La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) establece que la gestión racional de las sustancias químicas debe basarse en el reconocimiento de su peligro intrínseco y en la evaluación del riesgo asociado a sus usos y exposiciones previsibles, priorizando la prevención de daños a la salud humana y al ambiente.
En este marco, los plaguicidas se evalúan sistemáticamente según su toxicidad aguda y crónica, así como por sus efectos carcinogénicos, reproductivos y neurotóxicos, conforme a los criterios del Programa de Químicos y Plaguicidas de la OCDE. Cuando una sustancia puede causar enfermedad grave o muerte a dosis relativamente bajas o bajo condiciones previsibles de exposición, su denominación como “veneno” resulta coherente con su peligro intrínseco, aun si su uso está regulado.
Las sustancias químicas se clasifican internacionalmente según su toxicidad aguda (categorías 1 a 4) y otros peligros para la salud, incorporando elementos de comunicación como pictogramas de calavera y advertencias del tipo “mortal en caso de ingestión” o “tóxico por inhalación”. Un número significativo de plaguicidas registrados se ubica en las categorías más altas, lo que corresponde, en términos toxicológicos, a sustancias venenosas.
Por ello, el uso del término “veneno” no contradice el Sistema Globalmente Armonizado (SGA); más bien traduce a un lenguaje claro una categoría técnica de alta toxicidad, con el objetivo de alertar, informar y prevenir daños. La OCDE enfatiza que la comunicación del peligro debe ser comprensible y proporcional al daño potencial, especialmente en contextos de alta exposición y en poblaciones vulnerables.
En este sentido, el uso exclusivo de términos técnicos puede disminuir la percepción del riesgo, mientras que un lenguaje directo cumple una función preventiva esencial. Desde la salud pública, denominar “veneno” a un plaguicida refuerza el carácter preventivo del etiquetado, la educación sanitaria y la gestión del riesgo.
En Costa Rica existe evidencia documentada de intoxicaciones, enfermedades y muertes asociadas al uso de plaguicidas, con afectación particular en trabajadores agrícolas, comunidades cercanas a cultivos, mujeres embarazadas y población infantil, según reportes del sistema nacional de salud y organismos internacionales.
Entre 2010 y 2020 se reportaron 58 muertes por intoxicación por plaguicidas, con costos sanitarios superiores a ₡5.000 millones anuales, asociados principalmente a sustancias altamente tóxicas como el paraquat y los organofosforados. Asimismo, estudios académicos e internacionales indican que una proporción considerable de los plaguicidas utilizados en el país se clasifica como altamente peligrosa según criterios de la FAO y la OMS..
Desde la perspectiva de la OCDE, los plaguicidas son sustancias diseñadas para causar daño biológico a organismos vivos. Cuando ese daño puede extenderse a los seres humanos por exposición ocupacional, ambiental o alimentaria, constituyen venenos desde el punto de vista toxicológico y de salud pública.
En consecuencia, conforme a los principios de la OCDE en gestión de sustancias químicas, clasificación de peligros y prevención del daño, resulta técnicamente válido y sanitariamente justificado emplear el término “veneno” para referirse a los plaguicidas, particularmente en el contexto de Costa Rica, donde existe evidencia de toxicidad, exposición y efectos adversos, incluidas intoxicaciones y muertes.
Por ello, cobra especial relevancia el trabajo articulado entre el MAG, MINAE y el MS en la implementación de la Política Pública de Plaguicidas 2024–2034, la digitalización del control mediante la receta digital de agroquímicos y la eliminación progresiva de plaguicidas peligrosos.