Presidencia afirma que el país podrá aceptar o rechazar esos traslados y mantendrá control soberano sobre cada caso.
El Gobierno de Rodrigo Chaves Robles anunció este lunes haber firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos mediante el cual el país recibiría hasta 25 migrantes deportados por la nación norteamericana cada semana.
Según dijo Casa Presidencial en un comunicado de prensa, el acuerdo tiene como fin "coordinar la gestión de flujos migratorios" y se firmó en el marco de una visita hecha por la futura exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos y designada como enviada especial del Escudo de las Américas, Kristi Noem.
El acuerdo, de carácter no vinculante según el gobierno costarricense, establece que Estados Unidos podrá proponer el traslado a territorio costarricense de personas extranjeras que no poseen ciudadanía estadounidense y Costa Rica decidirá de forma independiente si acepta o rechaza cada caso.
Las autoridades ticas estiman que el mecanismo permitiría el traslado de hasta 25 personas por semana, aunque el número podrá variar según ellas lo determinen.
Una vez en el país, las personas recibirán atención bajo la legislación migratoria costarricense. Según Presidencia, se les otorgará una condición legal temporal mientras definen su situación migratoria.
Casa Presidencial agregó que el memorando incorpora garantías de respeto a los derechos humanos, incluida la protección contra el retorno a países donde las personas enfrenten riesgos de persecución o peligro.
Respecto al financiamiento, el gobierno afirmó que Estados Unidos asumirá los costos del mecanismo, mientras que la Organización Internacional para las Migraciones brindará apoyo logístico, como alojamiento y alimentación. El Gobierno aseguró que estas medidas no implican un gasto directo para el país.
Controversia previa
Costa Rica aceptó recibir en el año 2025 a unas 200 personas migrantes deportadas desde los Estados Unidos, muchas de ellas de origen asiático y sin arraigo alguno en el país, lo que desató una controversia política y jurídica que hasta tuvo eco en instancias internacionales.
El grupo que llegó en febrero de ese año en vuelos coordinados por la administración de Donald Trump fue retenido en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur. Diversas organizaciones denunciaron que las personas fueron enviadas sin su consentimiento y quedaron en un limbo jurídico. La organización Human Rights Watch documentó que muchas habían sido expulsadas cuando estaban a punto de solicitar asilo en Estados Unidos y que permanecieron semanas retenidas en Costa Rica sin claridad sobre sus opciones, lo que puso en duda el carácter voluntario de su eventual retorno a sus países de origen.
Las críticas también apuntaron a las condiciones de atención en el CATEM. Informes de la Defensoría de los Habitantes y observadores independientes señalaron la retención de pasaportes, ausencia de intérpretes y deficiencias en la atención médica y psicológica, especialmente en el caso de menores de edad. A nivel internacional, organizaciones y litigantes llevaron el caso incluso ante instancias de Naciones Unidas, al considerar que la práctica convertía a países como Costa Rica en una suerte de zona gris para personas deportadas, sin acceso efectivo a protección internacional ni garantías básicas.
El caso culminó con una condena de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que declaró con lugar recursos de habeas corpus a favor de estas personas. El tribunal concluyó que, aunque el ingreso al país no violó derechos por sí mismo, las condiciones posteriores sí lo hicieron, al no brindar información suficiente sobre su estatus migratorio ni acceso a asesoría legal, además de restringir su libertad.
Inclusive la empresa Faber-Castell, que donó a Costa Rica las instalaciones donde se instaló el CATEM Sur se pronunció en medios internacionales, señalando que el acuerdo con el gobierno costarricense no contemplaba el uso del lugar como un centro de detención de migrantes.