La asociación sostiene que eliminar el trámite administrativo no extingue la obligación legal de respetar los derechos de autor.
Las críticas del diputado oficialista José Miguel Villalobos Umaña contra los cobros por derechos de autor reavivaron el debate sobre la protección de las obras musicales en Costa Rica.
En ese contexto, y luego de que varias municipalidades decidieran eliminar este requisito de los trámites para obtener una patente comercial, la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) defendió la legalidad del mecanismo y pidió que las decisiones se fundamenten en un análisis integral del marco jurídico.
Mediante un pronunciamiento, la asociación manifestó su preocupación por la decisión adoptada por algunos gobiernos locales, al considerar que responde a una interpretación incompleta de la legislación vigente.
Vemos esta tendencia con preocupación, pues consideramos que responde a una lectura incompleta del marco jurídico vigente. El derecho de autor no es un privilegio de ACAM. Es un derecho reconocido por la Constitución Política, por los tratados internacionales vigentes que Costa Rica ha ratificado y por la legislación nacional. Quienes componen la música que suena todos los días en restaurantes, hoteles, comercios y tantos otros negocios tienen derecho a autorizar su uso y a recibir la remuneración que la ley establece".
La asociación sostuvo que el fundamento jurídico para que las municipalidades soliciten la licencia de uso de repertorio musical no depende del derogado artículo 4 del Decreto Ejecutivo N.° 23485-MP.
En cambio, se sostiene en la Constitución, los tratados internacionales, en la Ley 6683, en el Código Municipal y en jurisprudencia que sigue plenamente vigente. Eliminar un requisito administrativo no elimina la obligación legal que hay detrás de él, y son dos asuntos que no deberían confundirse a la hora de tomar una decisión de este tipo".
ACAM indicó que respeta la autonomía de cada municipalidad para tomar decisiones dentro de sus competencias, aunque insistió en que estas deben sustentarse en una revisión completa de la normativa aplicable.
Como ejemplo, señaló que algunos gobiernos locales optaron por mantener el requisito tras analizar el marco normativo y la jurisprudencia vigente.
Prueba de que un análisis completo del marco jurídico puede llevar a esa conclusión es la decisión del Concejo Municipal de Cartago, el de Montes de Oca y de otras municipalidades, que luego de revisar a profundidad el marco normativo vigente y la jurisprudencia, optaron por mantener este mecanismo de verificación. En cuanto a las tarifas que administramos, estas responden a criterios también utilizados por sociedades de gestión colectiva en otros países. Tenemos toda la disposición de explicar esa metodología con el detalle que se requiera, ante cualquier municipalidad o ante el ente que corresponda".
La asociación también hizo un llamado al diálogo entre los sectores involucrados:
Comerciantes y creadores no son adversarios. Somos parte del mismo tejido económico y cultural que da empleo y mueve al país. Reafirmamos nuestra disposición al diálogo, a la transparencia en el manejo de los recursos que administramos, y a construir junto con las municipalidades y los sectores productivos una solución que dé seguridad jurídica a todos".
Finalmente, ACAM insistió en que la protección del derecho de autor constituye una obligación jurídica y un compromiso del país: "El respeto al derecho de autor no es una posición ideológica ni política. Es un compromiso con el Estado de Derecho, con los compromisos internacionales asumidos por el país en múltiples acuerdos, con la cultura y con miles de creadores que merecen que su trabajo sea reconocido y justamente remunerado".