Diputaciones de la Asamblea Legislativa cuestionaron este miércoles la actuación del alcalde de Golfito, Freiner Lara Blanco, por los recientes desalojos en Playa Pavones, en el sur de la provincia de Puntarenas, que iniciaron el pasado lunes. 

Según el abogado Wálter Brenes Soto, los desalojos se basan en un plan regulador que no refleja la realidad actual del trazado vial, por lo que las viviendas no invaden calles públicas como alega el gobierno local. Además, denunció deficiencias administrativas dentro del Concejo Municipal y la negativa a entregar información sobre el Plan Regulador Integral, pese a un recurso de amparo vigente.

La municipalidad, por su parte, defendió las acciones afirmando que solo se demolieron tres estructuras y cercas ubicadas en la Zona Marítimo Terrestre que invadían el derecho de vía. Según justificaron, las edificaciones no contaban con permisos ni concesiones vigentes.

El gobierno local informó que las demoliciones forman parte de un proyecto de mejora vial que incluye 3.8 kilómetros de asfaltado, cunetas y señalización. Según indicaron, también realizaron censos y coordinación interinstitucional para atender casos de vulnerabilidad social, a fin de brindar acompañamiento a las familias afectadas por las medidas.

¿Qué dijeron los diputados?

El diputado del Partido Nueva República, David Segura Gamboa, lanzó una dura crítica contra el alcalde a quien acusó de cometer “actos de corrupción” y “abuso de poder” por ordenar la demolición de al menos 15 estructuras comerciales en la comunidad costera de Pavones.

Según el legislador, estas acciones se ejecutan con base en un plan regulador desactualizado y sin sustento técnico, lo que califica como un “atropello” contra familias con derechos adquiridos.

Segura Gamboa pidió a la Fiscalía General abrir una investigación para determinar si existe una relación indebida entre la municipalidad y la empresa constructora encargada de las demoliciones.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles Barrantes, cuestionó el actuar del municipio al considerar que no se respetaron los procedimientos legales establecidos. Según denunció, mientras se remueven construcciones de familias que habitan la zona desde hace décadas, otras edificaciones vinculadas a intereses externos permanecen intactas.

Robles advirtió que podría tratarse de un intento de gentrificación promovido con el aval de autoridades locales. “Detrás de esto pareciera estar la lógica de una marina privada que quiere apropiarse de distintos espacios en la zona”, afirmó, aludiendo directamente al Enjoy Group y a su representante Rubén Pacheco Lutz, a quienes acusó de anteponer sus negocios a los derechos de las comunidades.

Dato D+: Desde Enjoy Grupo señalaron que la empresa "no mantiene ningún vínculo ni participación en los hechos que se están presentando en la zona de Pavones, Puntarenas".

El legislador advirtió que este patrón se está replicando en otras zonas costeras del país y llamó a prestar atención a lo que calificó como una “grave amenaza para las comunidades locales”. Robles Barrantes interpuso un recurso de amparo y solicitó una medida cautelar urgente para detener las demoliciones y someterlas a revisión legal.

La diputada liberacionista, Sonia Rojas Méndez, presentó una moción para convocar al alcalde de Golfito ante la Comisión Especial de Puntarenas, con el fin de que rinda cuentas por los recientes desalojos.

Según la legisladora, estas acciones dejan a varias familias en condición de vulnerabilidad y se llevaron a cabo sin ofrecer garantías ni alternativas a las personas afectadas.

Presentan recurso de amparo

Este 28 de mayo, el abogado Brenes Soto presentó recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra la municipalidad golfiteña, en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de Río Claro de Pavones.

Según expone el recurso, los planes reguladores costeros aplicables en esa zona, incluyendo las secciones A, B y C, así como la Bahía Pavón y las quebradas El Macho y El Higo, carecen de la debida incorporación de la variable ambiental, un requisito obligatorio según la legislación y la jurisprudencia vigente.

La omisión de este componente, esencial para asegurar la sostenibilidad y la resiliencia del territorio, no solo representa una falta técnica, sino una violación sustantiva al derecho constitucional a un ambiente sano, protegido por el artículo 50 de la Carta Magna, compartió el abogado.

Como respaldo a su reclamo, la asociación presentó el 26 de mayo una solicitud formal ante el municipio para que se proceda con la incorporación de la variable ambiental en los planes reguladores. La petición se basa en el Decreto Ejecutivo N.º 44710 y en precedentes del propio tribunal constitucional, los cuales exigen que toda planificación territorial integre de forma expresa criterios ambientales, especialmente en zonas de alto valor ecológico como las costeras.

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Esta noticia fue redactada por el periodista Alonso Martínez. El resto de secciones las redactó el periodista Luis Madrigal.

Breves

— Este miércoles continuó el debate por el fondo de la propuesta de reforma constitucional para prohibir la doble postulación para presidente de la república y diputados de la Asamblea Legislativa. Dado que aún quedan oradores pendientes de hacer uso de la palabra, la votación de admisibilidad de esta reforma no pudo realizarse.

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Relaciones Internacionales dictaminó afirmativamente el expediente 24.791 "Aprobación del Tratado de Extradición entre la República de Costa Rica y la República Oriental del Uruguay".

Leyes publicadas

En el Alcance N.º 68 a La Gaceta N.º 96 del miércoles 28 de mayo de 2025 se publicó y entró a regir la siguiente ley:

— Ley 10.730 "Reforma al Artículo 32 de la Constitución Política de la República de Costa Rica para permitir la extradición de nacionales", que se tramitó bajo el expediente 23.701. Esta iniciativa se aprobó en tercer debate de segunda legislatura el 15 de mayo de 2025, por lo que transcurrieron 13 días para que se publicara en el diario oficial.