Investigación advierte aumento sostenido pese a políticas prohibicionistas y plantea la necesidad de un debate nacional informado sobre su regulación.
El consumo de cannabis en Costa Rica aumentó un 2,2% entre 2015 y 2022, de acuerdo con una investigación de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), titulada Desafíos de la legalización del cannabis con fines recreativos – Proyecto de Ley Expediente 23.383.
El estudio señala que, pese a la vigencia de leyes prohibicionistas, el acceso y uso de esta sustancia continúa en crecimiento. Según los datos analizados, el 19,9% de la población ha consumido cannabis alguna vez en la vida y el 4,4% lo hizo en el último mes, lo que evidencia un aumento sostenido en los hábitos de consumo.
Asimismo, la investigación revela que el 73,7% de los decomisos de marihuana realizados por la Fuerza Pública corresponden a cantidades de entre 0,01 y 1 gramo, lo que sugiere que la intervención policial se concentra en consumidores y no en grandes estructuras de tráfico.
El docente y autor del estudio, Roberto Salas Sánchez, afirmó:
El análisis de los datos muestra que la criminalización afecta principalmente a personas consumidoras, mientras que el mercado ilegal sigue activo y en crecimiento, lo que obliga a repensar las políticas públicas desde un enfoque de salud y derechos humanos”.
El análisis se enmarca en la discusión del proyecto denominado Ley de control y regulación del cannabis para uso recreativo, presentado en octubre de 2022 por el Gobierno, el cual busca regular el cultivo, producción y consumo de cannabis psicoactivo en personas adultas, bajo controles estatales orientados a reducir el mercado ilegal. La iniciativa ha generado debate en la Asamblea Legislativa y en la sociedad costarricense, además de enfrentar cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, subrayó la importancia de promover un debate basado en evidencia científica y experiencias internacionales. Indicó que, aunque la regulación no garantiza una disminución de la violencia debido a la persistencia del tráfico de otras drogas, sí podría generar ingresos para el Estado destinados a fortalecer la atención de adicciones, la salud pública y la seguridad.
Además, señaló que la regulación permitiría garantizar la calidad y composición del cannabis, reduciendo riesgos asociados a su adulteración con sustancias altamente adictivas.
Entre otros hallazgos, el estudio indica que en 2023 las ONG autorizadas por el IAFA atendieron a 2.705 personas por consumo problemático de sustancias, de las cuales solo el 9,6% correspondió a cannabis, frente al 45% vinculado al alcohol. Asimismo, el sistema de emergencias 911 registró más de 2.000 llamadas mensuales relacionadas con incidentes por drogas, equivalente a un promedio de 74 reportes diarios.
En el ámbito educativo, la Encuesta Nacional en población de secundaria (2021) reportó una incidencia anual de consumo de cannabis de 2,9%, con mayor prevalencia en hombres y en estudiantes de grados superiores, alcanzando un 8,8% en duodécimo año.
Pese a estos datos, el 74,9% de la población se muestra en contra del libre acceso recreativo al cannabis, aunque existe mayor aceptación en su uso médico (64,3%) y científico (61,1%).
Salas Sánchez concluyó que el consumo de cannabis es una realidad creciente en el país y que las medidas prohibicionistas no han logrado frenar su expansión. En este contexto, la investigación plantea la necesidad de abrir un debate nacional informado, basado en un enfoque de salud pública, reducción de riesgos y respeto a los derechos humanos.