El órgano universitario expresó preocupación por los efectos del embargo en el acceso a bienes esenciales y llamó a autoridades costarricenses a promover iniciativas en foros internacionales.
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional (UNA) expresó su preocupación por el impacto humanitario del bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos contra Cuba, señalando que sus efectos se reflejan en la vida cotidiana de la población, especialmente en sectores en condición de mayor vulnerabilidad.
La posición institucional quedó consignada en un acuerdo adoptado durante la sesión ordinaria 8-2026 del Consejo Universitario, celebrada el 26 de febrero de 2026.
Pronunciamiento institucional
En el documento, la Universidad Nacional reafirmó su compromiso con los derechos humanos y manifestó su preocupación por el recrudecimiento de las sanciones económicas contra Cuba.
El acuerdo señala que las restricciones económicas han tenido efectos en el acceso a combustible, insumos médicos, alimentos y otros servicios esenciales, lo que —según el pronunciamiento— impacta directamente en la calidad de vida de la población.
El texto también menciona que la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha votado en más de treinta ocasiones a favor de poner fin a esta política, argumentando que contraviene principios del derecho internacional y afecta los derechos humanos del pueblo cubano.
Llamado a autoridades nacionales
El Consejo Universitario manifestó su solidaridad con la población cubana y solicitó a distintas instancias del país promover iniciativas que prioricen la protección de las personas en el contexto internacional.
Braulio Sánchez Ureña, presidente del Consejo Universitario de la UNA, indicó que la institución hace un llamado al Consejo Nacional de Rectores (CONARE), a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República para que impulsen acciones orientadas a priorizar la protección de las personas por encima de disputas geopolíticas.
Argumentos planteados en el acuerdo
El pronunciamiento también hace referencia a estimaciones presentadas ante el sistema de Naciones Unidas que sitúan las pérdidas económicas acumuladas para Cuba en más de 170.000 millones de dólares.
Asimismo, el documento cita disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (1948) para señalar la necesidad de examinar con seriedad las políticas internacionales que puedan afectar condiciones de vida como el acceso a salud, alimentación y servicios básicos.
El Consejo Universitario concluyó su acuerdo reiterando el compromiso de la Universidad Nacional con la defensa de los derechos humanos, la dignidad humana, la soberanía y el derecho a la autodeterminación de los pueblos.