Análisis comparativo de APREFLOFAS revela contrastes entre las propuestas ambientales de siete partidos políticos.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS) presentó una evaluación comparativa de los planes de gobierno de siete partidos políticos de cara a las elecciones nacionales de 2026, en la que analizó la solidez, profundidad y viabilidad de sus propuestas ambientales.
El estudio, elaborado en conjunto con la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica y Agenda Marina, profundizó en las propuestas del Frente Amplio (FA), Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Centro Democrático y Social, Partido Pueblo Soberano (PPSO) y Partido Avanza.
El análisis evaluó diez variables, entre ellas el abordaje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la ratificación del Acuerdo de Escazú, cambio climático, educación ambiental, gobernanza, protección de humedales y manglares, minería, exploración petrolera y tráfico de vida silvestre.
El FA obtuvo la calificación más alta del estudio (84 puntos), destacando por su “claridad conceptual y propuestas integrales en la mayoría de los criterios”, mientras que la CAC (76 puntos) mostró “fortalezas en cambio climático, gobernanza y sostenibilidad, aunque con debilidades en el abordaje del tráfico de vida silvestre”.
En un segundo bloque aparecen el PLN con 60 puntos, y el PUSC con 50. Ambos con desempeños intermedios y “marcadas inconsistencias entre el discurso ambiental y la viabilidad de sus propuestas”.
Más abajo se ubican el partido Centro Democrático y Social (44 puntos), el oficialista Partido Pueblo Soberano (31) y el partido Avanza (31), cuyos planes fueron calificados como “débiles en biodiversidad, minería y compromisos ambientales internacionales”.
APREFLOFAS advirtió que, pese a que la mayoría de partidos hace referencias generales a la sostenibilidad y a los ODS, persiste una falta de profundidad en temas críticos para la biodiversidad del país.
El informe recomienda fortalecer la educación ambiental, mejorar la claridad y coherencia de las propuestas, y abrir espacios de discusión pública que permitan elevar el nivel del debate ambiental en el proceso electoral, con miras a recuperar el liderazgo histórico de Costa Rica en esta materia.