Cada 8 de marzo repetimos cifras que estremecen. Femicidios, denuncias por violencia doméstica, acoso sexual. Y, sin embargo, hay una conversación que todavía no ocupa el centro del debate público: la violencia de género ya no solo se ejerce en la casa, en la calle o en el trabajo. Hoy también se programa, se viraliza y se monetiza.
Hace unos meses vi una entrevista de la BBC con la escritora y activista británica Laura Bates, sobre su más reciente libro La nueva era del machismo (publicado en inglés como The New Age of Sexism), y corrí a leerlo. En el plantea una tesis inquietante, pero que veníamos sospechando desde hace un tiempo: la tecnología no es neutral. Los algoritmos, las plataformas digitales y los sistemas de inteligencia artificial están reproduciendo —y en algunos casos amplificando— los sesgos de género que ya existían en la sociedad.
El sexismo no se extinguió con los avances tecnológicos, se adaptó a ellos y hoy acuñamos la definición de violencia basada en género tecnológicamente asistida (VBGTA). Algunas expresiones de la VBGTA son las amenazas y el acoso digital, el ciberacecho, la fabricación y distribución no consensuada de imágenes íntimas, el “doxxing” o la exposición pública de información personal privada, la vigilancia digital y el control coercitivo, la digitalización de los mecanismos de trata de personas, que cada una da para desarrollarlas en otro momento.
No se trata de una exageración académica lo que recuenta la autora. Las comunidades digitales que promueven el odio hacia las mujeres, la proliferación de pornografía no consentida, los “deepfakes” con rostros femeninos, el acoso sistemático en redes sociales y la radicalización de hombres jóvenes en foros misóginos son manifestaciones de un fenómeno estructural. Lo que antes se murmuraba en espacios cerrados, hoy encuentra eco global y arquitectura tecnológica que lo potencia.
En América Latina —y Costa Rica no es excepción— hemos avanzado en legislación para abordar la violencia basada en género, aunque a paso lento. Tenemos marcos normativos, tipificación del feminicidio, leyes contra la violencia política hacia las mujeres. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿estamos legislando a la velocidad con la que muta la violencia hacia las mujeres?
La misoginia digital no es un tema menor: tiene consecuencias reales. Mujeres que se autoexcluyen de la estructura productiva. Mujeres que abandonan la política por campañas coordinadas de hostigamiento. Periodistas que se autocensuran para proteger su integridad. Adolescentes que enfrentan la viralización de imágenes íntimas sin consentimiento. La violencia simbólica se traduce en exclusión efectiva del espacio público.
Bates advierte, además, que la inteligencia artificial aprende de los datos con los que se le alimenta. Si esos datos contienen sesgos históricos —y los contienen— los sistemas los replicarán. Desde asistentes virtuales feminizados y sumisos hasta algoritmos que penalizan currículos con trayectorias de maternidad, el problema no es solo cultural; es estructural y tecnológico.
Este punto es crucial en un momento en que la digitalización se presenta como sinónimo de progreso. No toda innovación es emancipadora. Sin una perspectiva de género, la tecnología puede convertirse en una herramienta de profundización de desigualdades de género y en general.
El 8M de esta década nos obliga, entonces, a ampliar el marco. La violencia de género ya no puede abordarse únicamente desde la respuesta penal o la atención a víctimas. Necesita regulación de plataformas, responsabilidad empresarial, alfabetización digital crítica y políticas públicas que comprendan el ecosistema completo. La perspectiva tiene que cambiar radicalmente de la atención de los efectos a la prevención.
Pero hay otro elemento que no debemos soslayar: el backlash o efecto resaca. El crecimiento de discursos que caricaturizan el feminismo, que minimizan la violencia o que presentan los derechos de las mujeres como privilegios, encuentra en el entorno digital su mayor caja de resonancia. No es casualidad. La indignación genera clics; los clics generan ingresos; los ingresos sostienen modelos de negocio que rara vez priorizan la seguridad de las mujeres.
Cuando una mujer es atacada en línea con amenazas sexuales o campañas de desprestigio, no estamos ante un comportamiento confrontativo, estamos ante una forma contemporánea de disciplinamiento. El mensaje implícito es claro: participar en el espacio público tiene un costo diferenciado si sos mujer.
Según el Informe de Discursos de Odio y Discriminación en Redes Sociales en Costa Rica 2025, elaborado por Naciones Unidas Costa Rica encontró dentro de sus hallazgos principales que sigue el crecimiento de discursos de odio, que subió un 16% en el último año, pero 400% desde 2021. También, que son las masculinidades agresivas encienden odio en redes: 7 de cada 10 mensajes de odio y discriminación son emitidos por hombres, de la mano con que los ataques hacia mujeres no dejan de crecer: son las mujeres en espacios de poder, lideresas, mujeres que defienden derechos, mujeres que más enfrentan violencia en el ámbito digital.
La violencia digital también tiene una dimensión generacional. Niñas y adolescentes construyen hoy su identidad en entornos donde la hipersexualización, la presión estética y la validación externa operan con una intensidad inédita. El impacto en salud mental, autoestima y proyecto de vida no es anecdótico; es político. Porque condiciona quiénes se atreverán a liderar mañana.
Frente a este panorama, la respuesta no puede ser moralista ni tecnófoba. No se trata de demonizar la tecnología, sino de gobernarla. Debemos exigir transparencia algorítmica y fortalecer marcos regulatorios, como lo están comenzando a hacer algunos países europeos. Debemos además invertir en educación con enfoque de igualdad y asumir e incorporar a las líneas de acción que la violencia de género del siglo XXI requiere herramientas del siglo XXI. No basta con conmemorar el 8 de marzo; debemos actualizar la agenda. Si la violencia muta, la política también debe hacerlo.
El feminismo no busca privilegios, sino condiciones mínimas de dignidad y seguridad. Reconocer las nuevas formas de sexismo no es exagerar el problema; es nombrarlo correctamente para poder enfrentarlo.
Este 8M no debería ser solo un día de memoria y reivindicación. Debería ser un ejercicio de evaluación colectiva. ¿Estamos protegiendo efectivamente a mujeres y niñas en el entorno digital? ¿Estamos entendiendo que la violencia simbólica puede convertirse en violencia física? ¿Estamos formando a las nuevas generaciones para cuestionar, y no reproducir, los sesgos que heredan?
La violencia basada en género no desapareció, se sofisticó, se codificó, y se ha vuelto más difícil de rastrear y, por eso mismo, más urgente de atender.
Ignorar esta transformación sería un error político y ético. Porque cuando el machismo se digitaliza, no solo se pone en riesgo la integridad de las mujeres. Se erosiona la calidad misma de nuestra democracia.