Además, ente defensor elevará el asunto ante la Contraloría con el fin de determinar si existe mérito para continuar con la investigación.

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación con el fin de atender las disconformidades que reclaman los usuarios de los servicios que actualmente brinda el concesionario de Puerto Caldera.

El ente defensor señaló que la Contraloría General de la República (CGR), en su informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021, advirtió sobre la falta de controles en cuanto a los montos invertidos en mantenimiento de la infraestructura y equipos del puerto. La Defensoría indicó que esto ha generado un impacto directo sobre el servicio brindado y tendrá efectos de cara a la terminación del contrato en 2026 y las obligaciones contractuales al momento de entrega de dichos bienes y equipos, por parte del concesionario.

Además, agregó que "en el marco de las diferencias de criterio que se suscitan entre el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico  (INCOP) y la Contraloría General de la República, en torno a los montos de mantenimiento al momento de la finalización de la concesión, el INCOP suscribe en solitario un Acuerdo Conciliatorio, del cual quedó demostrado que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) nunca estuvo en conocimiento, a pesar de que es una competencia propia de la Administración Concedente y no única del INCOP, dados los efectos en la recepción final de los bienes y equipos, que actualmente administra. Adicionalmente, del texto del Acuerdo se determinaron roces con las competencias de la ARESEP en materia de tarifas, que nunca fueron analizadas".

La Defensoría enfatizó en la necesidad de diferenciar con precisión las funciones del INCOP y la Administración Concedente. Según el ente defensor, para efectos jurídicos, esta distinción va más allá de una “mera coordinación”, como han señalado autoridades del INCOP y el MOPT.

Este señalamiento cobra aún mayor relevancia en el marco del proceso de licitación Mayor No. 2024-LY-CAL-000001-INCOP, con el fin de evitar futuros inconvenientes como las evidenciadas por la CGR y en donde de conformidad con el mismo documento de licitación, contará con una Administración Concedente conformada por el Poder Ejecutivo, entendido este por el presidente de la República, el ministro de Obras Públicas y Transportes, el ministro de Hacienda y pese a que el documento señale que estarán representados por el INCOP, el ente defensor recordó que "la delegación no transfiere responsabilidad".

En diciembre anterior, la Defensoría de los Habitantes instó al MOPT a establecer una normativa clara que establezca los criterios de competencia, como sucede con el caso de la Terminal de Puertos de APM, en lo que la propia CGR ha denominado “Administración Concedente Compleja”. Sin embargo, la posición fue rechazada por parte del entonces jerarca del MOPT, Mauricio Batalla, al reiterar “las actuaciones son atinentes y corresponden exclusivamente al INCOP” .

Finalmente, el ente defensor concluyó indicando:

Ante el rechazo de las solicitudes planteadas tanto al MOPT como al INCOP, corresponde elevar el presente asunto ante el órgano competente y dado que la investigación se enmarcó en el ámbito de la Contratación Administrativa, corresponderá a la Contraloría General de la República determinar si existe mérito para continuar con la investigación, todo ello al amparo del proceso de seguimiento del informe N° DFOE-CIU-IF-00008-2021 y las posiciones expuestas por esta Defensoría en la presente investigación".