La semana anterior el magistrado Fernando Cruz ordenó suspender permisos de tala en el Polo Turístico Golfo de Papagayo.
La Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo) emitió un comunicado en el que manifestó "preocupación y alerta" luego de que el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, Fernando Cruz Castro, dictó medidas cautelares dentro de una acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo que reformó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo.
La decisión de Cruz Castro establece una moratoria total sobre permisos de tala y la suspensión de autorizaciones de construcción en esa zona mientras se resuelve el fondo del caso. En la acción en trámite se cuestionan modificaciones introducidas al Reglamento a la Ley para el Desarrollo y Ejecución del Proyecto Turístico Golfo de Papagayo.
Esa medida cautelar se otorgó luego de que trascendiera que Enjoy Hotels & Resorts ya contaba con la autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para iniciar la corta de 748 árboles en el área de su proyecto.
Cuestionamientos al magistrado
Desde Asopapagayo considera que el magistrado tomó una decisión "ilegal, abusiva y se atribuye potestades que solo corresponden al pleno de la Sala". Además, aseguran que "genera inseguridad jurídica, afectación de la credibilidad en las instituciones" y paralización del proyecto turístico.
Rodrigo Castro, director ejecutivo de la Asociación, mencionó:
Aquí no solo se está frenando un proyecto, se está poniendo en duda la seguridad jurídica del país”.
Los asociados justificaron que el Polo Turístico Golfo de Papagayo es producto de una política pública de más de 50 años, "sustentada en leyes, planificación técnica y decisiones del Estado costarricense".
Castro afirma que cualquier cambio "abrupto en sus reglas afecta directamente la seguridad jurídica, debilita la confianza de inversionistas y pone en riesgo la estabilidad de un modelo que ha sido exitoso y ha generado resultados reales para todo el país".
Estamos hablando de un modelo que el propio Estado construyó y ha respaldado durante más de 50 años, que ha sido avalado y ratificado por la misma Sala, por lo que esta abrupta y sorpresiva decisión genera gran incertidumbre”.
Pese a estas afirmaciones, fue apenas en 2024 que el gobierno de Rodrigo Chaves firmó el Decreto Ejecutivo 44448-MP-TUR que reformó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo y flexibilizó los límites de construcción en terrenos concesionados. La medida eliminó la restricción que obligaba a cada proyecto a construir solo un 30% del terreno y mantener un 70% de área verde, y permitió trasladar ese derecho constructivo entre diferentes fincas del mismo concesionario.
A partir de esta modificación los desarrolladores podían concentrar la construcción en un solo lote y aumentar la densidad de proyectos turísticos en la zona, lo que motivó la acción de constitucionalidad a partir de la cual se dictó la medida cautelar. Precisamente en el trámite de ese expediente la Procuraduría General de la República señaló ante la Sala IV que las modificaciones realizadas eran inconstitucionales, al reducir los estándares de protección ambiental y permite una mayor concentración de obras sin estudios técnicos previos.
Según el criterio de la PGR, el decreto vulnera principios como el de no regresión ambiental y el precautorio, además de carecer de análisis de capacidad de carga y de impacto acumulativo. Justamente el proyecto de Enjoy Hotels se iba a levantar basado en los ajustes impugnados ante la Sala IV.
Amén de esta situación desde Asopapagayo calificaron la medida del magistrado Cruz como "desproporcional e inconexa con el objeto de la acción de inconstitucionalidad planteada".
"Se pone en duda la estabilidad jurídica de Costa Rica”
“Si el proyecto de Costa Rica mejor regulado, con normativa estricta y directrices muy robustas puede ser paralizado de esta forma, el mensaje para la inversión es muy preocupante”, sostuvo Castro.
Además, la Asociación añadió que la decisión de Cruz pone en peligro el empleo guanacasteco:
Entre 4.000 y 5.000 empleos directos, según la temporada, dependen del Polo Turístico Golfo de Papagayo, junto con alrededor de 13.500 empleos indirectos en encadenamientos productivos vinculados a servicios, comercio, agricultura, pesca y transporte".
"La paralización no está afectando solo un proyecto, está impactando un ecosistema socioeconómico completo y a comunidades enteras, a las que se les cercenan oportunidades sin ninguna alternativa real. Está en juego la credibilidad del país", afirmaron, al tiempo que solicitaron a la Sala que "rectifique la decisión".