Cuando empezó la disolución de la Cooperativa, se anunció que el 97% de los ahorrantes- 169.000 personas, recibirían el 100% de sus ahorros.  El otro 3% lo representan, entre otros, más de 200 asociaciones solidaristas, es decir, al menos 140 mil trabajadores afiliados, cuyas pérdidas se estiman cerca del 50% de su inversión.

Ante esa cantidad de trabajadores afectados, uno esperaría que se hubieran implementado medidas que aseguraran la mayor recuperación en el menor tiempo posible y la sanción de los responsables.  Pero no fue así.

En medio de la incertidumbre, los fondos congelados y la desesperación, algunas asociaciones afectadas accedieron a pagar sumas millonarias por los mismos servicios que el Ministerio Público ofrece de gratis; sin considerar que una eventual sentencia penal además de tomar mucho tiempo, no asegura la recuperación del dinero.

Estamos ante un caso penal tan complejo, que es posible que demore mucho más que, por ejemplo, el caso conocido como Cementazo,  que después de siete años de investigación, recién iniciará este año la audiencia preliminar propia del proceso penal. Y aun cuando haya sentencias condenatorias, es altamente probable que los responsables no tengan activos para responder por sus acciones.

La regulación se atrincheró defendiendo lo actuado. Una y otra vez repitieron que se hizo lo posible y lo correcto. Compartieron sus resoluciones, pero no las hojas de trabajo o la lógica detrás de sus decisiones.  Incluso afirmaron que,  al momento  de tomar una decisión de invertir, la regulación no es garantía de nada.

Algunos afectados optaron por interponer acciones judiciales para acelerar sus casos individuales. No consideraron que, de prosperar, podrían detener o atrasar el proceso y la posibilidad de recuperación de todos los demás, con el deterioro de la cartera restante en perjuicio de todos.

Se estima  que la pérdida materializada del caso Coopeservidores asciende a 80 millones de dólares.  El patrimonio de 187 millones de dólares de la Cooperativa, se esfumó .  Como referencia, al momento de la intervención, en el caso Aldesa la pérdida era de 25 millones de dólares y se afectó a 600 inversionistas.

Cooperservidores es una debacle de efecto retardado que se evidenciará poco a poco en casos muy específicos:

  • Cuando un asociado termine su relación laboral y el patrono se entere que su aporte de cesantía, se perdió.
  • Cuando un asociado caiga en cuenta que su ahorro de años, tanto de la contribución obrera como en los diferentes programas de ahorro, se perdió y que no es posible identificar a un responsable, ni recuperar nada.
  • Cuando en las asambleas anuales de las asociaciones solidaristas se les informe a trabajadores que no hay excedentes este año, y probablemente tampoco los habrá por varios años más.
  • Cuando un inversionista se dé cuenta que fue afortunado de recuperar casi un 50% del ahorro de toda su vida, pero que lo recuperado no le alcanza para vivir su vejez sin aprietos económicos o atender las condiciones de salud que vienen con los años.
  • Cuando concluyan los casos penales, por prescripción, por errores procesales o con condenas de cárcel a personas que no tienen bienes que permitan algún nivel de recuperación.
  • Cuando las asociaciones no cuenten con los fondos para implementar sus programas, esos los que mejoran las condiciones de todos sus afiliados y aumentan sus excedentes.
  • Cuando un trabajador se pensione y se entere que su operadora o fondo de pensiones tenía inversiones en la cooperativa (como ocurre en el caso Desyfin), y que parte importante de su futuro se perdió.
  • Cuando un inversionista que ya tenía resuelta su vida con sus ahorros y vivía del pago de los intereses, deja de recibirlos de un día a otro. Se queda sin liquidez para cubrir sus necesidades básicas: casa, comida, medicamentos y encima, pierde el 50% de su inversión.

Sabemos que se otorgaron 7000 créditos sin intereses y algunos, con un plazo de 52 años un crédito que probablemente vivirá más que el acreedor.  Sabemos que se tramitaron y aprobaron créditos ficticios usando los nombres de personas privadas de libertad.  ¿A dónde está ese dinero? ¿Será siquiera posible rastrearlo? Sabemos que se maquillaron los estados financieros.  ¿Quién lo hizo? ¿Por orden de quién? ¿Fue Fuenteovejuna? ¿Era posible detectar esto antes de la intervención?

Cada tragedia personal pasará desapercibida para la prensa y para las autoridades, pero no para quien la padezca. Para la víctima, esto ocupará el marco de su conciencia, porque, después de todo, el que nunca olvida, es el olvidado.

Un crimen perfecto. En perjuicio de las personas más vulnerables. ¿Impune?

¿Para qué jaguares sin justicia?

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