Señor presidente, dé el ejemplo: infringe la ley quien hurta, quien asesina, pero también quien la desobedece. Nuestro deber como ciudadanos es defender a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y asegurar que reciba los recursos que por ley le corresponden, para que esta institución octogenaria continúe sirviendo a Costa Rica.

El artículo 177 de la Constitución Política establece:

Para lograr la universalización de los seguros sociales y garantizar cumplidamente el pago de la contribución del Estado como tal y como patrono, se crearán a favor de la Caja Costarricense de Seguro Social rentas suficientes y calculadas en tal forma que cubran las necesidades actuales y futuras de la Institución. Si se produjere un déficit por insuficiencia de esas rentas, el Estado lo asumirá, para lo cual el Poder Ejecutivo deberá incluir en su próximo proyecto de Presupuesto la partida respectiva que le determine como necesaria la citada Institución para cubrir la totalidad de las cuotas del Estado.”

En este contexto, el Estado debe asumir el financiamiento del aseguramiento y la atención de poblaciones vulnerables. Además, si la CCSS cierra el año con déficit, es deber del Ejecutivo presupuestar el pago correspondiente necesario en el siguiente periodo.

Aunque para la estimación de la deuda interna se considera únicamente la deuda conciliada con el Ministerio de Hacienda, aquí nos referimos al registro contable de la CCSS, según datos de su Dirección Financiero Contable.

Al cierre del año 2024, el Estado adeudaba a la CCSS ₡4,2 billones, un monto equivalente a 8 meses del presupuesto de la institución para el 2025. En otras palabras, si el Estado cancelara esa deuda (que creció un 70% entre 2021 y 2024, en 2021 la deuda era de ₡2,5 billones), la CCSS podría operar por ocho meses sin ingresos adicionales. En dólares, la deuda total al terminar 2024 fue de USD 8,4 mil millones.

Para dimensionar esta cifra, la deuda del Estado con la Caja equivale a:

  • La pensión mínima de ₡101.220 por 10 años a 345 403 personas.
  • La construcción de 5.594 EBAIS.
  • La construcción de 21 hospitales como el diseñado para Cartago.

La relación deuda CCSS/PIB también se ha deteriorado: era de 6,12% en 2021 y alcanzó 8,54% en 2024.

Veamos algunos de los principales incumplimientos legales que explican el crecimiento de esta deuda en el período 2021 a 2024:

Ley 7739 - Código de la Niñez y Adolescencia (1994)

  • Artículo 42: El Estado debe financiar el aseguramiento de personas menores de edad no cubiertas por otros regímenes.
  • Deuda en 2021: ₡552.894 millones
  • Deuda en 2024: ₡978.118 millones (+77%)
  • Representa el 24,6% del aumento de la deuda total entre 2021 y 2024.

Ley 7374 - Préstamo BID para infraestructura en salud (1994)

  • La cláusula 6.09 obliga al Estado a transferir recursos a la CCSS para cubrir los costos operativos de centros de salud financiados por el préstamo.
  • Deuda en 2021: ₡528.460 millones
  • Deuda en 2024: ₡638.726 millones
  • Representa el 6,38% del aumento de la deuda.

Ley 9028 - Ley General de Control del Tabaco (2012)

  • Artículo 22: El 55% del impuesto sobre el tabaco debe destinarse a la CCSS.
  • Deuda en 2021: ₡204 millones
  • Deuda en 2024: ₡65.432 millones
  • Representa el 3,77% del incremento en la deuda.

Ley 10066 - Regulación de dispositivos electrónicos de nicotina (2022)

  • Artículos 8 y 12: El impuesto recaudado debe ser girado mensualmente a la CCSS para compra de medicamentos de alto impacto.
  • Deuda acumulada entre 2022 y 2024: ₡1.192 millones
  • Representa el 0,07% del aumento total de la deuda.

Ley 8101 - Ley de Paternidad Responsable (2001)

  • Artículo 7: El Estado debe girar hasta ₡1.000 millones anuales para pruebas genéticas.
  • Deuda en 2021: ₡0
  • Deuda en 2024: ₡290 millones
  • Representa el 0,02% del incremento.

Como ciudadanos, debemos acatar la ley. El Estado no está exento de esa obligación. La deuda con la CCSS no solo es cuantiosa, sino que refleja el incumplimiento sistemático de leyes vigentes. El Poder Ejecutivo debe cumplir con su responsabilidad legal, presupuestaria y ética.

Señor presidente, cumpla con la ley. Costa Rica y la CCSS lo necesitan.

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