Diputada pidió garantías plenas de derechos humanos.
La diputada Montserrat Ruiz Guevara criticó el nuevo acuerdo migratorio suscrito entre Costa Rica y Estados Unidos y pidió que cualquier traslado de personas deportadas al país se ajuste a estándares estrictos de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas.
En un pronunciamiento divulgado tras el anuncio del Gobierno de este lunes, la legisladora afirmó que el país debe mantener sin ambigüedades su compromiso con los tratados internacionales que protegen a la población migrante. Ruiz sostuvo que el convenio exige un escrutinio mayor porque, a diferencia de lo ocurrido un año atrás, ahora existe un documento formal entre ambas naciones.
Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos. Aquí no se trata de números ni de flujos: se trata de personas, de dignidad y de derechos. Y eso no es negociable”.
Ruiz agregó que la experiencia de 2025, cuando el país recibió a cerca de 200 personas migrantes deportadas desde Estados Unidos, dejó lecciones que el Estado debe retomar. Según señaló, las recomendaciones técnicas emitidas desde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa e incluidas en informes oficiales deben aplicarse “con seriedad”.
El cuestionamiento de la diputada surgió después de que el Gobierno de Rodrigo Chaves Robles anunciara la firma de un memorando de entendimiento con Estados Unidos para recibir hasta 25 personas migrantes deportadas por semana. Casa Presidencial indicó que el mecanismo busca coordinar la gestión de flujos migratorios y que Costa Rica decidirá de manera independiente si acepta o rechaza cada caso.
Según el Ejecutivo, las personas trasladadas recibirán atención bajo la legislación migratoria costarricense y obtendrán una condición legal temporal mientras se define su situación. Presidencia también aseguró que el acuerdo incorpora garantías de respeto a los derechos humanos, incluida la protección contra el retorno a países donde enfrenten persecución o peligro.
El Gobierno añadió que Estados Unidos asumirá los costos del mecanismo y que la Organización Internacional para las Migraciones aportará apoyo logístico, incluido alojamiento y alimentación, por lo que no se prevé un gasto directo para Costa Rica.
El antecedente más cercano, sin embargo, abrió una fuerte controversia política y jurídica. En febrero de 2025, un grupo de unas 200 personas migrantes, muchas de origen asiático, llegó al país en vuelos coordinados por la administración de Donald Trump y fue trasladado al Centro de Atención Temporal para Migrantes (CATEM) Sur.
Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron entonces que esas personas quedaron en un limbo jurídico, sin información clara sobre sus opciones ni acceso suficiente a protección internacional. También señalaron deficiencias en la atención, entre ellas la retención de pasaportes, la falta de intérpretes y problemas en la atención médica y psicológica, en especial para menores de edad.
Ese episodio terminó en la Sala Constitucional, que declaró con lugar recursos de habeas corpus a favor de las personas afectadas. El tribunal concluyó que, aunque el ingreso al país no violó derechos por sí mismo, las condiciones posteriores sí lo hicieron al restringir la libertad de movimiento y no garantizar información suficiente sobre el estatus migratorio ni acceso a asesoría legal.
En ese contexto, Ruiz insistió en que la discusión no puede reducirse a cifras de traslado. La diputada sostuvo que el país enfrenta una obligación humanitaria y jurídica frente a cada una de las personas que eventualmente lleguen bajo el nuevo mecanismo.