Hace algunas semanas, varios docentes de la Facultad de Derecho de la UCR rubricaron un pronunciamiento “en defensa del Poder Judicial”. La declaración se da en el contexto de una ofensiva conjunta de parte del partido Frente Amplio (FA), profesores y funcionarios militantes y/o simpatizantes, que no ha pasado desapercibida a la opinión pública. Ella ha consistido en la invitación reiterada a distintas escuelas y facultades para ofrecer “charlas informativas” sobre el FEES. El fenómeno también se ha replicado en otras universidades del sistema público.
Los pocos universitarios que aún son capaces de ver más allá de la burbuja del autoengaño, han notado esta anomalía. Sin embargo, dado que las universidades públicas son el escenario ideal para estudiar el fenómeno que Nöelle—Neumann describe como “espiral del silencio”, la mayoría calla, o se guarda los comentarios sotto voce para los más cercanos. Existe demasiado miedo a disentir, y las personas se han acostumbrado a dejar pasar para no ser juzgados, o bien, a “autoeditarse” hasta lo irreconocible para “evitar malinterpretaciones”.
Sobre el ‘pronunciamiento’ en cuestión, impónese antes que nada indagar el lugar desde el cual se emite, y, sobre todo, quienes están detrás de la firma del documento. Claramente no son todos los docentes de esa Facultad, aunque un número significativo. Varias de las firmas, desconozco si la mayoría, responden a militantes del Frente Amplio. Veamos.
Entre los “abajofirmantes”, figuran el excandidato a vicepresidente de la agrupación, Walter Antillón, quien acompañara en la fórmula presidencial a José María Villalta en las elecciones de 2014. Reconocemos también a dos docentes, madre e hijo (¿nepotismo?), militantes y asesores legislativos de dicho partido. También resalta una jueza, vocera del llamado derecho penal mínimo, la bazofia zaffaroniana que suele poner los derechos de los criminales por encima del de los ciudadanos de bien, algo en contra de lo que justamente la mayoría de los costarricenses se pronunció en las urnas. Resalta también una figura conspicua, recalcitrante, del sindicalismo criollo, que jugó un estridente rol durante la campaña contra el TLC con Estados Unidos, pugna que empantanó la sociedad costarricense en una discusión bizantina sobre la necesaria apertura de ciertos mercados. Hoy son los mismos que hablan de la “inminente privatización del ICE” y no tienen ningún empacho para mentir como lo hicieron en aquel entonces.
Recapitulando, existe una suerte de ofensiva de parte del FA y sus terminales universitarias, para hacer pasar actos de solapado proselitismo por “charlas informativas” o “conversatorios”. No es necesario más de un dedo de frente para darse cuenta de que, cuando se invita a solo un vocero interesado, al representante de un partido a emitir criterio —¡político antes que técnico!—, de conversatorio no hay nada, mero monólogo y escucha asertiva de quienes asisten al encuentro casi siempre ya convencidos.
Si bien es cierto que la captura ideológica de parte de ciertos grupos es histórica en las universidades, sobre todo en Facultades de Ciencias Sociales y, claramente, Estudios Generales, vemos con malestar que una facultad otrora plural en términos de ideologías y corrientes de pensamiento, hoy parezca a tiro de ser capturada por cuadros del FA. También hay que llamar la atención sobre algunos proyectos de investigación que parecen cortados al talle de las necesidades “formativas” (¿agitativas?) de dicho partido y adláteres. ¿Está mal que estudiantes y profesores se interesen en política e incluso militen? Por supuesto que no. Como Universidad, debemos estar abierto a todas las tendencias y cosmovisiones. Pero este no es el caso. Ni antes, mucho menos ahora que la Universidad ha decidido apertrecharse en el mismo discurso defensivo y autocomplaciente de siempre que trasunta superioridad moral e intelectual.
Haría bien la Universidad, por el contrario, si abandonase esa posición defensiva, demostrando a quienes la acusan desde afuera —muchas veces de manera injusta y exagerada— que es un espacio plural y sin miedo a la discusión. Pero para ello, es condición sine qua non aceptar que los otros tienen razones dignas de ser escuchadas. Desgraciadamente, esto nunca va a pasar, y la historia seguirá repitiéndose, cada vez más como farsa que como lucha heroica por “la” educación (cuyo monopolio ellos reclaman de manera absoluta). El mismo gastado ideologema de siempre.
Asuntos de fondo. En el pronunciamiento de marras, se sugiere la necesidad de mantener una independencia, con límites claros, entre los poderes de la República. Esto responde a una visión errada del sistema de checks and balances, pues precisamente el control entre poderes implica que la “independencia” de los poderes siempre es relativa. Si fuera el caso, el Ejecutivo no podría vetar una ley, el Legislativo impulsar una moción de censura, o el Judicial declarar inconstitucional un decreto ejecutivo. Como se ve, la chantada de los oportunistas que van a la radio universitaria a decir que el Poder Judicial (PJ) tiene legitimidad de suyo y por encima de toda política, es vergonzoso y cantinflesco. Pero es parte del libreto de la izquierda FA que decidió volverse institucionalista de la noche a la mañana, para acolchonar al —por definición— poder más conservador, como es el Judicial, frente a toda crítica. No obstante, cuando “los ataques” provenían de su campo, se trataba de un “necesario ejercicio crítico” para no olvidar que el PJ responde a ‘intereses creados’ de las élites; ahora que la crítica proviene de sectores que estos supuestos representantes populares miran por encima del hombro, se trataría de una ‘amenaza a la democracia’ de parte del populismo rampante en la región. Chistoso.
Y es que, si el PJ goza de una legitimidad etérea, entonces no habría cabido extraditar a Celso Gamboa, quien llegó nada menos que a magistrado (¡sic!) de la Corte, y hoy aguarda juicio en una celda de Texas, porque las decisiones del PJ serían por definición legítimas, más allá del bien y del mal, compuesto como está de arcángeles y querubines.
Considero que la Universidad ha ido muy lejos en su afán proselitista. Ariel Robles es hoy invitado frecuente, oficial, por parte de decanos e incluso miembros del Consejo Universitario. También los ex—diputados Antonio Ortega, Sofía Guillén, el actual diputado Trejos Mazariegos y el mismo José María Villalta.
Se suman los centros culturales a la “Cruzada por la Democracia”. Como se puso de moda el lugar común —estribillo avanzado por los académicos “anti—establishment” (acomodaticios) de siempre— de que la democracia costarricense está ‘en peligro’, a esa cruzada contra las tinieblas se ha sumado el Centro Cultural de España, entre otros. Con los logos universitarios de rigor, y los mismos personajes gastados y operadores políticos interesados en la gestión de nichos electorales, hoy se coaligan en una especie de joint venture por el “alma de la democracia costarricense” que camina entre tinieblas.
Pregunta (a guisa de conclusión). Para cerrar, el gran cuestionamiento que aquí hoy se impone es uno solo: ¿Debe el Ejecutivo ceder a las demandas de las universidades, cuando no están dispuestas en lo más mínimo a hacer de los campus espacios de discusión y debate plural de ideas? Más aún, ¿tienen los costarricenses la obligación de financiar la militancia del FA, la formación de cuadros y sus actividades proselitistas, haciendo pasar esta estafa por “pensamiento crítico”?