La diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz presentó junto a otros cuatro congresistas un proyecto de ley que propone eliminar el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad en Costa Rica a partir del año 2045.
La iniciativa, que se tramitará bajo el expediente 25.526, plantea una transformación estructural del sistema eléctrico nacional con el objetivo de consolidar una matriz completamente renovable y alineada con los compromisos internacionales de descarbonización.
El texto establece que, desde el 1 de enero de 2045, quedará prohibida la importación, comercialización, distribución y uso de combustibles fósiles para fines de generación eléctrica. La medida incluye derivados del petróleo, gas natural y otros hidrocarburos destinados a la producción energética.
No obstante, el proyecto contempla excepciones estrictamente delimitadas. Se permitirá el uso temporal de estos combustibles únicamente en casos de emergencia nacional, desastres naturales o cuando se requiera respaldo del Sistema Eléctrico Nacional ante condiciones climáticas, técnicas u operativas que impidan el abastecimiento mediante fuentes limpias.
En esos escenarios, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) deberá justificar técnicamente la necesidad de recurrir a generación térmica, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) asumirá la supervisión y el reporte público de dichas decisiones.
Según la exposición de motivos, la propuesta se sustenta en el hecho de que Costa Rica ya dispone de una matriz eléctrica predominantemente renovable. Según datos citados en el proyecto, en 2024 el país atendió el 86,8% de su demanda eléctrica con fuentes renovables y generó el 89,4% de su electricidad a partir de energías limpias.
La hidroelectricidad continúa como la principal fuente de generación, complementada por la geotermia, la energía eólica, la biomasa y, en menor medida, la solar. Esta combinación permite al país mantener altos niveles de sostenibilidad, aunque también evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de respaldo ante variaciones hidrológicas y fenómenos climáticos como El Niño.
El proyecto reconoce que, pese al liderazgo del país en energías renovables, el sistema aún depende de plantas térmicas en momentos críticos. Estas situaciones, señala el texto, responden a contingencias operativas o a condiciones climáticas que reducen la disponibilidad de recursos hídricos.
La iniciativa enfatiza que la transición energética no responde únicamente a objetivos ambientales, sino también a razones económicas. Costa Rica depende en gran medida de la importación de hidrocarburos, lo que expone al país a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo. Esa dependencia, según el proyecto, impacta el costo de vida, presiona las finanzas públicas y limita la capacidad de inversión interna. Además, incrementa la vulnerabilidad ante crisis geopolíticas y fluctuaciones del mercado energético global.
El documento detalla que el ICE registró un aumento significativo en los costos asociados a la generación térmica en los últimos años. El gasto en combustibles pasó de aproximadamente 8000 millones de colones en 2022 a cerca de 65.000 millones de colones en 2023, en parte debido a la reducción de caudales hidroeléctricos provocada por el fenómeno de El Niño.
También menciona que el uso de diésel —un combustible más caro y menos eficiente— en plantas como la de Garabito elevó los costos operativos del sistema, con efectos que se trasladan a las tarifas eléctricas.
El proyecto vincula la eliminación de combustibles fósiles con una estrategia más amplia de electrificación de la economía, especialmente en el sector transporte, que representa más del 40% de las emisiones de dióxido de carbono equivalente en el país.
La propuesta sostiene que el uso de electricidad renovable permitirá reducir costos operativos en sectores productivos, mejorar la eficiencia energética y fortalecer la competitividad nacional.
Uno de los pilares de la iniciativa es el impulso a los sistemas de almacenamiento de energía, considerados fundamentales para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico ante la creciente incorporación de fuentes renovables variables.
El proyecto establece que el Minae deberá incluir metas específicas de capacidad instalada de almacenamiento en la política energética nacional, así como mecanismos de seguimiento para evaluar su implementación.
Además, propone incentivos fiscales para estos sistemas, incluyendo la exoneración de impuestos a equipos y materiales utilizados en almacenamiento energético hasta el año 2045.
El texto destaca que estas tecnologías permiten equilibrar la oferta y la demanda eléctrica, reducir la congestión en las redes y optimizar el uso de la infraestructura existente. También señala que los costos de las baterías han disminuido significativamente en la última década, lo que facilitaría su adopción.
El proyecto deberá ser asignado a estudio de una comisión para iniciar su trámite en el Congreso.
Breves
— Este miércoles el plenario fracasó nuevamente en nombrar algún magistrado suplente de la Sala Constitucional, al no obtener ningún candidato los 38 votos requeridos en la quinta y sexta ronda de votación. Nueva República, el oficialismo y sus aliados continúan saboteando la votación, emitiendo votos en blanco, nulos o ausentándose.
— El presidente Rodrigo Arias Sánchez anunció este miércoles que el expediente abierto por la denuncia de hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado Muñoz aparecerá en el orden del día del plenario de este jueves, y que analizará las acciones a tomar para garantizar que no haya inacción legislativa respecto a la votación de ese asunto. Justo este 22 de abril se ordenó el traslado de copias confidenciales de los tres informes emanados de la comisión investigadora.
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Asuntos Sociales dictaminó afirmativamente por mayoría el expediente 25.173 "Ley para la creación del Premio Nacional de Gastronomía", el expediente 25.084 "Reforma del artículo 29 y adición de un artículo 60 bis, ambos de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley 17 del 22 de octubre de 1943, para establecer condiciones diferenciadas para el pago de las cuotas contributivas de los trabajadores independientes", el expediente 24.978 "Ley para autorizar al Estado y a cualquier institución pública a colaborar y realizar donaciones a favor de la Fundación Pro-Mundo - 'Chepe se baña'", y el expediente 24.852 "Modificación de los artículos 3, 36 y 60 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Ley 17 del 22 de octubre de 1943, para establecer el límite de 65 años para obtener el derecho a la pensión y 40 años como plazo máximo de cotizaciones para que las personas aseguradas puedan acceder a una pensión por vejez".
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 40 a La Gaceta N.° 73 del miércoles 22 de abril de 2026 se publicó y entró a regir la siguiente ley:
— Ley 10.889 "Ley de protección a las personas consumidoras en la custodia de su dinero que administra cualquier entidad financiera en Costa Rica ya sea pública o privada, autorizada para este fin" que se tramitó bajo el expediente 23.908. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate en la Comisión Plena Tercera el 23 de marzo de 2026, por lo que transcurrieron 30 días para que fuera publicada en La Gaceta.