La próxima Asamblea Legislativa enfrentará una curva de aprendizaje histórica en un contexto de alta fragmentación política y urgencias nacionales que no admiten demora.
La Asamblea Legislativa que iniciará funciones en mayo próximo enfrentará un desafío inmediato: aprender a legislar mientras el país demanda resultados urgentes.
De acuerdo con la Incubadora de Liderazgos + CR, las diputaciones tardan hasta 18 meses en dominar las bases de la función parlamentaria. El dato adquiere especial relevancia si se considera que únicamente 12 de las 57 personas electas cuentan con experiencia legislativa previa. En otras palabras, cerca del 80% del próximo Congreso llegará a aprender sobre la marcha.
En un contexto nacional marcado por problemas estructurales y una creciente presión ciudadana por respuestas concretas, el país no dispone de ese margen de tiempo. Reducir esa curva de aprendizaje no es solo una necesidad institucional: es una condición para la gobernabilidad. En ese sentido, planteo respetuosamente algunas reflexiones que podrían contribuir a una gestión legislativa más efectiva.
Definir mínimos comunes en un Congreso fragmentado
La dinámica parlamentaria costarricense cambió de forma significativa en los últimos años. Durante el periodo 2018-2022 se declararon independientes 13 diputaciones, y en el actual Congreso ya suman ocho. Este fenómeno evidencia que las fracciones legislativas dejaron de ser -mayormente- bloques homogéneos con disciplina interna garantizada.
Ante esta realidad, resulta indispensable que cada fracción defina con claramente sus mínimos comunes: su agenda prioritaria, los temas negociables y no negociables, y aquellos asuntos en los que existirá línea partidaria; estos acuerdos no eliminan las diferencias internas, pero permiten gestionarlas con mayor previsibilidad.
Esta misma lógica debe aplicarse entre fracciones: para avanzar, en la atención de los problemas públicos más urgentes, las jefaturas de cada bancada necesitan construir acuerdos mínimos que eviten episodios de parálisis legislativa, cada vez más frecuentes en periodos recientes.
Fortalecer la rendición de cuentas mediante la publicación de los acuerdos.
El Congreso del periodo 2018-2022 utilizó como instrumento de orientación un documento que sistematizaba los acuerdos de avance en la agenda de cada año legislativo -con las respectivas rúbricas de los liderazgos comprometidos-, dicho mecanismo generó un efecto positivo en términos de transparencia y previsibilidad. Retomar este ejercicio no solo facilita la coordinación interna, sino que también fortalece la confianza ciudadana y brinda certeza a los distintos actores sociales y económicos que interactúan con el proceso legislativo.
Vincular la creación de comisiones especiales a acuerdos sustantivos previos
La actual Asamblea Legislativa ha registrado actividad de 54 órganos legislativos en funcionamiento de los cuales 43 estuvieron activos al mismo tiempo y sólo 24 son permanentes. Este incremento representa más del doble de los espacios formales de discusión parlamentaria, sin que necesariamente se tradujera en mayor efectividad.
La proliferación de comisiones debe evaluarse con criterio estratégico, la creación de nuevos foros legislativos debería responder a acuerdos sustantivos previos y objetivos claros, evitando dispersar tanto recursos institucionales como esfuerzos políticos en instancias con impacto limitado, tal como fue la preocupación de las jefaturas de fracción desde el inicio del presente periodo constitucional.
Revisar el funcionamiento del artículo 80 del Reglamento Legislativo
La reforma integral del Reglamento de la Asamblea Legislativa tuvo propósitos loables, pero sus resultados ameritan evaluación. Actualmente es frecuente que proyectos sean dictaminados en comisión sin contar con acuerdos políticos suficientes, trasladando la fase de “maduración” o “descarte” al Plenario.
La evidencia se observa en el volumen de mociones que paralizan iniciativas relevantes: los dos proyectos sobre plataformas de transporte colaborativo (23.110 y 23.736) acumularon más de 240 y 260 mociones respectivamente; la propuesta de jornadas excepcionales superó las 2.500; y la reforma a la ley de radio registró más de 600.
El debate sustantivo debe resolverse en comisión, no trasladarse al Plenario. Dictaminar proyectos debería ser consecuencia de acuerdos políticos previos, no una apuesta a negociaciones futuras.
Aprovechar el conocimiento institucional existente
La Asamblea Legislativa cuenta con profesionales de carrera y asesores con amplia experiencia parlamentaria, por ello, integrar dicho conocimiento a los equipos de trabajo puede acelerar significativamente la curva de aprendizaje de las nuevas diputaciones.
Asimismo, iniciativas de formación como el programa de capacitación de la Incubadora de Liderazgos + CR dirigido a las y los 57 congresistas entrantes -de carácter no partidario- representan oportunidades valiosas para fortalecer capacidades técnicas desde el inicio del periodo.
La experiencia legislativa demuestra que el tiempo político es un recurso escaso y cada mes invertido en aprendizaje es un mes que el país deja de avanzar en la atención de sus problemas más urgentes.
De esta manera, la próxima Asamblea Legislativa tendrá que adaptarse con rapidez a un entorno institucional complejo, fragmentado y exigente; su capacidad para hacerlo no solo determinará la eficacia de su gestión, sino también el nivel de confianza ciudadana en la democracia representativa.
Justamente por eso, Costa Rica no tiene 18 meses.