Instituto de Estudios de la Mujer indicó que el argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo.
El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresó su indignación y preocupación ante la negativa de la Asamblea Legislativa de conocer y votar la posible sanción ética al diputado Fabricio Alvarado Muñoz por la denuncia por hostigamiento sexual presentada por la exdiputada Marulin Azofeifa.
Para el instituto de la UNA, el hecho representa una omisión institucional "gravísima" que trasciende el caso individual y tiene implicaciones directas sobre la credibilidad de las instituciones democráticas y la garantía de los derechos de las mujeres.
En un pronunciamiento señalaron:
La violencia contra las mujeres en espacios de poder no es un fenómeno aislado, sino estructural e histórico. Lo ocurrido en el cierre del período legislativo evidencia una vez más cómo las dinámicas políticas pueden operar como mecanismos de disuasión o neutralización de las denuncias, particularmente cuando involucran a figuras de poder".
Desde el IEM-UNA señalaron que no tomar una decisión "causó un daño institucional y social profundo".
El haberse negado a analizar si era necesaria una sanción envió un mensaje a la sociedad, y en particular, a las mujeres: aunque tengan el valor de denunciar, no se garantiza el acceso a la justicia e incluso habrá un precio qué pagar personalmente".
Además, detallan que este tipo de desenlaces contribuye a reforzar la desconfianza en los mecanismos de denuncia y alimenta la denominada “cifra invisible” de la violencia sexual, en la que la mayoría de los casos no llegan a ser denunciados debido a los altos costos personales, sociales y políticos que enfrentan las mujeres.
Asimismo, advierten que la exposición pública de este caso ha reproducido patrones ampliamente documentados:
- La puesta en duda del relato de la denunciante.
- La politización de la denuncia.
- El desplazamiento del foco desde la conducta denunciada hacia la persona denunciante.
Estos puntos, afirmaron, generan procesos de revictimización y desgaste que afectan no solo a quien denuncia, sino a todas las mujeres que observan estos procesos.
El IEM indicó que el argumento de que debe “esperarse la resolución judicial” no es de recibo porque el proceso penal es independiente del administrativo. "Las denuncias de violencia sexual en espacios de poder requieren respuestas institucionales contundentes e inmediatas, orientadas a garantizar todos los espacios como libres de violencia", añadieron.
El instituo de la UNA señaló que el Estado costarricense, así como las instituciones públicas, tienen la obligación de actuar conforme al principio de debida diligencia reforzada, lo que implica no solo investigar y sancionar, sino también prevenir, proteger, reparar el daño a las denunciantes y evitar la repetición de estos hechos.
La falta de acción oportuna no es neutral. La omisión también produce efectos concretos: valida la violencia, debilita los mecanismos de protección y envía un mensaje de permisividad frente a conductas de hostigamiento sexual".
Desde el Instituto de Estudios de la Mujer reiteran que la forma en que las instituciones responden a este tipo de denuncias constituye una prueba del compromiso real con los derechos humanos, la igualdad de género y la democracia.
"Costa Rica no puede permitirse normalizar la impunidad en casos de violencia sexual, particularmente cuando involucran a personas en posiciones de poder. La democracia se debilita cuando las instituciones fallan en garantizar condiciones básicas de justicia, protección y dignidad para las mujeres", cerraron.