País debe mostrar evidencias de que está preparado para garantizar los derechos y la atención integral de estas personas, indica la Defensoría.
Tras el anuncio del Poder Ejecutivo de la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos mediante el cual el país recibiría hasta 25 migrantes deportados por la nación norteamericana cada semana, la Defensoría de los Habitantes estima urgente indicarle al Estado costarricense que "no es suficiente decir que respetará los derechos humanos de estas personas", sino que debe dar muestras efectivas con hechos concretos y evidencia.
El Defensor Adjunto de los Habitantes, Juan Carlos Pereira, indicó que son enfáticos en señalara que los deportados viven un drama humano, y es una obligación del Estado, informarles su condición en Costa Rica así como la atención integral, la garantía de sus derechos y su protección internacional.
No queremos más sorpresas de recibir personas deportadas sin estar preparados. Hablamos de seres humanos, que son niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, mujeres en estado de embarazo, personas con discapacidad, entre otras; no hay espacio para la improvisación. Son personas, no mercancías de intercambio”.
Para tal efecto, la Defensoría solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería, las siguiente información:
- La remisión de un informe en el que se haga referencia a las medidas que se van a implementar en la atención y autorización de permanencia de las personas deportadas que manifiesten el peligro o temor de persecución de retornar a sus países de origen.
- Si serán trasladadas al CATEM-sur.
- Qué tipo de asistencia humanitaria recibirán.
- Cómo se garantizará la satisfacción de sus necesidades básicas.
Además, el ente defensor pidió establecer un protocolo de coordinación interinstitucional, como por ejemplo, la activa presencia del Instituto Nacional de las Mujeres, el Patronato Nacional de la Infancia, Cruz Roja, entre otras.
El capítulo anterior
La Defensoría de los Habitantes dio un seguimiento puntual a la situación de las 200 personas deportadas en el año 2025, y fue hasta enero del 2026 cuando las autoridades costarricenses emitieron una resolución que autorizó la prórroga de la permanencia migratoria (D.JUR-616-12-2025-JM).
Esa resolución permitió, por razones humanitarias, que las personas migrantes deportadas en el país pudieran desplazarse en el territorio nacional, realizar actividades remuneradas por cuenta propia, utilizar los servicios del sistema bancario nacional, entre otras.
Actualmente la Defensoría de los Habitantes monitorea la situación de un grupo de estas personas que permanecen en Costa Rica.
Mediante un informe emitido el 11 de Febrero del 2026 por el Coordinador Policial de Paso Canoas, se confirmó que, de las 200 personas deportadas de Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, de los cuales 59 eran personas adultas y 51 personas menores de edad.
Además, 34 personas egresaron del CATEM-Sur tras presentar solicitudes de refugio, de las cuales 27 eran personas adultas y siete personas menores de edad. También, el informe reportó a 56 personas que realizaron salidas voluntarias del CATEM-Sur, (34 personas adultas y 22 personas menores de edad).
"Casi un año tardó el Estado, luego de recomendaciones y señalamientos por parte de esta Defensoría, para corregir los procedimientos, incluidos los migratorios, sobre el abordaje para la atención integral de estas personas, no obstante, somos enfáticos en afirmar que, abrir un nuevo capítulo en las condiciones presentadas el año anterior, representaría una extensión del drama humano", resaltó la institución.
La Defensoría de los Habitantes agregó que se mantendrá vigilante sobre las condiciones en que se implemente el nuevo acuerdo migratorio.