Iniciativa impulsada por el diputado Eli Feinzaig, propone eliminar el pago por el uso de música en comercios.

Este jueves 3 de abril se llevó a cabo una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa, donde representantes de organizaciones nacionales e internacionales que agrupan a compositores, intérpretes, ejecutantes y productoras musicales manifestaron su firme oposición al proyecto de ley 23.702, que se discute actualmente en el Poder Legislativo.

Impulsado por el diputado Eli Feinzaig, el proyecto —titulado “Alivio de costos para los establecimientos comerciales”— se encuentra en discusión en la Comisión de Asuntos Económicos. Su propuesta plantea eliminar por completo el pago de licencias por el uso de música en espacios comerciales de todo el país.

Adriana Restrepo, Directora Regional de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), advirtió que el proyecto representa un grave retroceso para los derechos de los creadores, poniendo en riesgo el sustento de miles de personas que viven de la música. Desde su perspectiva, eliminar las licencias musicales en comercios significa desvalorizar una industria que no solo aporta al tejido cultural, sino también a la economía nacional. Para Restrepo, es inaceptable que se intente aliviar la carga económica de algunos sectores desvalorizando el trabajo de otros:

Es absurdo que un restaurante pague por el licor y la comida, pero no por la música que forma parte de la cadena de valor de su negocio.”

Luis Cobos, compositor y presidente de la Federación Iberolatinoamericana de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (FILAIE), destacó que Costa Rica ha suscrito convenios internacionales que garantizan la protección de los derechos de autor desde hace más de tres décadas. Según explicó, estos acuerdos permiten a las organizaciones de gestión colectiva recaudar ingresos por el uso de obras musicales y distribuirlos entre quienes las crean, interpretan y producen.

Así mismo, el Director General de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), Gadi Orón, advirtió que la aprobación del proyecto expondría a Costa Rica a sanciones internacionales en la Organización Mundial del Comercio. Según señaló, la iniciativa no solo contradice acuerdos legales vigentes a nivel global, sino que también representa un golpe moral al valor del trabajo artístico:

Además de lo legal, hay un asunto moral: lo que se recauda por el uso de la música es el principal ingreso de la mayoría de compositores y autores. Se puede decir que es el salario del artista, y proyectos como este les dejarían sin esos ingresos.”

Las entidades nacionales de gestión colectiva, entre ellas ACAM, AIE y Fonotica, también se presentaron a la conferencia de prensa y se sumaron al rechazo del proyecto, pidiendo a los diputados y diputadas que archiven la iniciativa. Edín Solís, presidente de ACAM, enfatizó la necesidad de equilibrio entre los sectores comerciales y creativos:

Les estamos diciendo a los diputados que analicen muy bien lo que están haciendo, porque están favoreciendo a los centros comerciales quitándole los derechos a los creadores de la música. Todos hacemos trabajo importante; el de los artistas es tan valioso como el de quien tiene una soda o un restaurante.”

Desde otros países también llegaron voces de apoyo. Representantes internacionales compartieron ejemplos de legislaciones en lugares como Chile y Brasil, donde se protege activamente al sector musical y se promueve el consumo de música nacional como parte del desarrollo cultural y económico.