Los vecinos que habitamos los alrededores de avenida 15 calle 33 en Barrio Escalante, distrito Carmen, hemos sido testigos de la transformación abrupta de un espacio verde por el avance de un proyecto inmobiliario irónicamente llamado “Escalante Verde”. Entre los días 16 y 17 de abril del 2026, como yo mismo documenté en mis redes sociales públicamente, desaparecieron los árboles de jocote que daban sombra y que también eran refugio de aves y otros animales. Hoy, a pesar de toda la polémica y la lucha vecinal, vemos un espacio ya sin árboles, un terreno “limpio”, como si fuera cualquier otro lote. Pero ahí está el problema: no es cualquier lote.
Se trata de una propiedad atravesada por la Quebrada de los Negritos, un cuerpo de agua que, apenas unos cien metros más arriba, en Barrio Dent, se desbordó en 2025, inundó casas enteras y dejó a familias sin nada. Yo mismo vi a los bomberos sacar vecinos en panga. Sí, en panga, en medio de San José.
Durante años, para ese mismo terreno se manejaron criterios de protección mucho más amplios alrededor de la quebrada, de hasta 50 metros, según información documentada en prensa nacional. Hoy, en cambio, el proyecto se desarrolla con un retiro de apenas 10 metros. A simple vista, frente a todo el mundo. Como vecino, me queda esta pregunta: ¿qué cambió? ¿El terreno, la quebrada… o los criterios con los que se decide cuánto vale realmente proteger un espacio como este?
Por eso, este asunto es más que una discusión sobre urbanismo o desarrollo, o la tala de unos cuantos árboles de jocote. Lo que está en juego aquí es que si una zona de protección puede transformarse de esta manera, a plena vista, entonces la idea misma de protección ambiental empieza a vaciarse de contenido.
Y lo que digo no se trata solo de una percepción de vecinos “ambientalistas”. El propio Sistema Nacional de Áreas de Conservación ha confirmado la afectación del área de protección de la quebrada y ha estimado medidas de recuperación. Es decir, el daño es un hecho técnico documentado y no solo un chisme de vecinos.
Además, quienes vivimos cerca sabemos que esto no ocurre “en el vacío”. La quebrada Los Negritos ya se ha desbordado, ya ha provocado pérdidas materiales y ha evidenciado la fragilidad de este entorno urbano.
Aquí surge una inquietud que va más allá de este proyecto: el caso ya fue llevado a la Sala Constitucional, la cual incluso solicitó informes a las instituciones correspondientes a inicios del 2026. Sin embargo, para quienes vivimos al lado del sitio, la realidad es que el deterioro ocurrió primero y la respuesta de fondo sigue sin aparecer con la misma urgencia. La justicia constitucional existe, precisamente, para proteger derechos fundamentales como el ambiente sano. Pero cuando el daño ya ocurrió y está frente a los ojos de todos, la respuesta simplemente no aparece.
Lo que me gustaría lograr con este artículo es generar un llamado cívico a que la Sala Constitucional le dé a este caso la prioridad que merece, como lo ha hecho en otros conflictos ambientales de alto impacto en el país como Playa Panamá. Esto es más que un pleito con un proyecto inmobiliario y un grupo de vecinos inconformes: se trata de si, en pleno centro de San José, en pleno corredor biológico interurbano, todavía somos capaces de proteger lo que decimos que está protegido.
Porque cuando uno ve el “antes” y el “después” desde la ventana de su propia casa, la pregunta deja de ser técnica o jurídica. Se vuelve inevitable: ¿qué significa realmente vivir en un país que se dice verde?