Críticas internacionales pusieron presión sobre gobiernos de Costa Rica y Panamá.
El gobierno panameño aprobó un decreto que otorga residencia temporal y permiso de trabajo a extranjeros en condición irregular.
La medida llega después de que medios internacionales y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos criticaron el trato que Costa Rica y Panamá han dado a los migrantes expulsados por Estados Unidos y enviados a ambos países centroamericanos.
“Panamá no puede terminar transformándose en un agujero negro para migrantes deportados”, dijo días atrás Juan Pappier, director adjunto de Human Rights Watch para América.
Tanto Costa Rica y Panamá han negado hasta ahora el acceso a la prensa a las instalaciones donde están retenidos los migrantes. Panamá había invitado a reporteros al Darién la semana pasada, pero canceló la visita.
El pasado sábado 8 de marzo Panamá liberó a los 112 migrantes deportados de Estados Unidos que fueron detenidos en una estación migratoria en la zona selvática del Tapón del Darién.
Inicialmente el país les concedió un permiso humanitario por 30 días hasta gestionar el traslado de vuelta a su país de origen, con la posibilidad de una prórroga de hasta 90 días.
Sin embargo, este martes 11 de marzo el gobierno de Panamá promulgó el Decreto Ejecutivo N°6 de 2025, mediante el cual crea el Permiso de Protección de Seguridad Humanitaria, un mecanismo que permitirá a migrantes en situación irregular acceder a residencia temporal y un permiso de trabajo.
La nueva medida establece que podrán optar por este permiso quienes hayan residido en el país por al menos un año sin salir más de 60 días consecutivos. También deberán cumplir con requisitos como no tener antecedentes penales, contar con un domicilio registrado y pagar hasta 1,150 dólares en trámites administrativos. El permiso tendrá una duración de dos años, con posibilidad de prórroga por seis años adicionales y eventual residencia permanente.
Según el gobierno panameño, la decisión responde a una estrategia para mantener el orden migratorio, garantizar los derechos de los migrantes en situación de vulnerabilidad y evitar el crecimiento de la informalidad laboral.
