La bancada oficialista en la Asamblea Legislativa retiró el apoyo a un proyecto de ley que obligaría a los privados de libertad a entregar una prueba de ADN como requisito para solicitar beneficios carcelarios, dos meses después de haber votado a favor del mismo texto sometido a conocimiento del plenario este jueves.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.341 es iniciativa de la bancada del Partido Liberal Progresista y busca facilitar la identificación de personas condenadas por hechos delictivos mediante la incorporación de perfiles de ADN no codificante en la base de datos que administra el Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este proyecto ya había sido aprobado en primer debate el 9 de febrero por la unanimidad de los 41 congresistas presentes, sin embargo, el 12 de febrero se aprobó una moción de retrotracción para hacer cambios al texto los cuales finalmente no se propusieron en la ventana de tiempo habilitada para ello, por lo que la iniciativa se sometió nuevamente a votación con el mismo texto votado en febrero.
Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo, tomó la palabra para anunciar que su bancada ahora votaría en contra de la iniciativa, alegando que no contaba con una fuente de financiamiento para ejecutarla, y que el peso de la carga financiera de la iniciativa recaería en el Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
La bancada oficialista va a votar en contra de este proyecto, no porque estemos en contra, estamos totalmente a favor y nos parece una excelente iniciativa que va a ayudar, pero para variar ¿de dónde vamos a sacar los fondos? Aunque Eli Feinzaig acaba de explicar que el Laboratorio está en el OIJ, le toca al MInisterio de Justicia sacar y mandar las muestras, no hay suficiente personal y no se establece, para variar, ningún monto o ingreso adicional al Ministerio de Justicia para que pueda cumplir con este proyecto de ley".
Cisneros, sin embargo, no dijo por qué pese a esa objeción, su bancada no presentó ninguna moción de fondo dentro del plazo que se había habilitado para plantearle enmiendas a la iniciativa.
El diputado Eliecer Feinzaig Mintz, proponente del expediente, atribuyó la ahora negativa del oficialismo de apoyar la propuesta a una animadversión en su contra.
Hemos escuchado el acto de absoluta mezquindad de la fracción oficialista, de decir "nos parece que es un magnífico proyecto" lo único que le faltó decir es "pero como lo propuso Eli Feinzaig no lo vamos a apoyar"... ¿verdad? Es un proyecto que el costo que genera es el costo de los reactivos, los consumibles para cada prueba que se hace, que estamos hablando de 10 o 20 dólares por persona, por privado de libertad, que si hubiera voluntad de hacerlo, lo hace el Ministerio de Justicia sin tener que modificar el presupuesto en gran cosa. ¿De cuántos privados de libertad estamos hablando que reciben el beneficio carcelario cada año? Es un monto realmente pequeño".
Feinzaig atribuyó la negativa del oficialismo a su patrón reiterado de oponerse a iniciativas en materia de seguridad, tal como el girar recursos que la Asamblea Legislativa le aprobó al OIJ y a la Policía de Migración.
"Quieren proyectos en materia de seguridad, dicen que la Asamblea no hace nada pero apenas llega un proyecto si no es de ellos lo apoyan, lo cual demuestra que nos les interesa el tema de la seguridad, lo que les interesaba era la narrativa de poder poner a la población en contra de la Asamblea Legislativa", sentenció Feinzaig.
El diputado del PLP instó al resto de la oposición a tener el mayor quórum posible en el plenario el próximo 14 de abril, fecha que la presidencia designó para la votación en segundo debate, señalando que requiere 38 votos a favor para aprobarse definitivamente.
Dato D+: La Corte Plena por votación de 11 vs. 10 resolvió que este proyecto no incide en la organización y funcionamiento del Poder Judicial, por lo que el indicativo de la mayoría calificada para la aprobación definitiva tendría sustento en el derecho a la intimidad, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política.
Según el texto aprobado, la toma de muestras aplicará a las personas condenadas que soliciten beneficios como la libertad condicional, el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, la conmutación de la pena, el indulto, la rehabilitación o los permisos de salida, entre otros. La entrega o actualización del registro biométrico se convertirá en un requisito previo indispensable para el disfrute de estos beneficios.
La ley establece que el perfil genético se elaborará exclusivamente a partir de información no codificante, con fines estrictamente identificatorios, y no permitirá el acceso a datos sensibles de las personas. Además, la normativa prohíbe cualquier uso secundario o comercial de la información recopilada.
El Ministerio de Justicia y Paz se encargará de trasladar las muestras al OIJ para su análisis e incorporación en la base de datos correspondiente, bajo un esquema de cooperación interinstitucional que deberá garantizar la protección de los datos personales y la cadena de custodia.
