Iniciativa plantea vetar aspiraciones electorales de personas con deudas superiores a diez salarios base sin arreglo de pago.
Un proyecto de ley presentado este miércoles 28 de enero en la Asamblea Legislativa propone prohibir la inscripción a cargos de elección popular de personas que mantengan deudas firmes y exigibles con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) superiores a diez salarios base y que no cuenten con un arreglo de pago vigente.
La iniciativa, que se tramitará bajo el expediente 25.386, plantea una reforma al artículo 148 del Código Electoral con el objetivo de impedir que personas con morosidad grave y sostenida con la seguridad social puedan aspirar a puestos de representación y toma de decisiones públicas, al considerar que esa condición afecta directamente a la institucionalidad de la CCSS.
Según la propuesta, el financiamiento de la seguridad social constituye uno de los pilares del Estado social de derecho y descansa en un pacto solidario entre el Estado, las personas trabajadoras y los patronos. En ese contexto, el proyecto sostiene que quienes aspiren a cargos en el Poder Ejecutivo o Legislativo asumen una responsabilidad ética reforzada frente a la ciudadanía.
La jefa de fracción del Frente Amplio, Rocío Alfaro Molina, señaló que la discusión surge a partir de la existencia de candidaturas con altas deudas con la CCSS que, a su criterio, no responden a falta de recursos.
Es un debate abierto en la ciudadanía a partir de la existencia de candidaturas que son grandes deudores de la CCSS, que no lo son por falta de recursos, sino por falta de compromiso con el principio de solidaridad que sustenta la seguridad social, pues son trabajadores independientes de altos ingresos".
El texto establece un umbral objetivo de deuda equivalente a diez salarios base (4.622.000 colones a este 2026) y reconoce como válidos los arreglos de pago vigentes, con el fin de diferenciar entre morosidad estructural y situaciones transitorias, como las que pueden enfrentar personas trabajadoras independientes, aseguradas voluntarias o personas en condición de desempleo.
La reforma aclara que la medida no busca sancionar la pobreza, la informalidad ni el desempleo, sino impedir que personas con incumplimientos significativos de sus obligaciones con la CCSS accedan a cargos de elección popular.
El proyecto fue elaborado de manera conjunta entre el despacho de la diputada Alfaro y el Movimiento en Defensa de la Caja, que agrupa a distintas organizaciones vinculadas a la defensa de la salud pública y de la seguridad social.