El proyecto crea un impuesto electoral que será descontado por el Ministerio de Hacienda al momento de asignar los fondos necesarios para atender la deuda política.

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, con la firma de respaldo de su bancada, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.869) que pretende que los partidos políticos puedan pagar contratos de servicios especiales y arrendamientos de vehículos o bienes inmuebles sin necesidad de utilizar facturas autorizadas por el Ministerio de Hacienda.

El proyecto propone exonerar los bienes y servicios que los partidos políticos adquieran para los procesos electorales, nacionales y municipales, así como sus gastos permanentes, del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y en su lugar sustituirlo por un impuesto electoral del 13%.

El proyecto señala que para los bienes y servicios que sean adquiridos sin factura, deberán entregar un comprobante según las formalidades que establezca el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y especifica que la excepción de presentar factura se aplicará para cuando dichos contratos se pacten durante el plazo que el TSE defina para liquidar gastos de campaña.

Adicionalmente, el proyecto establece que, para los contratos de servicios especiales, sea con factura o no, el monto del contrato no podrá exceder el salario mínimo legal de trabajador no calificado, según lo defina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mientras que, para los contratos de arrendamiento el TSE definirá los montos máximos.

La exposición de motivos justifica esta medida señalando que “en algunos casos los proveedores de estos bienes y servicios no están inscritos ante Hacienda, pues se trata de ciudadanos que desean trabajar para los partidos durante el proceso democrático electoral, para lo cual se propone la entrega de comprobantes según las disposiciones que al efecto establezca el Tribunal Supremo de Elecciones, sin demérito de que aquellos que sí están inscritos, deben presentar sus facturas con la exoneración señalada”.

Adicionalmente, el proyecto establece que el impuesto electoral será descontado por el Ministerio de Hacienda al momento de asignar los fondos necesarios para atender la deuda política, una vez que esté definido el monto final que les corresponda, con el objetivo de simplificar el proceso administrativo y reducir la carga financiera y operativa para los partidos. Debido a esto, los bienes y servicios que adquieran los partidos políticos que no tengan derecho a deuda política, en la práctica, quedarían exentos del impuesto electoral propuesto.

El proyecto presentado ahora deberá asignarse a una comisión legislativa para que inicie su trámite correspondiente. Por tratarse de un tema electoral, si el TSE se manifiesta en contra del texto para su aprobación se requerirían 38 votos para su aprobación y no podría votarse después del 1 de agosto de este año, para que aplique a la campaña 2026.