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La neutralidad de Costa Rica y por qué el gobierno se equivoca al violarla

Como sucede con muchos otros análisis a profundidad, resulta fundamental tener claros los conceptos, la historia y el contexto. En el caso de Costa Rica, la neutralidad es un asunto de política exterior y una obligación jurídica, establecida, defendida y desarrollada a lo largo de su historia, lo que ha permitido cultivar amplios lazos de amistad, desarrollo económico y social, y una imagen internacional privilegiada.

Las recientes acciones del gobierno de Costa Rica, en el marco de un resurgimiento de aspiraciones imperialistas de una potencia decadente, ponen en riesgo nuestro futuro como nación independiente y nuestra posición en el concierto de las naciones.

Entendiendo la neutralidad: una ventaja estratégica más allá de la mera no participación en guerras ajenas

Algunos autores señalan que la neutralidad es tan antigua como las guerras mismas. Tradicionalmente siempre estuvo ligada al fenómeno bélico. La neutralidad nacía y moría con las guerras.

Con el surgimiento del derecho internacional en el siglo XVII, la neutralidad formó parte de los estudios doctrinarios de la época. Si bien se afirma que Hugo Grocio, en su célebre obra De jure belli ac pacis (1625), sentó las bases del derecho internacional y delineó los primeros elementos jurídicos de la neutralidad, fueron el jurista neerlandés Cornelius van Bynkershoek, con su obra Quaestionum Juris Publici Libri Duo, quorum primus est de Rebus Bellicis, Secundus de Rebus Varii Argumenti, y el filósofo suizo Emer de Vattel, con su tratado Le droit des gens ou Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains, quienes exploraron a fondo y sentaron las bases para el desarrollo jurídico del instituto de la neutralidad hasta el día de hoy.

En aquellas épocas el concepto de neutralidad permanente no existía. La neutralidad era temporal, basada en acuerdos recíprocos entre potencias o en el efecto residual de la decisión de los soberanos de no involucrarse en conflictos ajenos.

Junto con la “abstención de participación” y el deber de imparcialidad inherentes, se erigían otros atributos angulares. Particularmente, la neutralidad se basaba en la idea de que el país neutral era amigo de ambos beligerantes, lo que permitía, por ejemplo, que siguiera manteniendo y cultivando relaciones diplomáticas y comerciales con los países en guerra. Básicamente, “su guerra no es mi guerra” y “su enemigo no es mi enemigo”.

De esta manera, la neutralidad se convertía en una ventaja estratégica, en tanto el país neutral se abstraía de una dinámica conflictiva para posicionarse en una dinámica activa de forja de relaciones amistosas con todos los demás Estados. En derivación de esta política exterior surge la prohibición de que los países neutrales formen parte de alianzas militares, motivo por el cual, a la fecha, países neutrales como Suiza y Austria no forman parte de la OTAN, por ejemplo.

Para principios del siglo XIX, la neutralidad comienza a desempeñar un papel aún más importante en el concierto de las naciones europeas. Habiéndose reconocido una obligación internacional de inviolabilidad del territorio neutral, el rol de los países neutrales en la contención de las guerras europeas cobró importancia, dando paso a la existencia y reconocimiento de la neutralidad permanente.

Considerando su ubicación geográfica y su tradición, los Congresos de París y Viena de 1814-1815 reconocieron la neutralidad permanente de los cantones suizos y las Conferencias de Londres de los años 1830 crearon a Bélgica como un “Estado perpetuamente neutral”, a efecto de que sirviera como zona de búfer entre los territorios germánicos. Amberes se convirtió en un centro económico de vital importancia para el comercio europeo, mientras los puertos de los Países Bajos —también neutral— adquirieron una relevancia trascendental como consecuencia de la libertad irrestricta de comercio de los países neutrales (con excepción del contrabando).

Anecdóticamente, en 1793, George Washington había emitido la proclama de neutralidad de los Estados Unidos, país que, manteniéndose alejado de las guerras europeas, defendía la libertad de comercio con las potencias en guerra, lo cual permitió su desarrollo como potencia económica.

La neutralidad había dejado de ser una política exterior centrada en la mera abstención de participación e involucramiento en guerras para convertirse en una ventaja estratégica basada en la libertad de comercio y en la forja de relaciones amistosas con todos los demás Estados.

El potencial de la neutralidad también se extendió a su rol como mecanismo pacificador de conflictos. Durante la Primera Conferencia de Paz de La Haya de 1899, los Estados participantes adoptaron la primera Convención para el Arreglo Pacífico de Controversias Internacionales. Como parte de las discusiones preparatorias, los diferentes delegados reconocieron el potencial rol fundamental de los neutrales para la solución y pacificación de controversias, ya fuera mediante la interposición de buenos oficios o como mediadores imparciales.

La importancia de la neutralidad en el derecho y en la política internacional resultaba evidente. Los países neutrales eran amigos de todos, no tenían enemigos, fungían como elementos pacificadores y garantizaban su desarrollo económico mediante la libertad de comercio neutral.

