El ente gremial hizo un llamado a los tres Poderes de la República para que "asuman su responsabilidad en la defensa del Estado de Derecho y del clima de inversión".
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) emitió un comunicado de prensa manifestando su "profunda preocupación y alerta sobre las consecuencias de las recientes decisiones que suspenden los permisos de tala y construcción, que han sido obtenidos en cumplimiento de la legislación vigente, en el Polo Turístico Golfo de Papagayo".
La Cámara indicó que el país "ha construido su reputación internacional sobre la base de la estabilidad institucional y el respeto a la legalidad. Debilitar estos principios tiene un costo que como Nación no podemos permitirnos", y enfatizaron que"la seguridad jurídica no es negociable".
El ente gremial emitió su pronunciamiento debido a que el magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, conocida popularmente como Sala IV, Fernando Cruz Castro, dictó el pasado 17 de abril medidas cautelares dentro de una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 44.448-MP-TUR que reformó el reglamento del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Dicho decreto eliminó la restricción que obligaba a cada proyecto a construir solo en un 30% del terreno y mantener un 70% de área verde, y permitió trasladar ese derecho constructivo entre diferentes fincas del mismo concesionario.
A partir de esta modificación los desarrolladores podían concentrar la construcción en un solo lote y aumentar la densidad de proyectos turísticos en la zona, lo que motivó la acción de constitucionalidad a partir de la cual se dictó la medida cautelar. Precisamente en el trámite de ese expediente la Procuraduría General de la República señaló ante la Sala IV que las modificaciones realizadas eran inconstitucionales, al reducir los estándares de protección ambiental y permitir una mayor concentración de obras sin estudios técnicos previos.
Según el criterio de la PGR, el decreto cuestionado vulnera principios como el de no regresión ambiental y el precautorio, además de carecer de análisis de capacidad de carga y de impacto acumulativo.
La orden de Cruz establece una moratoria total sobre permisos de tala y la suspensión de autorizaciones de construcción en esa zona mientras se resuelve el fondo del caso, y fue dada ante una solicitud del accionante, quien señaló ante la Sala que el grupo Enjoy Hotels & Resorts ya contaba con la autorización del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para iniciar la tala de 700 árboles en el área de su proyecto.
Sobre este caso, el director ejecutivo de la CCC, Randal Murrillo Astúa, señaló:
Las recientes decisiones que suspenden los permisos de tala y construcción en el polo turístico de Papagayo están generando una peligrosa incertidumbre jurídica. No se trata de un proyecto, está en juego la confianza de nuestras instituciones. Cuando permisos otorgados conforme a la ley son cuestionados posteriormente, se debilita la seguridad jurídica, se afecta la credibilidad del país y se frena la inversión".
Desde la Cámara indicaron que "la incertidumbre en la aplicación de las reglas del juego tiene consecuencias inmediatas: deteriora la confianza en las instituciones, afecta la credibilidad del país como destino de inversión y compromete seriamente el desarrollo de proyectos estratégicos para la economía nacional. La inversión —nacional y extranjera— requiere certeza, previsibilidad y respeto a los actos válidamente emitidos por la Administración Pública".
Sobre el caso en específico, aseguraron que la provincia de Guanacaste, donde se ubica el Polo Turístico Golfo de Papagayo, "depende en gran medida de la actividad turística y constructiva como motor de generación de empleo formal. La paralización de proyectos compromete miles de empleos directos e indirectos, golpeando particularmente a comunidades que ya enfrentan serios retos en desarrollo social".
La CCC señaló que la protección ambiental es un objetivo legítimo que comparte el ente gremial, pero añadieron que "este debe alcanzarse mediante procesos institucionales sólidos, respetuosos del debido proceso y de las competencias establecidas. Se debe tener absoluta claridad de que no existe desarrollo sostenible sin seguridad jurídica".
El ente gremial hizo un llamado a los tres Poderes de la República para que "asuman su responsabilidad en la defensa del Estado de Derecho y del clima de inversión":
- Al Poder Judicial, para que sus actuaciones resguarden la coherencia institucional, la proporcionalidad, la certeza jurídica y la resolución pronta.
- Al Poder Ejecutivo, para que brinde claridad, liderazgo y seguridad en la ejecución de las políticas públicas que el propio Estado ha impulsado durante décadas.
- Al Poder Legislativo, para que vele por marcos normativos claros, estables y orientados al desarrollo sostenible del país.
Desde la CCC añadieron:
Hacemos un llamado urgente a retomar la senda de la certeza, el respeto institucional, y a la necesidad de resolver las acciones judiciales pendientes en plazos razonables. La dilación en la resolución de estos procesos constituye una vulneración directa al derecho de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica de los administrados".
Según informó el Semanario Universidad este lunes, tanto la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo (Asopapagayo) como el ministro de Turismo y presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), William Rodríguez López, solicitaron a la Sala Constitucional la “recusación” del magistrado Cruz Castro de la acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 44.448-MP-TUR, que se tramita bajo el expediente 25-024408-0007-CO.