Diputado oficialista rechaza aumentar penas y crear una unidad policial dentro de Recope; Marta Esquivel defendió la propuesta del Ejecutivo.
El diputado oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) José Miguel Villalobos Umaña rompió este jueves por la noche con la línea del gobierno en torno al proyecto de ley que pretende endurecer las sanciones por robo de combustibles y anunció que no apoyará ningún aumento de penas incluido en la iniciativa.
Villalobos externó su posición durante una sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, en la que se tramita el expediente 25.206, "Ley para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el robo de combustibles y delitos conexos".
El proyecto lo presentaron a la corriente legislativa en septiembre del año pasado el entonces presidente Rodrigo Chaves Robles (actual ministro de la Presidencia y Hacienda), el entonces ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero (designado embajador de Costa Rica ante la ONU en Suiza), y el entonces ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde (actual ministro de Seguridad Pública).
La iniciativa pretende aumentar de 1 a 4 años a entre 5 y 15 años las penas de prisión por transporte y distribución ilegal de combustibles. Además, amplía el tipo penal para incluir como conductas sancionables la comercialización y la posesión ilegítima de combustibles o sus mezclas.
También aumenta de 2 a 5 años a entre 3 y 8 años de prisión las penas por el delito de favorecimiento ilegal de combustibles, y las agrava con penas de 5 a 8 años cuando el inmueble facilitado esté afectado por una servidumbre de poliducto o de paso a favor de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
En el caso del delito de robo o apoderamiento ilegal de combustibles, el proyecto del Ejecutivo no aumenta las penas actuales, fijadas de 5 a 15 años, pero amplía la conducta sancionada, pues elimina la exigencia de que el apoderamiento ocurra "mediante el uso de fuerza o violencia sobre las personas" y propone castigar a quien se apodere ilegítimamente "por cualquier medio". También impone la misma pena a funcionarios públicos o personas trabajadoras de Recope que colaboren, faciliten o participen en la sustracción o apoderamiento ilegal.
El texto modifica, además, el delito de apoderamiento, alteración o manipulación de sistemas de control, que la ley vigente castiga con penas de 3 a 8 años de prisión, para añadir como conducta sancionable el daño a esos sistemas o instrumentos de control.
En el caso del delito de disposición ilegal de combustibles exonerados para pesca, el proyecto no aumenta la pena actual de 3 a 5 años de prisión, pero amplía el tipo penal al incluir la posesión y la frase "sin poder demostrar su procedencia legítima".
La comisión legislativa convocó la sesión extraordinaria después del plenario de este jueves, debido a que el proyecto tiene como fecha máxima para dictamen este viernes 5 de junio.
Además de los cambios en las penas, la iniciativa pretende crear la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible (UPED), como un órgano adscrito a Recope con facultades de “policía auxiliar” para realizar detenciones, decomisos, inspecciones, allanamientos y portar armas.
Durante la sesión, la comisión conoció un informe de subcomisión suscrito por la diputada Abril Gordienko López, de la Unidad Social Cristiana, y Eder Hernández Ulloa, de Liberación Nacional. Según explicó Gordienko, ese informe elimina la creación de la UPED, debido a los criterios jurídicos que alertaron sobre eventuales roces constitucionales.
Gordienko sostuvo que la redacción original del proyecto "no debe aprobarse sin que se le hagan ajustes sustanciales", porque introduce "serios riesgos de inconstitucionalidad" por contradecir principios de racionalidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Tanto el Organismo de Investigación Judicial como la Fiscalía General de la República manifestaron preocupaciones relevantes sobre la creación de la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible prevista en el artículo 23 del proyecto”.
La diputada socialcristiana agregó que conferir potestades policiales a una entidad con naturaleza de sociedad anónima, como Recope, "implica desdibujar los límites institucionales del Estado" y genera "un claro riesgo de inconstitucionalidad".
También advirtió que algunas disposiciones podrían interpretarse como una inversión de la carga de la prueba, al obligar a la persona investigada a demostrar la licitud de su conducta. "Esto contraviene el artículo 39 de la Constitución Política, según el cual corresponde al Estado probar la culpabilidad y no al ciudadano probar su inocencia", afirmó Gordienko.
Tras esa intervención, Villalobos tomó la palabra para rechazar los aumentos de penas y cuestionar tanto el texto de mayoría como el informe de minoría, que había presentado su compañera y presidenta de la comisión, Marta Esquivel Rodríguez.
"El Derecho penal constitucionalmente es un derecho de intervención mínima del Estado, en virtud de las consecuencias lesivas para la libertad personal que se tiene cuando se crean delitos o penas sancionadas con privación de libertad", dijo el diputado.
