"Representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades", alertaron.
Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas manifestaron su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), propuesto en la anterior Asamblea Legislativa por el socialcristiano y hoy embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca Mora.
Las firmantes argumentaron que la iniciativa "representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades".
Las organizaciones, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.
Las organizaciones recordaron que anteriormente más organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.
El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de ordenamiento, "en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario”.
Según las organizaciones, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales. Añaden:
Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”.
El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.
“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.
Centralización y debilitamiento del control público
Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero. Indican:
Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”.
Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.
“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, agregaron.
Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Por ese motivo han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.
Ante los riesgos expuestos, las organizaciones firmantes piden el archivo inmediato del expediente y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.