El pasado 27 de marzo, durante una conferencia de prensa, la primer vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Dra. Mary Munive Angermüller, utilizó el término “veneno” para referirse a los plaguicidas, acompañado de afirmaciones que sugieren que estos productos son comercializados de forma irresponsable y que su uso implica llevar “veneno al organismo”. Más allá del contexto, este tipo de expresiones resultan preocupantes y, sobre todo, equivocadas.
No se trata de un tema semántico menor. El lenguaje importa. Y cuando se trata de temas sensibles como la salud pública, la producción de alimentos y la sostenibilidad agropecuaria el uso de términos incorrectos puede tener consecuencias profundas.
Llamar “venenos” a los plaguicidas es, desde el punto de vista técnico, una simplificación que distorsiona la realidad. Los plaguicidas —correctamente denominados productos fitosanitarios— son herramientas desarrolladas bajo estrictos procesos científicos, evaluadas por autoridades regulatorias y utilizadas en condiciones controladas. Su uso está regulado precisamente para asegurar que no representen riesgos inaceptables para la salud humana ni para el ambiente.
Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han sido claros en reconocer el papel de estos productos en la protección de cultivos, la seguridad alimentaria y la reducción de pérdidas agrícolas. Negar esta realidad o reducirla a una narrativa alarmista no contribuye al debate público.
El concepto de “veneno” implica daño inevitable, uso indiscriminado y ausencia de control. Nada más alejado de la realidad. En toxicología, el riesgo depende de la dosis, la exposición y las condiciones de uso. Este principio básico es el que sustenta toda la regulación moderna de productos fitosanitarios.
Incluso en los casos en que algunas moléculas han sido retiradas del mercado nacional, bajo criterios como decisiones adoptadas en países de la OCDE, ello no justifica calificarlas como “venenos”. Estas decisiones responden a evaluaciones regulatorias y contextos específicos, no a una redefinición de la naturaleza de los productos. Utilizar ese término no solo es técnicamente incorrecto, sino que además contradice los mismos marcos regulatorios que en su momento permitieron su registro.
Más preocupante aún es el impacto que este tipo de lenguaje puede tener en la percepción pública. Hablar de “llevar veneno al organismo” genera temor, desconfianza y desinformación. Debilita la credibilidad en los sistemas de control sanitario del país y en la calidad de los alimentos que consumimos diariamente.
También resulta injusto sugerir que quienes participan en la cadena agroalimentaria actúan de forma irresponsable o con el único objetivo de enriquecerse. La realidad es distinta. El sector agropecuario ha avanzado significativamente en la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), en la capacitación y acompañamiento a los productores y en el uso responsable de insumos, en estricto apego a la normativa nacional e internacional.
Costa Rica cuenta con un sistema regulatorio robusto y con profesionales altamente capacitados que trabajan para garantizar la inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad de la producción. Desacreditar ese esfuerzo con términos imprecisos no contribuye al país.
Los productos fitosanitarios cumplen funciones esenciales: protegen los cultivos frente a plagas y enfermedades, reducen pérdidas, mejoran la productividad y permiten garantizar el abastecimiento de alimentos para la población. Sin estas herramientas, la seguridad alimentaria enfrentaría retos mucho mayores.
El debate sobre el uso de plaguicidas es válido y necesario. Siempre habrá espacio para mejorar regulaciones, fortalecer controles y avanzar hacia prácticas más sostenibles. Pero ese debate debe darse con base en evidencia, no en términos cargados de connotaciones negativas que simplifican una realidad compleja.
Costa Rica necesita diálogo técnico, responsable y basado en ciencia. Porque cuando el lenguaje se aleja del rigor, el mayor riesgo no es el producto: es la desinformación.