Villalobos afirmó que, por su formación y experiencia profesional, se opone “siempre” a los aumentos de penas, salvo en casos excepcionales "debidamente justificados y fundamentados". Según el legislador, el proyecto incurre en el riesgo de convertir conductas que, a su criterio, podrían tratarse como faltas administrativas en delitos sancionados con cárcel.
Las penas ya de por sí altas de la Ley 9852... es la ley que se reforma en este proyecto, que si hubiera sido yo diputado en ese momento, jamás hubiera votado".
El legislador cuestionó particularmente la reforma al artículo 7, sobre transporte, distribución y comercialización ilegítima de combustibles, al señalar que el texto sustitutivo propuesto a la comisión por los diputados Gordienko y Hernández plantea una pena de 3 a 8 años frente a la sanción vigente de 1 a 4 años. "Ya solo ahí triplica el mínimo y duplica el máximo", dijo Villalobos. La propuesta del Poder Ejecutivo es que esa pena pase a ser de 5 a 15 años.
El diputado también objetó expresiones incluidas en la tipificación penal, como la posibilidad de sancionar cuando una persona "deba razonablemente presumir el origen" del combustible.
¿Cómo es posible que se tipifique una conducta y se sancione penalmente a alguien porque deba presumir el origen de un bien? Eso no soporta el más mínimo control de constitucionalidad”.
Villalobos además rechazó la posibilidad de crear delitos de peligro relacionados con combustibles y señaló errores de técnica legislativa en disposiciones sobre participación y autoría penal.
Los incrementos de penas no serán aprobados ni votados por este servidor”.
El legislador también criticó la creación de la UPED y calificó esa propuesta como un “ornitorrinco jurídico”.
No puede ser que se cree una unidad policial dentro de una sociedad anónima. Eso es impensable, eso es demencial. Eso no soporta la más mínima lógica. Al menos el dictamen de la propuesta de mayoría de don Eder y doña Abril no contienen esa esperpéntica figura”.
Villalobos adelantó que votaría como texto base de discusión el informe de minoría por “solidaridad política” con el oficialismo, pero anunció que presentará mociones para suprimir los artículos relacionados con tipos penales y con la unidad policial.
No votaré ninguna de las reformas que tiene que ver con tipos penales. Ninguna. Y no votaré tampoco ningún aspecto relacionado con la creación de esta unidad policial. Voy a votar favorablemente toda moción que tienda a suprimir esos artículos del proyecto. Y finalmente, si la mayoría toma la decisión de apoyar la creación de la unidad y la creación de tipos penales, yo haré un dictamen de minoría negativo”.
La posición del jurista no fue compartida por su compañera de fracción y presidenta de la comisión, Marta Eugenia Esquivel, quien presentó un informe de subcomisión de minoría que respalda el proyecto impulsado por el Gobierno.
Esquivel defendió que el objetivo de la iniciativa consiste en aumentar penas para determinadas conductas ilegales y crear una unidad especializada dentro de Recope.
"La finalidad de este proyecto de ley es clarísima, es aumento de penas en determinadas conductas que se consideran ilegales y la creación de una unidad especializada a lo interno de Recope", dijo.
La diputada oficialista sostuvo que el poliducto requiere protección especializada y defendió que Recope, aunque opera como sociedad anónima, constituye una empresa pública cuyas acciones pertenecen al Estado. "Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a Recope y han caminado el poliducto. Realmente ahí se requiere una policía especial", afirmó Esquivel.
La presidenta de la comisión también ligó el robo de combustibles con el narcotráfico y el crimen organizado, y sostuvo que una policía especializada en esa materia resultaría “muy valiosa”.
Yo sí creo que es importante el tema de las figuras penales que se incorporan y con algunas clarificaciones que tendrán que hacerse sin lugar a dudas. Pero si vaciamos de contenido este proyecto, cualquiera de esos dos elementos, la verdad que queda muy desfigurado la intención inicial de este proceso”.
Posterior a su intervención, Esquivel decretó un receso que se prolongó por más de una hora y quince minutos, tiempo durante el cual los legisladores oficialistas estuvieron reunidos fuera del salón de la comisión.
Al volver, el oficialismo puso a la oposición en conocimiento de lo conversado durante el encuentro y Esquivel levantó la sesión, sin someter a votación los informes de subcomisión, dando por convocado el foro para el próximo martes 9 de junio.
Según lo poco que los legisladores hablaron en micrófonos posterior al receso, se acordó que Villalobos presentará una moción que hará modificaciones al texto propuesto, y la cual sería apoyada por el resto.
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Esta noticia fue actualizada a las 20:20 horas con los hechos ocurridos después del receso decretado por el oficialismo.