conclusiones sin exigir demasiadas pruebas. Pero los adjetivos, por sí solos, no responden argumentos.
También encontramos una generalización apresurada. A partir de un manifiesto cuyas ideas no se contrastan, de algunas actividades universitarias con presencia de determinados conferencistas se concluye que existe una captura ideológica de facultades enteras e, incluso, de la universidad pública. Es una afirmación muy amplia que requeriría estudios sistemáticos sobre composición del profesorado, programas de estudio, contratación académica, diversidad de conferencistas o clima institucional. Esa evidencia simplemente no aparece. Y cuidado si, de ahondar en ella, encontramos por lo menos a una veintena de figuras ligadas a asesorías y movimientos populistas autocráticos, lo que tampoco diría nada de “captura” institucional.
Más adelante en el texto emerge un hombre de paja. Defender la independencia judicial se presenta como si implicara sostener que el Poder Judicial es infalible o está "por encima del bien y del mal". Eso nunca fue afirmado en el manifiesto. De hecho, el propio documento reconoce la legitimidad de discutir reformas profundas al sistema judicial aunque defiende algo mucho más modesto, obvio y republicano: que esas reformas no pueden destruir los principios que justifican la existencia misma de un Poder Judicial independiente.
El texto de respuesta también incurre en un falso dilema. Parece sugerir que solo existen dos posibilidades: una universidad de acuerdo con las tesis del autor o una completamente capturada. La realidad académica es mucho más compleja. Las universidades están llenas de desacuerdos, corrientes de pensamiento, tensiones internas y debates permanentes. Esa complejidad desaparece cuando todo se reduce a una confrontación binaria.
Hay, además, un evidente sesgo de confirmación. Solo se destacan los hechos que respaldan la hipótesis inicial. No se explora la diversidad interna de la Facultad de Derecho, ni las múltiples actividades con voces distintas, ni las discrepancias que existen entre quienes compartimos el espacio universitario. Poner el foco en aquello que confirma una conclusión previamente adoptada no es análisis.
Existe, también, un sesgo de atribución. Las actuaciones de quienes firmaron el manifiesto son explicadas casi exclusivamente por supuestas motivaciones partidarias. Apenas queda espacio para una posibilidad bastante sencilla: que un grupo de juristas, con trayectorias distintas y convicciones diferentes, considere que la independencia judicial merece ser defendida por razones estrictamente jurídicas.
Y, para no extenderme en demasía, lanzo el reto de que identifiquen en el texto otros vicios del razonamiento como el non sequitur, el argumento anecdótico, la apelación al miedo y el sesgo de homogeneidad del exogrupo…¡una verdadera antología!
Pero, por encima de todos esos yerros del razonamiento, hay algo que me sigue pareciendo más significativo. El silencio del filósofo y de la filosofía. El manifiesto que firmé planteaba una conversación sobre la República, el Estado constitucional de Derecho, la separación de poderes, la independencia judicial y la erosión democrática. Quien respondía era un profesor especializado precisamente en filosofía política. Difícilmente podía imaginarse un escenario más propicio para una discusión de fondo.
Habría sido fascinante leer una crítica sustentada en Montesquieu, Madison, Kant, Habermas, Rawls o cualquier otra tradición del pensamiento político o, para dejar la pedantería intelectualoide, en las implicaciones pragmáticas de esas ideas en las vidas de las personas costarricenses de 2026 o del futuro.
Habría sido enriquecedor discutir si la independencia judicial es un fin en sí mismo o un medio para proteger derechos; ¿cuáles derechos y de qué grupos de personas están más en riesgo hoy?; si tal independencia tiene límites; si los controles entre poderes son compatibles con la autonomía judicial; si el constitucionalismo moderno ha fortalecido excesivamente a los tribunales; si la legitimidad democrática reside exclusivamente en el voto o también en el sometimiento de todos los poderes a la Constitución; abordar la tensión entre legitimidad democrática y control constitucional o la vieja discusión sobre independencia judicial y responsabilidad; profundizar en si los controles republicanos pueden fortalecerse, si el manifiesto interpretaba correctamente la coyuntura nacional o si exageraba sus riesgos. ¡Qué debate habría sido ese!
Sin embargo, nada de eso ni siquiera se asomó. En su lugar apareció la instalación de sospecha. La etiqueta. La acusación velada y el seudo-insulto.
Y esa oportunidad perdida es muy dolorosa cuando, quien la tuerce, pertenece, justamente, al espacio universitario. Duele que el filósofo ya no quiera argumentar sino arengar masas y generar likes.
Las universidades públicas, y quienes en ella estamos, necesitamos crítica, pero no desde la falsedad o la mala fe sino una que se tome el trabajo de entrar al corazón de las ideas antes de recorrer la biografía de quienes las defienden, que discuta tesis y no emita epítetos, que forme para argumentar, no para insultar. Después de todo, eso es lo que la filosofía ha enseñado durante siglos; que los argumentos merecen ser respondidos con argumentos y que, cuando dejamos de discutir las ideas para empezar a clasificar a las personas, la conversación pública se empobrece.
La universidad no nació para certificar a quién gane una discusión en una plaza pública, sino para que, en el intercambio de ideas, todos los que las emiten, y las escuchan o leen, crezcamos y aprendamos. Eso no sucedió en este intercambio…o tal vez sí. Tal vez quienes lean el texto inicial, la respuesta y este aprendan que la filosofía es, también, un ejercicio de coherencia intelectual y ética y que, en la historia universal del pensamiento, las mejores ideas han sobrevivido porque han resistido preguntas difíciles, no porque hayan logrado descalificar al interlocutor. El pluralismo universitario no consiste en que el pensamiento dominante en una sociedad se replique allí sin disensos, sino que se traduce en que ninguna persona sea reducida a una caricatura.
Y esa es la ironía final de esta historia: una columna que pretendía denunciar una supuesta captura ideológica termina mostrando otra forma de captura: la de la argumentación por la falacia.