La Federación Costarricense de Taekwondo (FCT) celebró el 6 de febrero una Asamblea Extraordinaria en la que se eligió una Junta Directiva AH DOC con el único propósito de investigar las denuncias presentadas contra la federación.

La nueva junta tiene la tarea de nombrar un investigador, que puede ser una persona o un comité de tres integrantes, para analizar las denuncias y emitir recomendaciones sobre posibles sanciones o absoluciones.

La elección de la junta investigadora se realizó con la participación del 75% de los asociados con derecho a voto. La actual junta directiva de la FCT mantiene sus funciones sin cambios.

Los miembros elegidos son:

  • Presidenta: Fernanda Calvo, licenciada en Educación, administradora de empresas y contadora.
  • Vicepresidente: Rafael Rodríguez, agente de ventas.
  • Secretaria: Andrea Romero, empresaria.
  • Vocales: Jessica Garro (abogada y notaria), Ronny López (ingeniero en sistemas y empresario), Katherine Bragueros (estudiante de derecho) y Ronald Chacón (entrenador).

La conformación de esta junta investigadora ocurre en medio de una crisis en la FCT, luego de que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) recibiera denuncias por presunto abuso y hostigamiento sexual dentro de la federación.

Como parte del proceso, el Ministerio del Deporte solicitó la renuncia del presidente de la FCT, Wilmar Alvarado Castillo, para garantizar una investigación transparente. Alvarado rechazó la solicitud, defendió su gestión y aseguró que la federación ha actuado con transparencia y sancionado casos previos.

Alvarado también criticó al ICODER por lo que considera un trato desigual, señalando que en otras federaciones no se ha exigido la renuncia de dirigentes en situaciones similares.

La Federación Mundial de Taekwondo (WT) impuso una suspensión preliminar a la FCT, lo que obliga a los atletas costarricenses a competir bajo bandera neutral en torneos internacionales mientras se resuelve la investigación.

El ICODER reafirmó su compromiso con la transparencia y la protección de las víctimas, destinando recursos para brindar apoyo psicológico y legal a los afectados. También ha reforzado medidas preventivas, exigiendo a todas las federaciones la implementación de reglamentos internos contra el acoso como requisito para recibir financiamiento público.

La FCT asegura que colaborará con la investigación y espera que la junta AH DOC permita esclarecer los hechos y determinar las acciones a seguir en los próximos meses.