La iniciativa faculta al OIJ a utilizar la base de datos de ADN para cumplir sus funciones de investigación, es decir, podrá usar las muestras para cotejarlas con posibles casos abiertos donde haya evidencia de ADN que permita dar con los responsables de un hecho delictivo.
El proyecto también adiciona un artículo al Código Penal para dejar explícito que todos los beneficios otorgados a personas condenadas quedarán supeditados al cumplimiento de este registro biométrico.
De aprobarse en segundo debate, la ley entrará en vigor a partir de su publicación y el Poder Ejecutivo contará con un plazo máximo de tres meses para realizar las reformas reglamentarias necesarias.
Breves
— Con 32 votos a favor y 6 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.353 "Ley para descongelar las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto otorgadas al amparo de las leyes 2248 y 7268. Adición de un párrafo nuevo al inciso a) del artículo 13 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N°9635, del 3 de diciembre del 2018".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.710 "Reforma del inciso b) y adición de un inciso i) al artículo 143 y reforma del inciso b) del artículo 150 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, del 04 de octubre del 2012. Ley que multa acrobacias y maniobras negligentes en motocicletas y vehículos automotores en vías públicas terrestres".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 23.485 "Ley para el cumplimiento, control y penalización de las quemas en terrenos de aptitud agrícola y pecuaria. Reforma al artículo 24 de la Ley N.º 7779, Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos; así como reforma al artículo 229 y adición del artículo 253 ter a la Ley N.º 4573, Código Penal".
— Con 39 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 22.242 "Adición de dos transitorios y un párrafo final al artículo 104 del Código Electoral, Ley N.º 8765 y sus reformas de 19 de agosto de 2009, Ley para regular la prescripción de la contribución estatal a los partidos políticos".
— Con 41 votos a favor y 0 en contra se aprobó en primer debate el expediente 24.327 "Ley para adicionar los incisos 14) y 15) al artículo 4 de la Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial. Creación de banco de material genético y seguimiento de ofensores de delitos sexuales".
— Con 45 votos a favor y 0 en contra se aprobó que la Asamblea Legislativa traslade la sede de su Sesión Solemne del 8 de mayo de 2026 al INS Estadio, a las 11:00 a.m., para recibir el juramento constitucional de la Presidenta y Vicepresidentes electos de la república.
— Con 34 votos a favor y 9 en contra el plenario rechazó las razones de constitucionalidad dadas por el Poder Ejecutivo para vetar el Decreto Legislativo 10.706 que se tramitó bajo el expediente 22.817 "Adición de los artículo 226 bis y 226 ter a la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993, y sus reformas", trasladando el expediente a la Sala Constitucional para su conocimiento.
— Con 33 votos a favor y 7 en contra el plenario rechazó las razones de constitucionalidad dadas por el Poder Ejecutivo para vetar el Decreto Legislativo 10.656 que se tramitó bajo el expediente 23.192 "Ley para garantizar la reglamentación de las leyes por parte del Poder Ejecutivo".
— Con 42 votos a favor y 1 en contra se aprobó que el plenario se declare en receso el miércoles 29 y jueves 30 de abril de 2026. Se cancelan todas las sesiones de órganos legislativos y se suspenden los plazos legales y reglamentarios.
Proyectos dictaminados
— La Comisión Especial sobre el Sector Energético Nacional dictaminó afirmativamente el expediente 25.271 "Ley para promover la valorización energética de residuos orgánicos y fortalecimiento de la generación sostenible".
— La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó los informes finales del expediente 25.156 "Investigación en torno a la posible adquisición, por parte del gobierno, de una póliza destinada a la protección de altos jerarcas", del expediente 25.082 "Investigación sobre la injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo en contra de la institucionalidad y autonomía del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), entidad cuyas actuaciones pueden tener incidencias en el Sistema Financiero Nacional" y del expediente 23.859 "Investigación sobre la existencia de irregularidades en la compra del Parque Empresarial del Pacífico, por parte de BCR-SAFI a la Sociedad Anónima del exdiputado Humberto Vargas Corrales, por la suma de 70.8 millones de dólares en perjuicio del BCR".
— La Comisión de Derechos Humanos dictaminó afirmativamente el expediente 24.551 "Ley para la protección y garantía del derecho a la ciudad" y el expediente 25.028 "Ley para la gobernanza marina democrática en Costa Rica".
— La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación dictaminó afirmativamente el expediente 25.115 "Adición de un inciso e) al artículo 16 y modificación del artículo 18 de la Ley Estímulo Estatal de Pago de Salarios del Personal Docente y Administrativo de las Instituciones Privada de Enseñanza, Ley N° 8791 del 18 diciembre del 2009 y sus reformas. Ley para brindar seguridad jurídica sobre el carácter público de las personas funcionarias de instituciones privadas de enseñanza subvencionada".
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.