"Ya sea desde la presidencia, o desde la fracción legislativa, estamos comprometidos con poner el tema de la minería en la palestra”, con estas palabra el candidato presidencial Fabricio Alvarado del partido Nueva República, expresó su preocupación por el tema de la minería ilegal en el país, uno de los puntos que sostuvo durante la reunión con miembros de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica, como parte de las conversatorios que mantiene la institución con los candidatos presidenciales 2026, donde intercambiaron criterios técnicos y de política pública en torno a la situación del proyecto minero en la zona de Crucitas.
El presidente del CGCR, Néstor Chamorro; el director ejecutivo, Giorgio Murillo; el fiscal, Diego Guadamuz; y la geóloga e integrante de la Junta Directiva, Gabriela Calvo, expusieron la importancia de abordar este tema desde una base técnica, científica y responsable.
Durante el encuentro, el candidato Fabricio Alvarado manifestó la necesidad de “formalizar la situación con un equilibrio social, económico y ambiental”, subrayando que cualquier decisión debe considerar de manera integral estos tres pilares del desarrollo sostenible. Asimismo, expresó que, desde su perspectiva, “debe ser una empresa privada la que desarrolle el proyecto, en acuerdo con el Estado, y que las ganancias queden en el Estado”.
El candidato también coincidió en la relevancia de avanzar en el conocimiento técnico del área, señalando que “los estudios deben hacerse ya; mientras no existan, no podemos saber como Estado, qué podemos plantear”, resaltando así la urgencia de contar con información científica que permita una toma de decisiones informada.
Alvarado, aseguró que estos encuentros con el CGCR eran necesarios ya que la institución es el referente técnico en ese y muchos temas de interés país, y considera que se debe mantener una participación activa en proyectos y políticas públicas que beneficien a Costa Rica.
El Colegio de Geólogos reiteró su disposición de aportar criterio técnico especializado y de participar en espacios de diálogo que permitan analizar, con rigor y responsabilidad, las distintas alternativas para la atención de la problemática en Crucitas, siempre en resguardo del interés público y del país.