El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este jueves, en primer debate, el proyecto de ley que contiene los contratos que financiarán el proyecto de ampliación de la ruta San José-San Ramón, una de las iniciativas que la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, pidió al Congreso dejar aprobadas antes del cambio de legislatura previsto para el próximo 1 de mayo.
La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.183, recibió el voto unánime afirmativo de los 43 presentes. La votación fue posible porque no se le presentaron mociones de fondo para modificar el texto que la Comisión de Asuntos Hacendarios remitió al plenario.
El crédito se compone de una línea de 600 millones de dólares otorgada por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y otra línea de 170 millones de dólares aportada por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP), una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
El corredor vial San José-San Ramón cumple una función estratégica en la conectividad nacional, al vincular zonas de alta actividad económica, centros logísticos y el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. El área de influencia del proyecto abarca parcialmente o en su totalidad 31 cantones y 152 distritos de las provincias de San José, Alajuela, Heredia y Cartago, concentrando aproximadamente el 56% de la población del país y una parte significativa de la actividad productiva nacional.
La obra abarca unos 55.63 kilómetros de carretera y está dividido en siete tramos de carretera:
- Tramo 1, La Sabana-Repretel (2.93 km), que pasará de dos y tres carriles a cuatro carriles en tramo continuo.
- Tramo 2, Repretel-Real Cariari (5.5 km), que pasará de tres a cuatro carriles en tramo continuo.
- Tramo 3, Real Cariari-Aeropuerto (7.36 km), que pasará de tres a cuatro carriles en el tramo del kilómetro 10.70 al 17.65, y en tres carriles del kilómetro 17.65 al 18.06.
- Tramo 4, Aeropuerto-Manolos (10 km), que pasará de dos a tres carriles en el tramo del kilómetro 18.06 al 20.05, y a dos carriles del 20.05 al 28.06.
- Tramo 5, Manolos-Naranjo (11.54 km), que pasará de dos y tres carriles a un tramo continuo de dos carriles.
- Tramo 6, Naranjo-San Ramón (18.25 km), que pasará de uno y dos carriles a dos carriles en tramo continuo.
- Tramo 7, Radial Río Segundo (4.45 km), que pasará de uno a tres carriles del kilómetro 3.92 al 4.96, y a dos carriles del kilómetro 4.96 al 8.37.
El gobierno optó por esta vía de desarrollo de la obra luego de los dos fracasos anteriores: la concesión a la empresa brasileña OAS durante el gobierno de Laura Chinchilla Miranda; y el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR) durante los gobiernos del PAC.
Aunque el crédito sea aprobado en segundo debate y promulgado como ley, los recursos de ambas líneas deberán volver al Congreso para ser incorporadas al presupuesto nacional, mediante un presupuesto extraordinario.
Además, la Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó mociones para reforzar los mecanismos de control fiscal y control parlamentario sobre el uso de los recursos provenientes de los contratos, incluida la obligación de presentar informes periódicos de avance ante dicha comisión.
De igual manera, se introdujeron cambios en materia de transparencia y acceso a la información pública, particularmente en lo relativo a los procesos de contratación administrativa, estableciendo la obligación expresa de publicar de manera permanente y accesible al público la totalidad de los procedimientos de contratación, los carteles de licitación, las ofertas recibidas, los criterios de evaluación, los contratos adjudicados y los actores involucrados en el proceso.
Asimismo, se introdujeron modificaciones para evitar que el proyecto sufra los tradicionales retrasos por los trabajos de reubicación de servicios públicos y expropiaciones. Según datos oficiales suministrados por Mideplán, el proyecto tenía pendientes 503 expropiaciones de las 860 que necesita. Las pendientes ascienden a 113 millones de dólares, y representan un 38,8% del área del proyecto.
La comisión dictaminadora hizo notar, sin embargo, que el BCIE le estará cobrando al país una tasa de interés cercana al 6,69%, lo que según información del Ministerio de Hacienda lo convierte en el acreedor más caro del Estado costarricense, con una tasa promedio ponderada del 6,8%, superior a la de otros organismos multilaterales, como la del 6,1% del BIRF, la de 5,4% del BID o la del 3,6% del JICA. La línea aportada por el Fondo OPEP tiene una tasa de interés equivalente al Euríbor a seis meses más un margen de 160 puntos base anuales.
Durante el trámite de este proyecto el BCIE anunció que debido a la mejora de su calificación de riesgo, así como mejores resultados financieros, reduciría en 0,15 puntos porcentuales las tasas de interés de todos los créditos otorgados por la institución a todos los países, a partir de junio de 2026.
La Comisión de Hacendarios estimó que esa rebaja implicará un alivio financiero por el orden de 145 millones de dólares.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, fijó el 7 de abril de este año como fecha para la votación del proyecto en segundo debate.
Breves
— Tras finalizar el plenario extraordinario de este jueves, dio inicio al receso de Semana Santa, por lo que la actividad legislativa se retomará el 6 de abril.
Proyectos dictaminados
Este jueves no sesionaron comisiones legislativas.
Leyes publicadas
Este jueves no se publicaron nuevas leyes en La Gaceta.