Durante los años 80, cuando en muchos países con sistemas de reparto comenzaron a encenderse las alarmas demográficas, se tomaron decisiones difíciles e impopulares. Suecia reformó su sistema en los años noventa y adoptó un modelo de cuentas nocionales, aprobado en 1994 e implementado a partir de 1998. Italia siguió un camino similar con la reforma Dini de 1995, y Letonia y Polonia introdujeron sistemas nocionales en 1996 y 1999. Todas respondían a una realidad evidente: la pirámide poblacional se estaba invirtiendo y los sistemas diseñados para otra época debían adaptarse.
Nosotros no.
Pasaron 20 años más para poner un parche. En el año 2000 aprobamos la Ley de Protección al Trabajador, que creó el ROP y el FCL. Fue un paso importante, pero no tocó el corazón del problema: el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS
El costo de no decidir
El IVM funciona bajo un sistema de reparto: los trabajadores activos financian a los pensionados actuales.
Para que ese modelo funcione se necesita una pirámide poblacional amplia en la base, es decir, muchos trabajadores por cada pensionado. Pero esa relación se ha deteriorado drásticamente. Pasamos de cerca de 30 trabajadores por pensionado en los años setenta a menos de cinco hoy, y la cifra sigue cayendo.
La razón es clara: menos nacimientos y mayor longevidad. Costa Rica pasó de tasas de fertilidad cercanas a siete hijos por mujer en los años cincuenta a alrededor de 1,2 en la actualidad, muy por debajo del nivel de reemplazo, mientras la esperanza de vida ya supera los 80 años, lo que implica más personas recibiendo pensión durante más tiempo.
Las proyecciones demográficas lo confirman: si las tendencias continúan, hacia mediados de siglo Costa Rica podría tener apenas dos trabajadores por cada pensionado, una relación extremadamente difícil de sostener en un sistema de reparto.
Los jóvenes lo perciben con claridad. Diversos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y encuestas regionales muestran que una gran proporción cree que no recibirá una pensión o que esta será insuficiente. No es cuestión de ideología: las proyecciones simplemente no dan si el sistema sigue funcionando igual.
Como las reformas no se hicieron cuando el problema todavía era manejable, hoy la factura es mucho más cara. El mejor momento para hacerlas fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora.
¿Por qué muchos pensionados reclaman el ROP?
En ese contexto aparece el debate actual sobre el ROP. Muchos pensionados que hoy piden que se les entregue no lo hacen por capricho. Lo hacen porque la CCSS no les resuelve en salud y terminan endeudándose para recurrir al sector privado.
Según datos de la propia CCSS, las listas de espera para consultas con especialistas y procedimientos superan el millón de casos, y hay pacientes que esperan más de un año por cirugías o exámenes diagnósticos… a pesar de que todos pagamos una fortuna en cargas sociales.
Según la OCDE, las contribuciones obligatorias a la seguridad social superan el 26% del salario, uno de los niveles más altos de la región. Sin embargo, hay adultos mayores que, después de cotizar toda su vida, terminan financiando su atención médica con deudas o con sus ahorros complementarios.
El espejismo peligroso
El ROP no se llama régimen obligatorio de ahorro. Se llama Régimen Obligatorio de Pensiones. Fue diseñado para complementar ingresos en la vejez, no para compensar las fallas del sistema de salud ni para tapar los problemas estructurales que hacen que Costa Rica sea un país tan caro.
Además, la mayor parte de los recursos no proviene exclusivamente del trabajador. El financiamiento se distribuye así:
- 1 % lo aporta el trabajador
- 3,25 % lo aporta el patrono
Y con el tiempo, una parte muy importante del fondo proviene de los rendimientos generados por las inversiones de las operadoras de pensiones, que actúan como grandes inversionistas institucionales.
Bajo la lógica de “es mi plata”, también podría argumentarse que los patronos no quieren seguir aportando porque los costos laborales ya son altísimos. Eso implicaría romper el pacto social sobre el que se construyó el sistema.
Hoy existen cinco proyectos de ley que buscan liberar o acelerar el retiro del ROP:
- El expediente 25.003, impulsado por Óscar Izquierdo (PLN).
- El expediente 24.984, presentado por Ada Acuña (oficialismo).
- El expediente 24.955, propuesto por Gilberth Jiménez.
- El expediente 23.547, también impulsado por Gilberth Jiménez.
- El expediente 24.972, presentado por Rocío Alfaro (Frente Amplio).
