Informe complementario señala que la jornada extraordinaria debe ser excepcional, ocasional y transitoria, y advierte además sobre la acumulación de reclamos por diferencias salariales.
La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe complementario sobre la liquidación presupuestaria del Poder Judicial correspondiente a 2025, en el que señaló debilidades en el control del pago de horas extra y en la atención de reclamos administrativos por diferencias salariales.
La auditoría financiera de la Contraloría sobre la liquidación presupuestaria del Poder Judicial de 2025 emitió una opinión adversa. El informe complementario divulgado este martes desarrolla situaciones de control identificadas durante esa fiscalización.
Según el informe, durante 2025 el Poder Judicial reconoció de manera permanente horas extra por ₡261 millones en el Servicio Penal de Turno Extraordinario de San José y en la Oficina de Recepción de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Contraloría concluyó que esa práctica desnaturaliza el carácter excepcional de la jornada extraordinaria y puede implicar el incumplimiento de los límites aplicables a las jornadas ordinarias de trabajo.
Esta remuneración debe ser estrictamente excepcional, ocasional y transitoria; por lo que no debe utilizarse para cubrir necesidades permanentes del servicio ni como un sobresueldo fijo".
La entidad fiscalizadora indicó que el problema se origina en modelos de trabajo que dependen de las horas extra para garantizar la cobertura continua de determinados servicios, así como en una planificación de recurso humano que no responde a las cargas de trabajo actuales.
El informe añade que, en marzo de 2026, la Corte Plena aprobó una estrategia para eliminar el pago permanente de horas extra en el Servicio Penal de Turno Extraordinario de San José mediante un rediseño de jornadas y horarios.
Sin embargo, la Contraloría advirtió que esa solución todavía es parcial a nivel institucional. El Poder Judicial mantenía pendientes estudios y criterios jurídicos para determinar si las mismas condiciones se presentan en otras dependencias, como la Unidad de Cárceles del Primer y Segundo Circuito Judicial de San José, el Juzgado de Violencia Doméstica de Turno Extraordinario y el Centro de Intervención de las Comunicaciones.
En esas tres dependencias se desembolsaron al menos ₡245 millones por concepto de horas extra, aunque el informe no concluye que esos pagos hayan sido reconocidos de forma permanente.
920 reclamos por diferencias salariales pendientes
El informe también identificó una acumulación de 920 gestiones administrativas pendientes de resolver por diferencias salariales, con corte a febrero de 2026. Los casos más antiguos datan de 2014. Del total, 645 gestiones —equivalentes al 70%— correspondían a reclamos por anualidades, mientras que 178, o el 19%, se relacionaban con carrera profesional. La mayor cantidad de solicitudes pendientes correspondía a 2025, con 583 casos. Además, 86 expedientes se habían presentado entre 2014 y 2023, 94 durante 2024 y 157 en 2026.
La Contraloría atribuyó el atraso principalmente a la dependencia de controles y procesos manuales para atender y resolver los estudios por diferencias salariales.
El informe advierte que la falta de resolución oportuna puede generar contingencias financieras para el Poder Judicial, debido al eventual crecimiento de los pagos retroactivos y al riesgo de asumir costos por intereses moratorios, indexación salarial y costas procesales.
No obstante, en las observaciones remitidas al borrador del informe, el Poder Judicial indicó que implementó un plan de contingencia y automatizó acciones de personal en el sistema de pagos a partir de mayo de 2026. Según esa respuesta institucional, el volumen de casos pendientes se redujo a 541 gestiones al 17 de junio de 2026, lo que representaría una atención del 41,2% del pendiente inicialmente reportado.
Contraloría ordena acciones correctivas
La CGR dispuso que Orlando Aguirre Gómez, en su condición de presidente de la Corte Plena, someta a discusión de ese órgano las situaciones relacionadas con el pago de horas extra. La Corte Plena deberá definir y oficializar acciones correctivas inmediatas para que el reconocimiento del tiempo extraordinario se ajuste a su carácter excepcional, ocasional y transitorio.
La Contraloría fijó como fecha límite el 27 de enero de 2027 para acreditar que la Corte Plena definió esas acciones e instruyó a las instancias internas responsables de ejecutarlas. Además, deberá presentar informes de avance en abril y julio de ese mismo año.
Por otra parte, la Contraloría ordenó a la Dirección de Gestión Humana diseñar, oficializar e implementar un mecanismo permanente de control, seguimiento y trazabilidad para atender los reclamos por diferencias salariales.Ese mecanismo deberá permitir gestionar tanto los casos acumulados como las solicitudes que ingresen posteriormente, con el objetivo de reducir riesgos financieros y evitar una nueva acumulación de expedientes.