Piense por un momento en todo lo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) administra simultáneamente. Atiende más de treinta hospitales y cientos de clínicas y EBAIS a lo largo del país. Gestiona el único régimen contributivo de pensiones que cubre a la mayoría de trabajadores costarricenses. Opera el sistema de incapacidades que sostiene a miles de familias cuando la enfermedad interrumpe el ingreso. Regula las cargas sociales que financian todo lo anterior. Es, en la práctica, el mayor proveedor de salud, el principal fondo de retiro y la red de protección laboral más importante del país, todo al mismo tiempo. Ninguna otra institución costarricense toca tantas vidas, en tantos momentos críticos, de forma tan directa.
Eso es exactamente lo que hace que su deterioro sea tan peligroso y que su mala gestión histórica no pueda pasar desapercibida. Y, para ejemplos del monstruo que se ha creado, con estupor recientemente me enteré de que da préstamos de vivienda. La CCSS tiene muchos retos, pero no son de la institución per se, son retos país:
El tiempo nos cobra
El primer reto es demográfico, y es el más profundo porque es estructural e irreversible. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), Costa Rica registra una tasa global de fecundidad de apenas 1,2 hijos por mujer —muy por debajo del nivel de reemplazo generacional de 2,1— y una de las tasas brutas de natalidad más bajas de América Latina, con 9,6 nacimientos por cada mil habitantes.
El modelo de reparto que sustenta a la CCSS —donde los activos de hoy pagan las pensiones de los jubilados de hoy— necesita una base contributiva amplia y creciente. Con menos jóvenes entrando al mercado laboral y más adultos mayores reclamando beneficios, la ecuación se deteriora de forma acelerada.
El INEC proyecta que la fecundidad seguirá cayendo hasta un mínimo de 1,14 hijos por mujer en 2031 y que la población costarricense comenzará a disminuir en términos absolutos a partir de 2044. No estamos hablando de un riesgo teórico. Estamos hablando de una cuenta regresiva.
Las reservas se agotaron
El segundo reto ya dejó de ser proyección: es realidad documentada. Según reportes recientes, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) agotó sus ingresos corrientes durante 2025 y debió recurrir a sus reservas para pagar pensiones, un hecho inédito en la historia de la institución. El detonante: una deuda cuestionable del Estado con el régimen que supera el billón de colones, acumulada por años de incumplimiento sistemático del Gobierno central en sus aportes patronales.
La Contraloría General de la República ya había advertido un faltante de ₡452 mil millones en las transferencias del presupuesto 2026 a la CCSS. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo pasado, fue explícito: las reservas del IVM y del Seguro de Enfermedad y Maternidad son insuficientes para las necesidades de largo plazo.
Una institución que no sabe cuánto gasta
El tercer reto es de gobierno corporativo. La CCSS tuvo atrasos con el portafolio de inversiones 2026-2035, instrumento clave para planificar infraestructura, equipamiento y tecnología. Los atrasos se atribuyeron a que la Gerencia Financiera no pudo entregar a tiempo la información necesaria para elaborar la evaluación actuarial del Seguro de Salud, con corte a diciembre de 2023, que debía haber estado lista en noviembre de 2024. La Junta Directiva tuvo que otorgar dos prórrogas y ordenó una investigación a la Auditoría Interna.
Entretanto, tres médicos privados emitieron más de 21.000 certificados de incapacidad en solo cuatro meses, generando alertas sobre un posible sistema de fraude masivo que sangra recursos a la institución. Una Caja que no sabe cuánto invierte y no puede controlar lo que le cuesta no tiene un problema de recursos: tiene un problema de gestión.
La institución que le cierra la puerta al que quiere pagar
El cuarto reto es quizá el más difícil de entender de todos, porque involucra a personas y empresas que están tratando de cumplir con sus obligaciones legales y la burocracia no actualizada se los impide.
En plena era del trabajo remoto y la economía digital, donde miles de empresas operan sin una oficina física convencional y donde el Estado costarricense ya digitalizó trámites críticos como la firma digital o la factura electrónica, la CCSS sigue exigiendo presencia física para inscribir patronos, lo que involucra una visita sorpresa del funcionario.
Por otra parte, el proceso para el trabajador independiente requiere visita a ventanilla, fotocopias de escrituras y la intervención manual de un funcionario, como si estuviera gestionando un trámite en 1992. No hay forma de que permitan un poder especial para tramitar la inscripción.
Pero el verdadero escándalo no es la burocracia. Es que esa burocracia rechaza inscripciones. Empresas legalmente constituidas, con cédula jurídica activa, inscritas ante el Registro Nacional, registradas en el Ministerio de Hacienda —es decir, empresas que el Estado ya conoce completamente— son rechazadas por la CCSS por detalles formales que obligan a iniciar el proceso desde cero. Pueden pasar semanas, incluso meses, sin que un patrono pueda inscribirse y comenzar a reportar a sus trabajadores. Durante ese tiempo, la empresa queda en una zona gris legal: quiere cumplir y no puede.
La inscripción patronal debería ser automática. La información ya existe en el Registro Nacional y en Hacienda. La CCSS solo necesitaría cruzar datos. En cambio, el sistema está diseñado como si el patrono fuera sospechoso hasta que demuestre lo contrario, con un funcionario de turno como árbitro. El resultado es predecible: más informalidad, menos empleo reportado, menos contribuciones al sistema que urge de recursos.
Es innecesario que un funcionario realice una visita para “comprobar” si es real el empleo. Si hay alguna preocupación o deber de verificación, debería ser a posteriori, no antes.
Nueve personas que inciden en la competitividad y en la contribución
El quinto reto es de legitimidad democrática. Desde el 1.° de enero de 2026, las cargas al IVM subieron: trabajadores aportan un 10,83% y patronos un 26,83%, lo que representa ₡1.600 adicionales por cada millón de colones de salario, mes a mes. Y ahora la Junta Directiva presentó un paquete de 20 medidas que incluye reducir la tasa de reemplazo del IVM del rango actual de hasta 57,5% a uno de entre 40% y 43%, y elevar de 300 a 360 las cuotas necesarias para pensionarse: cinco años más de vida laboral para acceder a una pensión menor.
Estas decisiones las toman nueve personas que la mayoría de costarricenses no conoce, no eligió y difícilmente podría nombrar. Sin embargo, sus acuerdos definen cuánto recibirá usted en su vejez, e incluso la competitividad del país en la atracción y generación de empleo, dado que tienen la potestad de crear y aumentar tributos, con poquísima discusión y supervisión.
Una institución que maneja un presupuesto tan monstruoso y tiene encomendadas tareas tan determinantes en la paz social debe contar con directivos con probada trayectoria profesional y una preparación académica que los respalde, pero aún más, las gerencias deben estar en todo momento bajo escrutinio técnico.
El costo de no actuar
La presidenta Laura Fernández asume con mayoría legislativa y una ventana de oportunidad que no se repetirá pronto. La pregunta no es si la CCSS necesita reforma —eso ya no está en debate— sino quién va a tener el coraje de conducirla con honestidad. Porque si esta administración posterga la discusión, las consecuencias serán concretas e irreversibles: más aumentos de cargas sobre trabajadores y patronos para sostener un sistema que no se transforma, pensiones que van a la baja mientras se exige más tiempo de cotización, mayor informalidad mientras el empleo formal se encarece, y una generación entera que cotizará toda su vida activa para recibir menos de lo que le prometieron.
La Caja no puede seguir siendo el elefante en la sala de cada gobierno. Reformarla no es atacar la solidaridad: es la única forma de preservarla.