En otras palabras, hay iniciativas del PLN, del Frente Amplio y del oficialismo, pero aunque cambian el mecanismo —retiro total, retiro en tractos, renta temporal o uso anticipado de los recursos— todas empujan en la misma dirección: facilitar el retiro anticipado de fondos que fueron diseñados para financiar la vejez.
Mientras los entes técnicos explican por qué esto es una mala idea, muchos diputados siguen haciendo oídos sordos, muy al estilo de la política tradicional: pensando en el corto plazo y en cómo conseguir votos repartiendo fondos que no les pertenecen.
Ahora bien, si ceden a esa presión:
- Se debilita la pensión futura de todos los adultos mayores.
- Se traslada el costo a los jóvenes.
- Se convierte una política previsional en una solución política de corto plazo.
Además, hay otro dato que evitan tomar en cuenta: cuando esos fondos se entregan de forma anticipada, la experiencia indica, que la mayoría de las personas los agota en aproximadamente tres años. Con una esperanza de vida que supera los 80 años, el resultado es previsible: cuando esos recursos se acaben, el Estado —es decir, usted y yo— probablemente tendrá que salir al rescate.
El impacto económico
El retiro acelerado del ROP no solo tendría efectos individuales. También implicaría consecuencias macroeconómicas relevantes. Las operadoras de pensiones, economistas y entes supervisores han advertido que una liberación masiva de recursos implicaría:
- Venta anticipada de activos financieros, obligando a liquidar inversiones diseñadas para el largo plazo y reduciendo los rendimientos de todos los participantes.
- Presión al alza en las tasas de interés, porque el aumento de liquidez podría generar presiones inflacionarias y obligar a subirlas para contenerla, encareciendo el crédito y afectando especialmente al productor nacional.
- Efectos sobre el tipo de cambio, ya que habría que vender inversiones en el extranjero y traer grandes montos de dólares al país, lo que podría presionar aún más a la baja el tipo de cambio.
- Reducción de una de las principales fuentes de inversión de largo plazo del país, ya que el ROP invierte en deuda pública e instrumentos financieros en el mercado nacional.
Lo que parece una solución puntual puede terminar generando distorsiones financieras y cambiarias que afecten a toda la economía. No estaríamos resolviendo el problema. Estaríamos desplazándolo… y ampliando la cantidad de afectados.
La tormenta perfecta
No reformamos las pensiones ni el sistema de salud cuando debimos hacerlo. Tampoco impulsamos las reformas estructurales necesarias para dejar de ser un país tan caro e inflexible.
Ahora enfrentamos una tormenta perfecta:
- Adultos mayores endeudados, y muchos cayendo en pobreza, sin una pensión digna ni una atención de salud oportuna después de haber cotizado durante toda su vida.
- Jóvenes que probablemente no recibirán una pensión, aunque se les obligue a cotizar para ella.
- Una institución que consume enormes recursos sin rendir cuentas, que encarece el empleo, fomenta la informalidad y termina expulsando a casi la mitad de la población del sistema.
- Una economía que podría resentirse aún más si se siguen tomando decisiones de corto plazo para evitar las reformas que el país necesita desde hace décadas.
La conversación pendiente
Si el retiro anticipado del ROP genera riesgos actuariales, macroeconómicos y cambiarios, entonces la pregunta correcta no es cómo liberar esos recursos más rápido. La pregunta correcta es por qué el sistema está empujando a la gente a pedirlo.
Porque el problema de fondo no es el ROP. El problema es un sistema que llevamos décadas evitando reformar. Desbaratar uno de los pilares del régimen de pensiones para compensar fallas estructurales no es una solución; es simplemente atacar el efecto en lugar de la causa.
La discusión adulta debería centrarse en reformar el sistema completo, tomando en cuenta: la sostenibilidad del IVM, la existencia de todos los otros regímenes de pensiones inconstitucionales, la eficiencia del sistema de salud, los incentivos laborales y la gobernanza institucional. Pero para hacerlo hay que superar algo que históricamente nos ha frenado: tratar a la CCSS como intocable. Esa idolatría institucional es precisamente lo que nos impidió hacer los ajustes cuando todavía eran manejables.
No es una pelea entre generaciones. Es el resultado de décadas evitando decisiones difíciles.
Si queremos un futuro más próspero y mayor bienestar, la conversación exige menos culto institucional y más pragmatismo para plantear —y ejecutar— las reformas que el país lleva décadas postergando.