El caso de Costa Rica

Tradicionalmente reticente a involucrarse en conflictos ajenos, la política de neutralidad costarricense tiene larga data. Para 1864, Jesús Jiménez, en su informe al Congreso, hacía referencia a la neutralidad al aludir al intento fallido de mediar en los conflictos centroamericanos de la época. La vocación neutral y pacifista fue reiterada posteriormente por el presidente Bernardo Soto.

En 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos consultaron al Gobierno de Costa Rica sobre su postura. En aquel momento, las autoridades nacionales indicaron:

Por instrucciones del Presidente, tengo el honor de asegurar a Su Excelencia en respuesta que este Gobierno, lamentando que los Estados Unidos y España, naciones con las que Costa Rica ha cultivado y cultiva actualmente relaciones de la más íntima amistad, hayan visto la dolorosa necesidad de recurrir al arbitraje de las armas para resolver sus diferencias, y que esta República, siendo y no pudiendo ser menos que neutral, cumplirá estrictamente con los deberes que como tal debe observar".

Ratificando así no solo la neutralidad costarricense, sino también su intención de mantener y cultivar relaciones amistosas con todas las partes del conflicto.

En 1935, atendiendo a la consulta del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades costarricenses reiteraron su postura de neutralidad.

Desde finales de los años 70, el Gobierno de los Estados Unidos había formado, capacitado y dotado de insumos a una fuerza contrarrevolucionaria con el objetivo de derrocar a la revolución sandinista que había tomado el control de Nicaragua. En noviembre de 1983, y ante las presiones de la administración Reagan para que Costa Rica ingresara indirectamente al conflicto, el presidente Luis Alberto Monge emitió la célebre Proclama de Neutralidad Perpetua, activa en lo ideológico y no armada de Costa Rica, como una obligación de derecho internacional vinculante para el país.

Posteriormente, en 1986, la Corte Internacional de Justicia condenaría a los Estados Unidos por su participación e intervención ilegales en Nicaragua.

Junto con la abolición del ejército, la participación de Costa Rica en los acuerdos de paz de Centroamérica y la proclama de neutralidad, el país consolidó una imagen internacional como nación pacifista y abierta a relaciones amistosas con todos los demás Estados, lo que permitió convertirnos en un destino turístico y económico para la inversión extranjera.

De alguna manera, la neutralidad fue y ha sido un excelente negocio para Costa Rica.

Los recientes acontecimientos y el grave desacierto del Gobierno de Chaves/Fernández

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha estado marcado por innumerables violaciones del derecho internacional: usos ilegales de la fuerza, reiteradas amenazas de uso de la fuerza, violaciones a la soberanía de otros Estados y abiertas manifestaciones públicas en el sentido de que “no necesito al derecho internacional”, como declaró el 8 de enero ante el New York Times, pocos días después de capturar ilegalmente al dictador venezolano.

Adicionalmente, se ha iniciado una guerra comercial arancelaria con el resto del mundo, incluido Costa Rica.

Más allá de su “guerra contra el mundo” en la búsqueda de frenar la decadencia de los Estados Unidos como única superpotencia mundial, el presidente Trump ha relanzado las intenciones imperiales hemisféricas establecidas desde principios del siglo XIX con la doctrina Monroe, en lo que se ha denominado la “doctrina Donroe”.

Con ella se busca la lealtad de gobiernos del continente dispuestos a sacrificar su soberanía y sus relaciones internacionales en favor de la potencia dominante.

Como parte de estas acciones, el Gobierno de los Estados Unidos convocó a la conferencia “Escudo de las Américas”, en la que se firmó una declaración internacional que establece una coalición militar bajo la excusa de “colaboración militar contra el narco”.

Es poco lo que se necesita para entender que, en realidad, se busca fortalecer la presencia militar norteamericana en el continente.

Dentro de este marco y con la intención de reducir la influencia de China en el continente, el gobierno de Trump convocó dicha cumbre. La conferencia no fue más que una medida política de sometimiento de gobiernos a los intereses norteamericanos en la región.

No es sorpresa que solo días después la ministra de Tecnología denunciara públicamente un hackeo a la infraestructura del ICE ligado a China, señalando además que Estados Unidos participará en la investigación.

La reacción de la embajada de China no se hizo esperar, cuestionando dichas acusaciones.

Siendo China uno de los principales socios comerciales de Costa Rica, cabe preguntarse si el país está dispuesto a erosionar sus relaciones diplomáticas y comerciales.

Las últimas acciones del gobierno Chaves/Fernández, además de comprometer la neutralidad al incorporar al país a una alianza militar, ponen en riesgo los beneficios políticos y comerciales derivados de la neutralidad y de las relaciones amistosas que esta política exterior ha permitido construir.

La neutralidad es mucho más que mantenernos fuera de guerras ajenas; es la piedra angular del posicionamiento de Costa Rica en sus relaciones políticas, diplomáticas y comerciales con el resto del mundo.

Sólo un grave desconocimiento de la neutralidad y un entendimiento deficiente de la política internacional pueden fundamentar el actuar errático de este gobierno. Rodrigo Chaves y Laura Fernández parecen no tener claro que en poco más de dos años Trump abandonará la Casa Blanca, mientras Costa Rica deberá afrontar las consecuencias de decisiones que comprometen su tradición diplomática y su posición histórica de neutralidad.