La comisión cuenta con un plazo ordinario de dos meses para rendir su informe al plenario sobre este caso.
El equipo legal de Marulin Azofeifa Trejos emitió un comunicado de prensa alertando del lento avance del proceso legislativo que investiga la denuncia por hostigamiento sexual contra el diputado Fabricio Alvarado Muñoz. Azofeifa denunció ante la Asamblea Legislativa a Alvarado por repetidas conductas de hostigamiento sexual durante el actual periodo en que ella se ha desempeñado como asesora de la fracción de Nueva República.
A pesar de que la comisión investigadora nombrada para este caso fue instalada desde el 17 de febrero anterior, según informó la defensa, todavía no tiene fecha estipulada para sesionar y aún no ha convocado a ninguna audiencia de prueba ni llamado a declarar a testigos fundamentales, con el agravante que las fechas de Semana Santa reducen los días hábiles disponibles para realizar la investigación.
El Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas establece que la comisión deberá rendir su informe en un plazo de dos meses, aunque puede solicitar una prórroga para ampliar ese plazo, la defensa de Marulin recordó que las actuales diputaciones dejarán su curul el próximo 1 de mayo, por lo que si la Comisión solicita un prórroga y no presenta el informe antes del 17 de abril, aseguran que existe el riesgo real de que el caso no pueda resolverse a tiempo, abriendo la puerta a la impunidad.
La defensa de Azofeifa recordó que esta es la primera vez que se aplicaría el reglamento para sancionar diputados por hostigamiento sexual, por lo que añadieron:
La comisión, como cuerpo pionero en su aplicación, tiene no solo deberes legales, sino también deberes éticos y morales frente a la sociedad. Debe demostrar que las diputaciones también asumen las consecuencias de sus actos y se someten a los mismos estándares de respeto y dignidad que exigen a la población y a miembros de otros poderes de la República".
La representación de Azofeifa agregó:
El manejo de este caso será leído como un mensaje sobre la seriedad con la que el Poder Legislativo asume la violencia de género y las relaciones de poder. Una respuesta ágil, transparente y rigurosa servirá para reparar la imagen de la institución, sacar la Asamblea de décadas de mala percepción social. Por el contrario, los retrasos y una priorización insuficiente del trámite reforzaría la idea de que la institución protege más a sus integrantes que a la ciudadanía".
Finalmente, el comunicado solicita a la comisión tramitar este caso con la urgencia y el cuidado que merece, y recuerda que "el debido proceso no es una cortesía institucional: es una garantía que protege, sobre todo, a quien, a pesar de las presiones explícitas e implícitas a guardar silencio, ya tuvo el valor de denunciar".
La comisión que investiga el caso tiene facultades para investigar, recibir pruebas y testimonios en audiencias privadas, y en su informe debe recomendar al plenario si los hechos ameritan una sanción, que en este caso sería una amonestación ética pública, divulgada por los medios oficiales de la Asamblea Legislativa.
Denuncia penal
El lunes de esta semana Azofeifa presentó, adicionalmente, una denuncia penal contra Alvarado por delitos sexuales ocurridos entre el 2018 y el 2025. Tras este hecho La Nación informó que el diputado solicitó la anular el proceso administrativo que lleva la comisión investigadora, sin embargo, la defensa de Azofeifa recordó que es válido tramitar, de forma separada, un proceso penal y uno disciplinario por los mismos hechos, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional.