Partes se reunieron este miércoles para buscar alternativas a la situación que vive el cantón cartaginés.
La Municipalidad de Paraíso, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y la Defensoría de los Habitantes acordaron este miércoles abrir una mesa de trabajo conjunta para buscar soluciones al conflicto por las tarifas de suministro de agua cruda, que genera tensiones en el cantón cartaginés.
La decisión se tomó tras una reunión de negociación convocada por el diputado frenteamplista Antonio Ortega Gutiérrez que se realizó en la Asamblea Legislativa. Este espacio contó con participación de la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert; el Viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes Requeno; el Presidente Ejecutivo AyA, Juan Manuel Quesada Espinoza; el alcalde de Paraíso,Michael Álvarez Quirós; y los diputados Alejandro Pacheco Castro, Paola Najéra y Johanna Obando Bonilla.
El acuerdo establece que tanto la municipalidad como el AyA revisarán en conjunto las mediciones y el cálculo de la factura del mes de abril, con el fin de aclarar los cobros y sentar bases para los próximos recibos.
En paralelo, se instó a la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) a resolver la apelación en subsidio interpuesta por las municipalidades de Paraíso y Cartago respecto a la fijación tarifaria vigente, que actualmente obliga al AyA a realizar esos cobros.
Asimismo, el AyA solicitó formalmente a la Aresep una revisión de las tarifas aplicadas para el suministro de agua en distintos escenarios, mientras que la Municipalidad de Paraíso pidió que se realice un estudio individualizado sobre su caso particular.
Las diputaciones de la provincia de Cartago respaldaron los acuerdos suscritos y se comprometieron a dar seguimiento al proceso en representación de la comunidad afectada. El comunicado conjunto destacó la importancia de mantener un “diálogo abierto, transparente y asertivo”, así como una comunicación institucional responsable y respetuosa entre las partes involucradas.
El espacio se realizó luego de que AyA informara que dejaría sin agua al cantón cartaginés por falta de pago de parte del gobierno local a partir de este 4 de junio.
La semana anterior el AyA informó que el municipio mantiene una deuda por encima de ₡3418 millones, por agua suministrada desde 1997. Aunque ese monto se encuentra temporalmente suspendido por una resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, la municipalidad también adeuda ₡46.985.022 correspondientes al mes de mayo de este año, cuyo plazo de pago venció el pasado 20 de mayo.
En medio de la amenaza de cortar el suministro, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar que impide suspender el servicio, mientras se resuelve de forma definitiva un recurso de amparo interpuesto por una persona vecina de la comunidad.
